En los Centros de Atención Juvenil se deberán ofrecer programas educativos, capacitación en oficios, actividad física, atención psicológica y espacios artísticos y culturales
Con el objetivo de garantizar que los adolescentes detenidos en Centros de Atención Juvenil reciban una atención integral y humanizada durante su internamiento, así como herramientas clave para su desarrollo y reintegración en la sociedad, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM) propuso una reforma al artículo 18 de la Constitución.
El diputado Jesús Martín Cuanalo Araujo, autor de la iniciativa, subrayó que la propuesta establece como obligatoria la implementación de programas de educación formal, capacitación para el trabajo, actividad física, atención integral a la salud mental, y espacios que promuevan la participación en actividades artísticas y culturales. Estos elementos son fundamentales para mejorar la calidad de vida de los jóvenes y lograr una reinserción efectiva a la sociedad.
Asimismo, enfatizó que brindar formación académica y capacitación en oficios durante el internamiento permite a los jóvenes adquirir herramientas esenciales para su autonomía y productividad en la vida adulta.
Cuanalo Araujo afirmó que esta reforma representa un paso firme hacia un sistema de justicia juvenil más humano, incluyente y enfocado en la verdadera reinserción social, reafirmando el compromiso del Estado mexicano con los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, sostuvo que fortalecer el sistema de justicia juvenil no solo impacta positivamente a los adolescentes involucrados, sino que también contribuye al bienestar general de la sociedad al reducir la reincidencia delictiva y fomentar comunidades más seguras y cohesionadas.
“Esta reforma es una inversión en el futuro del país y en la construcción de un México más justo, seguro e incluyente”, concluyó.
- La iniciativa tiene por objeto dividir la actual Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas, lo que permitirá que exista un enfoque de compromiso institucional y especialización.
Con la finalidad de continuar implementando medidas para atender a las mujeres víctimas de la violencia y disminuir los feminicidios, las y los senadores de Partido Verde, presentaron una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de la Fiscalía General de la República para establecer las Fiscalías Especializadas en Delitos de Violencia contra las Mujeres y de Trata de Personas.
En Tribuna, la senadora Virginia Magaña recordó que en noviembre de 2024 se publicó la reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y erradicación de la brecha salarial por razones de género, donde se incluyeron las Fiscalías Especializadas en materia de investigación de delitos relacionados con las Violencias de Género contra las Mujeres en las entidades federativas.
Por ello, destacaron que es importante que se incorpore de manera explícita en la Ley de la Fiscalía General de la República, el reconocimiento de la fiscalía especializada, para que dicha institución se apegue a las acciones que se implementarán a nivel local.
Explicaron que según datos del INEGI, en el año 2021 del total de mujeres de 15 años y más, poco más del 70% sufrió al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida, lo cual refleja la importancia de tener una Fiscalía Especializada enfocada en combatir delitos contra las mujeres, generando un trato cordial, especializado y empático por parte de los servidores públicos.
Detallaron que su iniciativa tiene por objeto dividir la actual Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas, en dos fiscalías especializadas: La Fiscalía Especializada de investigación de delitos relacionados con las Violencias de Género contra las Mujeres; y una Fiscalía Especializada en materia de Trata de Personas.
Puntualizaron que la trata de personas, al ser una forma de esclavitud, priva de la libertad a las personas mediante amenazas, coacción, rapto, uso de la fuerza, y que las personas en esta condición pueden ser víctimas de explotación, prostitución, trabajos forzados, esclavitud, extracción de órganos y servidumbre.
Subrayaron que de acuerdo con cifras del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, sólo 1 de cada 100 casos de trata de personas se denuncia a nivel nacional, a menudo por miedo a las represalias. Por ello, insistieron en que debemos tener servidores públicos enfocados en la investigación de este tipo de delitos para brindar cada vez más confianza ciudadana y sancionar a los delincuentes conforme a la legislación en la materia.
Aseguraron que si bien dentro de la estructura de la Fiscalía General de la República se prevé una Fiscalía Especializada que atiende ambos temas una sola área, en la actualidad se requiere que este tipo de conductas cuenten con espacios de manera independiente con el objetivo de atender, por un lado, los relacionados con violencia de la mujer; y por el otro, combatir la trata de personas. Apuntaron que la división de estas fiscalías especializadas permitirá que exista un enfoque de compromiso institucional y especialización.
- Necesario regular dispositivos móviles en escuelas para prevenir distracciones, adicciones y daños a la salud de niñas, niños y adolescentes.
- Más de 81% de la población de seis años o más usa celular; el 17.7% de los estudiantes se conecta desde las aulas.
Con el objetivo de frenar el uso desmedido de dispositivos móviles en planteles educativos, la senadora Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde, presentó una iniciativa para reformar el artículo 84 de la Ley General de Educación, a fin de prohibir el uso de celulares y otros dispositivos tecnológicos durante el horario de clases, en escuelas de nivel básico y media superior, salvo en casos de emergencia o con fines educativos.
La legisladora subrayó que el uso excesivo de dispositivos electrónicos está afectando gravemente la salud física y emocional de niñas, niños y adolescentes, provocando alteraciones del sueño, obesidad, adicciones digitales, miopía, ansiedad y sedentarismo, entre otros.
Además, advirtió que los dispositivos se han convertido en distractores que entorpecen el rendimiento escolar, especialmente en niveles básicos de enseñanza. También, alertó sobre los efectos de la luz azul en el desarrollo neurológico infantil y las consecuencias de la sobreexposición a pantallas.
“Debemos sensibilizar a la comunidad educativa y a los padres de familia sobre los efectos negativos en la salud de los menores por el uso excesivo de dispositivos tecnológicos”, subrayó la legisladora.
Según cifras de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información (ENDUTIH) 2023, el 81.4 por ciento de la población de seis años o más usa celular; el 71.4 por ciento de los menores de entre 6 y 11 años accede a internet, y el 17.7 por ciento de los estudiantes se conecta desde las aulas.
En 2020, México fue el octavo país del mundo con mayor venta de teléfonos inteligentes, con 70 millones de unidades vendidas. Cada mes se generan 29 mil toneladas de basura electrónica en el país, de las cuales sólo se recicla el 14 por ciento.
Corona Nakamura indicó que su propuesta toma como referencia el modelo implementado en Querétaro, donde más de 362 mil estudiantes de educación básica ya no pueden utilizar celulares en clase, y busca replicar esta medida en todo el país.
“Esta medida no tiene un carácter de castigo, al contrario, responde a un enfoque de corresponsabilidad social donde el Estado, las escuelas, las familias y la comunidad educativa actúen de forma articulada para garantizar entornos de aprendizaje saludables y funcionales para nuestras niñas, niños y adolescentes”, concluyó la senadora.