El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, diputado Jesús Sesma Suárez, se pronunció a favor del derecho a la libertad de expresión y libre manifestación, sin embargo, condenó las agresiones y actos vandálicos ocurridos en el Centro Histórico de la CDMX el sábado pasado durante la movilización convocada por la Generación Z.
El legislador del Partido Verde dijo estar a favor de la paz, el respeto a los derechos humanos, las libertades y a pensar distinto, “es precisamente por ello que quiero invitar a la reflexión en cuanto al modo en que protestamos y debatimos, porque defender una causa no justifica convertir las calles o las redes sociales en un altavoz de odio, por ello lamento y expreso mi total rechazo a los presuntos abusos de los cuerpos policiales de la capital del país, como la violencia de algunas de las personas que acudieron a manifestarse el sábado pasado”.
El congresista de la bancada ecologista del Congreso CDMX, aseguró que la capital del país tiene la mejor policía de México por lo que hizo un llamado a que los elementos de seguridad no caigan en provocaciones por parte de los manifestantes.
También celebró la actuación del jefe de la Policía de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho quien afirmó que no se tolerará ningún acto contrario a los protocolos de actuación policial, así como a los principios que rigen a su institución, luego de que el sábado 15 de noviembre se identificaron 18 incidentes potencialmente constitutivos de violaciones al protocolo.
Sesma Suárez dijo estar convencido que gobierno y ciudadanos pueden lograr que en México la defensa de ideales no fracture la convivencia, ni ponga en riesgo a ninguna comunidad, persona o sector de la población.
El diputado Jesús Sesma reiteró que, si bien, “todas las personas tenemos derecho a manifestarnos y protestar, debemos hacerlo con responsabilidad, cuidando nuestras palabras y el mensaje que queremos dar para no generar violencia. La frontera entre las palabras de odio y la agresión es muy delgada y se está comenzando a rebasar. Debemos parar”.
“Podemos no coincidir, o no compartir las mismas ideas y visión, pero eso no debe ser motivo de agresión, sino una aportunidad para encontrar y construir una forma de caminar juntos y unidos por una mejor Ciudad de México, un mejor país y un mejor lugar para vivir”, concluyó el legislador del PVEM, Jesús Sesma.
- Además de las situaciones médicas ocasionadas por el embarazo y el parto, las mujeres pueden sufrir diversas dolencias ginecológicas que se presentan en diferentes etapas del ciclo de vida.
Con la finalidad de ampliar el enfoque de salud hacía las mujeres, evitando que la atención ginecológica se limite sólo al embarazo, parto y puerperio, las y los senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa que busca, entre otras cosas, que se reconozca la atención ginecológica integral en todas las etapas de la vida de la mujer, como un objetivo del Sistema Nacional de Salud.
La propuesta presentada por los senadores ecologistas pretende también establecer que la atención ginecológica sea considerada como un servicio básico de salud; emprender acciones de promoción, prevención, atención en ginecología integral, que abarquen más allá del embarazo y el puerperio; coordinar los servicios en materia de planificación familiar con la atención ginecológica integral, a fin de garantizar acciones de prevención, diagnóstico y acompañamiento que fortalezcan el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en todas las etapas de su vida.
Reconocieron que pese a los avances obtenidos en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, aún enfrentan brechas estructurales que limitan su pleno desarrollo, particularmente en el acceso a servicios de salud, en donde se enfrentan a discriminación, violencia, desigualdades socioeconómicas y factores biológicos específicos de su sexo.
Señalaron que según la Organización Mundial de la salud (OMS), cada año más de 500 mil mujeres fallecen por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y la salud reproductiva, por lo que aseguraron que la atención ginecológica integral surge como un tema de especial relevancia en la agenda internacional de salud.
Dijeron que además de las situaciones médicas ocasionadas por el embarazo y el parto, las mujeres pueden sufrir diversas dolencias ginecológicas que se presentan en diferentes etapas del ciclo de vida, como la dismenorrea, el síndrome premenstrual, las hemorragias disfuncionales, el dolor pélvico, la endometriosis, los quistes de ovario, el síndrome de ovario poliquístico, los miomas, la displasia cervical, las infecciones por el virus de papiloma humano (VPH), la incontinencia urinaria y el prolapso genital.
Señalaron que en ocasiones las patologías antes mencionadas no dan sintomatología, por lo que los especialistas recomiendan acudir al ginecólogo de forma rutinaria, sin embargo, a menudo las mujeres no realizan esta práctica debido a problemas como el miedo, tabú, la falta de recursos, el acceso limitado a servicios de salud y la falta de información, además de que no se ha incentivado la cultura de la prevención, lo que provoca que la búsqueda de especialista médicos sea cuando ya una enfermedad está avanzada.
Destacaron que el sistema mexicano prioriza sus esfuerzos en temas de concepción, prevención de embarazos en niñas, y adolescentes y en atención integral en la salud materno y perinatal, por lo que subrayaron que el acceso y la calidad de la atención ginecológica y obstétrica siguen siendo un área de preocupación.
Por ello, recalcaron que la ausencia de un enfoque integral en la atención ginecológica que abarque la promoción, la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, no solo vulnera derechos fundamentales, sino que también perpetúa las brechas de género en materia de salud a nivel global.
- La propuesta permitiría que egresados con alto rendimiento académico enfrenten menos obstáculos para incorporarse al mercado laboral formal.
La senadora Jasmine Bugarín Rodríguez, del Partido Verde, presentó una iniciativa para eximir del pago de derechos de registro y ejercicio profesional a los egresados con promedio igual o superior a 8.5, una propuesta que busca eliminar barreras económicas que impiden a miles de estudiantes obtener su título, diploma de especialidad o tramitar su cédula profesional.
Dijo que actualmente los trámites de registro profesional pueden superar los $1,500 pesos, lo que representa una barrera económica significativa para quienes recién inician su vida laboral, y recordó que, aunque la Secretaría de Educación Pública digitalizó el trámite desde 2018, los costos que deben cubrir los recién egresados persisten, dificultando su incorporación al mercado laboral.
Bugarín Rodríguez subrayó que esta situación no solo afecta la economía personal, sino que puede desincentivar la formalización profesional y limitar la competitividad laboral, por lo que indicó que eliminar estos pagos no solo facilita la titulación, sino que permite que el Estado recupere de manera más efectiva su inversión en educación pública, al asegurar que jóvenes altamente capacitados ingresen al mercado laboral sin obstáculos financieros.
Asimismo, advirtió que mantener estas cuotas contradice la reforma constitucional de 2019, que estableció que la educación superior debe ser universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Por ello, insistió en que la exención propuesta es coherente con el mandato constitucional y contribuye a cerrar la brecha entre la formación gratuita y la autorización legal para ejercer una profesión.
Explicó que su propuesta, que adiciona un párrafo tercero al artículo 185 de la Ley Federal de Derechos, busca que egresados con alto rendimiento académico enfrenten menos obstáculos para incorporarse al mercado laboral formal, beneficiando tanto a su desarrollo profesional como al fortalecimiento del capital humano del país.
La legisladora por Nayarit subrayó que la exención del pago de derechos sería un incentivo directo para la excelencia académica, alineado con políticas nacionales e internacionales que premian el rendimiento destacado. Además, contribuiría a consolidar una fuerza laboral más capacitada y formalmente acreditada.
Finalmente, Jasmine Bugarín afirmó que esta reforma representa un acto de justicia para quienes se han esforzado en sus estudios y una inversión estratégica para impulsar una fuerza laboral más calificada, competitiva y equitativa en todo el país.