- Consulados deberán garantizar la protección de derechos y materializar el principio de no discriminación
Con el objetivo de promover y asegurar mecanismos de interpretación y traducción en lenguas originarias para la atención de personas indígenas, el diputado Jonathan Puertos Chimalhua, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), propuso reformar la Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Ello permitirá también garantizar el acceso a servicios consulares que permitan fortalecer la protección de derechos y materializar el principio de no discriminación.
La iniciativa que propone adicionar una fracción IX al artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, señala que los Jefes de Oficinas Consulares deberán promover y asegurar dichas acciones, preferentemente mediante intérpretes y traductores certificados, para la atención de personas indígenas mexicanas que así lo requieran.
"La propuesta es jurídicamente viable y presupuestalmente responsable, ya que su implementación podrá realizarse de manera gradual, mediante lineamientos emitidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores, conforme a la normatividad aplicable y a la disponibilidad presupuestaria", subraya Puertos en su propuesta.
Añade que lo anterior, permitirá a la autoridad consular utilizar diversos mecanismos, tales como convenios interinstitucionales, padrones existentes, apoyos tecnológicos o esquemas de colaboración, sin generar obligaciones inmediatas de gasto.
Afirma que, con esta reforma, el Estado mexicano avanza en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y convencionales, fortalece su política de protección consular y envía un mensaje claro de inclusión, respeto a la diversidad cultural y compromiso con los derechos humanos.
"Garantizar una atención consular adecuada para las personas indígenas mexicanas en el extranjero no es solo una cuestión administrativa, sino un acto de justicia social y de coherencia con los principios que sustentan a nuestra nación ", subrayó el legislador ecologista.
En su iniciativa, refiere que, de acuerdo con información oficial, en el territorio nacional existen 68 lenguas indígenas y 364 variantes lingüísticas, habladas por millones de personas. Sin embargo, el número de intérpretes y traductores certificados resulta claramente insuficiente para atender esta diversidad lingüística, ya que se cuenta únicamente con mil 79 intérpretes certificados.
Dicha problemática no se limita al ámbito nacional, por el contrario, se agudiza en el contexto migratorio, donde miles de personas indígenas mexicanas residen o transitan en el extranjero, principalmente en los Estados Unidos de América.
- La iniciativa busca reducir contaminación, agilizar pagos y evitar pérdidas de tiempo a las y los automovilistas
- No más filas ni búsqueda de monedas
Con el objetivo de modernizar la Ciudad de México y reducir el impacto ambiental que generan miles de tickets impresos todos los días por parte de los estacionamientos públicos, la diputada del Partido Verde, Claudia Neli Morales Cervantes, presentó una iniciativa para eliminar los boletos de papel en estacionamientos de plazas y centros comerciales, y sustituirlos por sistemas de cobro digitales.
Desde tribuna, la legisladora señaló que este cambio, que ya se aplica en ciudades como Toronto, Tokio y Barcelona, permitiría hacer más eficiente el uso de los estacionamientos, reducir filas y evitar problemas comunes como la pérdida de boletos o el pago en efectivo.
La propuesta plantea reformar el artículo 48 de la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México para que los estacionamientos públicos faciliten el uso de plataformas digitales y sistemas automatizados de pago, tal como ya ocurre en los parquímetros de la capital.
Morales Cervantes destacó que la eliminación de tickets físicos no solo representa un avance tecnológico, sino también una medida ambiental concreta, ya que disminuiría el consumo de papel, tinta y residuos, al tiempo que reduciría costos operativos para los establecimientos.
Asimismo, subrayó que la digitalización de estos servicios también beneficiaría directamente a las personas usuarias, quienes podrían pagar desde su teléfono móvil, sin filas y con mayor seguridad, haciendo de su visita a centros comerciales una experiencia más rápida y cómoda.
Finalmente, la diputada afirmó que pequeñas acciones pueden generar grandes cambios, y que avanzar hacia estacionamientos públicos sin boletos físicos es una oportunidad para que la Ciudad de México sea una capital más moderna, eficiente y sustentable.
- La medida busca garantizar empleo, protección y condiciones dignas en el trabajo.
- Casi 40% de mujeres en México han vivido violencia de pareja y más del 63% ocurre en el hogar.
La senadora Virginia Magaña Fonseca, integrante del Partido Verde, presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo para incorporar medidas que protejan a personas trabajadoras, víctimas de violencia doméstica, con el objetivo de garantizar la continuidad en el empleo, mitigar sus efectos en el ámbito laboral y dar cumplimiento al Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por México en 2022.
Explicó que la reforma prohíbe expresamente despedir, sancionar o discriminar a las personas trabajadoras por ser víctimas de violencia doméstica, cuando dicha condición haya sido debidamente acreditada.
También incorpora nuevas obligaciones para las personas empleadoras, como proporcionar información clara y accesible sobre la violencia doméstica y sus efectos en el entorno laboral, así como difundir periódicamente los servicios disponibles para atención, protección y denuncia, garantizando en todo momento la confidencialidad y la no revictimización.
Magaña Fonseca subrayó que la violencia doméstica agrava ladesigualdad económica, especialmente para las mujeres, quienes enfrentan una brecha salarial del 6% y destinan el doble de tiempo al trabajo de cuidados no remunerados.
Señaló que este fenómeno trasciende el ámbito privado y tiene consecuencias directas en el empleo, la productividad, la salud y la seguridad laboral; además, alertó que la pérdida de ingresos puede limitar su autonomía y dificultar la salida de entornos de violencia.
De acuerdo a cifras oficiales, a nivel nacional cerca del 40% de las mujeres ha experimentado violencia de pareja y más del 11% ha sufrido violencia familiar, siendo el hogar el principal espacio donde ocurren estos actos.
Por ello, destacó que su propuesta busca armonizar el marco legal para atender esta problemática mediante medidas concretas como la flexibilización temporal de la jornada laboral, la protección contra el despido y la implementación de mecanismos de información y apoyo dentro de los centros de trabajo.
Además, de garantizar la continuidad del empleo, mitigar los efectos de la violencia en el ámbito laboral y fortalecer los derechos laborales con perspectiva de género y justicia social.
Magaña Fonseca explicó que las personas trabajadoras víctimas de violencia doméstica podrán solicitar medidas de protección laboral de manera confidencial, acreditando su situación mediante documentos expedidos por autoridades competentes, instituciones de salud o instancias de apoyo, sin necesidad de contar con una resolución judicial definitiva.
La legisladora subrayó que su propuesta, busca reconocer la violencia doméstica como un problema estructural que impacta el desarrollo económico y social, así como avanzar hacia entornos laborales dignos, libres de violencia y con condiciones que permitan a las personas trabajadoras mantener su autonomía, seguridad y proyecto de vida.
Finalmente, afirmó que garantizar el empleo en estos contextos es fundamental para fortalecer la independencia económica, la dignidad y la seguridad de las personas trabajadoras, al tiempo que reafirma el compromiso del Estado mexicano con la construcción de espacios laborales libres de violencia, con perspectiva de género, igualdad y justicia social.