- Esto generará beneficios importantes en materia de productividad, competitividad, empleo, salud, gasto público, reducción de las desigualdades, entre otros.
A fin de mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores de nuestro país, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM) propuso reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para reducir la jornada laboral máxima de 48 horas semanales a 40 horas.
La diputada Gabriela Benavides destacó que esta propuesta incluye el aumento de los días de descanso semanal de uno a dos días, lo que generará beneficios significativos en áreas como productividad, competitividad, empleo, salud, gasto público, reducción de las desigualdades y bienestar no material”.
Además, la diputada explicó que establecer jornadas laborales más razonables no solo incrementará el bienestar de los trabajadores, sino que también mejorará los esfuerzos de contratación y retención de personal, aumentará la participación laboral de las mujeres, facilitará la toma de decisiones familiares y optimizará los servicios públicos.
Lo anterior, a su vez, impulsará la eficiencia de los sistemas de transporte y fomentará la sostenibilidad ambiental.
Por otro lado, mencionó que en un estudio publicado en el 2021 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reveló que trabajar más de 55 horas a la semana causó 745 mil muertes por accidente cerebrovascular y enfermedades cardiacas en 2016.
"La evidencia sugiere que un horario laboral prolongado puede ser perjudicial para la salud personal. Por ejemplo, se observa un aumento significativo en los niveles de estrés y ansiedad, así como en problemas como la lumbalgia y la hipertensión arterial en quienes realizan jornadas laborales extensas", afirmó la legisladora.
Finalmente, la diputada, en representación del GPPVEM, subrayó que, con la aprobación de esta reforma, México tiene oportunidad de convertirse en pionero en la reducción de la jornada laboral y ser el tercer país de América Latina en implementar esta medida trascendental.
- Incluye sanciones más severas para actos de crueldad, con multas que pueden alcanzar hasta un millón de pesos y penas de prisión de hasta 10 años.
- Es momento de que el Estado asuma su responsabilidad en la protección de los seres sintientes.
La senadora del Partido Verde, Maki Ortiz Domínguez, en conjunto con legisladores de su bancada y de otras fuerzas políticas, presentó una iniciativa para crear la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, la cual busca establecer un marco normativo unificado en todo el país, tipificar de manera homogénea los casos de maltrato animal y endurecer las sanciones contra los responsables, debido a que siete de cada diez animales domésticos en México son víctimas de maltrato.
Destacó que la iniciativa propone el reconocimiento de los animales como seres sintientes y establece obligaciones para su cuidado. Además, incluye sanciones más severas para actos de crueldad, con multas que pueden alcanzar hasta un millón de pesos y penas de prisión de hasta 10 años.
“Se consideran actos de crueldad las corridas de toros y novillos, peleas de gallos, de perros, así como la utilización de ejemplares de mamíferos marinos, en espectáculos fijos o itinerantes con fines de diversión, entre otras restricciones”, indicó Ortiz Domínguez.
La senadora por Tamaulipas explicó que la violencia contra los animales está estrechamente ligada a la violencia interpersonal y al crimen organizado, por lo que proteger a los animales no solo es una cuestión ética, sino también una estrategia para fortalecer el tejido social y fomentar una cultura de respeto y legalidad.
De acuerdo con datos del INEGI, el 69.8 por ciento de los hogares en México tienen una mascota, lo que equivale a aproximadamente 80 millones de animales domésticos. Sin embargo, ocupamos el primer lugar en América Latina en maltrato animal y el tercero a nivel mundial, según AnimaNaturalis. Además, más del 70 por ciento de los perros y el 60 por ciento de los gatos están en situación de calle.
En ese sentido, la legisladora indicó que esta ley responde a una demanda social creciente y refuerza el compromiso del país con los estándares internacionales en materia de derechos de los animales, establecidos por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y la ONU.
También propone la creación de una Política Nacional de Bienestar Animal, coordinada por el Ejecutivo Federal, que incluirá campañas de concientización, programas de adopción, regulación del uso de animales en espectáculos y la implementación de normas estrictas para la experimentación científica.
“Esta propuesta representa una oportunidad para consolidar un marco legal uniforme que garantice el bienestar animal. Es momento de que el Estado asuma su responsabilidad en la protección de los seres sintientes y no hay excusas para postergar esta deuda histórica”, concluyó la senadora.
- Entre 2017 y 2021 se abrieron 5 mil 829 carpetas de investigación por delitos ambientales, de las cuales 50.5 por ciento se concentraron en sólo ocho entidades federativas
El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM) presentó una iniciativa que faculta a la Guardia Nacional para que pueda actuar de manera directa en la protección de los recursos naturales.
La iniciativa, que reformaría las leyes General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; la Federal de Responsabilidad Ambiental, y la de la Guardia Nacional, daría a la Guardia Nacional el marco normativo para que participe en la prevención, investigación y combate de delitos ambientales y colabore directamente en la inspección y vigilancia de áreas naturales protegidas.
Los diputados verdes enfatizaron que las zonas forestales en México tienen una gran importancia social, además de ecológica, ya que el país alberga una gran diversidad de especies y recursos genéticos en sus ecosistemas forestales.
Señalaron que, de acuerdo con el INEGI, sólo en 2023, los costos totales por agotamiento y degradación ambiental ascendieron a 1.3 billones de pesos, que equivale al 4.2 por ciento del Producto Interno Bruto.
En cuanto a denuncias por delitos ambientales, indicaron que, de 2017 a 2021, se abrieron 5 mil 829 carpetas de investigación, de las cuales 50.5 por ciento se concentraron Campeche, Chiapas, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán, estados que cuentan con el mayor porcentaje de recursos naturales y biodiversidad del país.
Sin embargo, indicaron que existe un importante porcentaje de delitos que no se reporta y, en consecuencia, no se persigue, en parte por la poca capacidad institucional que existe para atender esta problemática.
Lamentablemente, abundaron los legisladores del Partido Verde, los esfuerzos para combatir estos delitos recaen principalmente en las autoridades ambientales y locales que no cuentan con recursos suficientes.
Sin embargo, la Guardia Nacional, que cuenta con despliegue nacional y capacidades operativas avanzadas, por lo que puede desempeñar un papel crucial en la prevención y combate de los delitos ambientales.
Con la iniciativa, apuntaron, se otorgaría a la Guardia Nacional competencia explícita en esta materia para no limitar su intervención y eficacia en la protección de los recursos naturales.