- “Legisladores y alcaldes tenemos que garantizar los servicios básicos y calidad de vida de nuestros pueblos y barrios originarios”, aseguró
La diputada del PVEM, Yolanda García Ortega solicitó a las Comisiones de Hacienda; y de Presupuesto y Cuenta Pública, ambas del Congreso de la Ciudad de México, considerar durante la discusión del proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2026, ampliar los recursos destinados a la alcaldía Tláhuac para pavimentar las calles de su demarcación en beneficio de las 52 colonias y los 7 pueblos originarios que la componen.
“Hoy, como portavoz de las y los vecinos de Tláhuac hago un llamado a este Congreso para atender una problemática que les aqueja, me refiero al deterioro de la red vial de la zona, la aparición de baches y falta de balizamiento en toda la demarcación”, señaló la congresista de la bancada ambientalista del Congreso de la CDMX.
García Ortega lamentó que aún existen colonias que no están pavimentadas, como la Conchita, además de que actualmente en la zona lacustre se están realizando descargas de aguas negras debido la falta de drenaje, lo que está impactando en la calidad de vida y salud de las personas que viven en los alrededores.
“Ante la falta de infraestructura que se tiene en la mayoría de las colonias y el deterioro de la infraestructura vial, de drenaje y desagüe que hay en la alcaldía Tláhuac, es que pido se analice dotar de recursos adicionales etiquetados a la demarcación, atendiendo a los principios y derechos humanos, medio ambiente sano, salud y movilidad”, concluyó la diputada del Partido Verde, Yolanda García.
- “El aumento es un ajuste necesario para garantizar la continuidad y la eficacia de las políticas públicas en materia ambiental”, aseguró
La presidenta de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica del Congreso de la CDMX, diputada Elvia Estrada Barba solicitó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública; y de Hacienda, considerar en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2026, un incremento del 7 por ciento para fortalecer a la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) , el Fondo Ambiental Público, las 16 Alcaldías y la Agencia de Gestión Integral de Residuos para garantizar un medios ambiente sano a los capitalinos.
En tribuna, la legisladora de la bancada del Partido Verde destacó la importancia de que el Congreso local destine los recursos necesarios que permitan sostener los programas prioritarios de conservación, mitigación y educación ambiental; garantizar el acceso a la justicia ambiental para la población a través del fortalecimiento presupuestario de la PAOT; y mediante el Fondo Ambiental Público, garantizar proyectos estratégicos en conservación, reforestación, movilidad sustentable y educación ambiental en la CDMX.
En materia de residuos, la diputada ecologista Estrada Barba recordó que la ciudad genera más de 12 mil toneladas diarias, por lo que, consideró que el funcionamiento efectivo de la Agencia de Gestión Integral de Residuos es indispensable para mantener en condiciones adecuadas la infraestructura, plantas de selección, transporte y programas de educación ambiental.
La congresista del Partido Verde también informó que su solicitud contempla a las16 Alcaldías ya que “tienen responsabilidades ambientales directas como mantener áreas verdes, sustituir arbolado, implementar sistemas de ahorro de energía y cumplir sus programas locales de cambio climático”, y su actuación depende de recursos concretos, y un incremento presupuestal permitirá fortalecer la gestión ambiental desde el nivel más cercano a la población.
La legisladora ecologista aseguró que invertir en medio ambiente “no es un gasto adicional, es una política de prevención y desarrollo. Los costos sociales y económicos de la inacción son mucho mayores: deterioro de la salud pública, pérdida de servicios ambientales y reducción de la calidad de vida. Asignar recursos adecuados hoy significa evitar gastos mayores en el futuro”.
La diputada ambientalista Elvia Estrada concluyó la presentación de su proyecto legislativo asegurando que “el fortalecimiento presupuestal de SEDEMA, PAOT, el Fondo Ambiental, las Alcaldías y la AGIR es una medida de responsabilidad institucional que permitirá que los programas ambientales tengan continuidad, las metas de mitigación y adaptación al cambio climático se cumplan, y las políticas públicas en la materia cuenten con sustento financiero real”.
- La iniciativa busca que el Estado pueda actuar ante riesgos ambientales y propone reglas claras para evitar daños irreversibles, así como fortalecer la protección a la salud y al medio ambiente.
La Senadora Ruth González Silva presentó una iniciativa para reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) con el propósito de incorporar de manera expresa el principio de precaución como eje rector de la política ambiental del país.
González Silva explicó que este principio permite al Estado actuar antes de que el daño ambiental sea irreversible. Con ello, se busca proteger tanto al medio ambiente como a la salud humana frente a riesgos graves o emergentes.
“El principio de precaución es una herramienta ética y jurídica para actuar antes de lamentar”, afirmó la senadora.
La iniciativa fortalece la capacidad de las autoridades ambientales para adoptar medidas precautorias cuando existan indicios razonables de riesgo, al tiempo que establece criterios claros para evitar arbitrariedades y garantizar seguridad jurídica. Estos criterios son:
- Proporcionalidad, para asegurar decisiones equilibradas.
- No discriminación, para evitar sesgos o favoritismos.
- Coherencia, para mantener consistencia con precedentes y políticas similares.
- Revisión científica periódica, para ajustar las medidas conforme avanza el conocimiento.
La legisladora por San Luis Potosí recordó que la Constitución reconoce el derecho a un medio ambiente sano y que la Suprema Corte ya ha establecido que el Estado debe actuar con cautela ante amenazas ambientales.
“Hacer del principio de precaución un mandato legal es convertir la responsabilidad y la prudencia en política de Estado. Es garantizar que México actúe con visión de futuro”, subrayó.
La legisladora aseguró que el principio de precaución no es un freno al desarrollo, sino una guía para que el crecimiento ocurra con responsabilidad y respeto a la naturaleza.
“Actuar a tiempo es la mejor forma de proteger el futuro. La precaución debe ser parte de nuestra ley y de nuestra responsabilidad institucional”, concluyó.