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BUSCA JUANITA GUERRA GARANTIZAR RENOVACIÓN OPORTUNA DE POLICÍAS POR JUBILACIÓN EN MORELOS

  • Es indispensable la previsión, ya que la incorporación de una persona a una institución policial no ocurre de manera inmediata.
  • También busca que se considere la asignación de una partida presupuestaria destinada a fortalecer los mecanismos de jubilación y retiro del personal policial.
  • Además, se deben revisar las remuneraciones y contemplar ajustes salariales progresivos al personal policial.

A fin de que las autoridades competentes puedan iniciar oportunamente los procesos necesarios para formar a quienes habrán de incorporarse a las instituciones policiales, la senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Morelos, para que realice y remita un diagnóstico sobre las bajas previsibles de elementos policiales por jubilación, retiro, separación o cualquier otra causa, y establezca las acciones de planeación, reclutamiento, formación y certificación necesarias para garantizar la renovación oportuna del estado de fuerza policial en la entidad.

También busca exhortar al Congreso del Estado de Morelos para que, durante el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2027, considere la asignación de una partida presupuestaria destinada a fortalecer los mecanismos de jubilación y retiro del personal policial, así como el reclutamiento, selección, formación y contratación de nuevos elementos, a fin de garantizar condiciones dignas para quienes concluyen su servicio, favorecer el relevo generacional y fortalecer el estado de fuerza de las corporaciones de seguridad pública en la entidad.

Por otro lado, la legisladora por Morelos exhortó a la Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y a las y los 36 presidentes municipales de la entidad para que revisen las remuneraciones y contemplen ajustes salariales progresivos del personal policial tomando como referencia los parámetros nacionales de salario digno policial.

La senadora recalcó que la renovación del estado de fuerza policial debe ser entendida como un proceso permanente de planeación institucional; aseguró que la jubilación, el retiro, la separación del servicio, las bajas administrativas y otras causas de conclusión de la relación de servicio constituyen circunstancias que pueden modificar de manera gradual la capacidad operativa de una corporación.

Recordó que recientemente se han difundido notas informativas en las que se advierte sobre un posible déficit de elementos policiales en el estado de Morelos, así como la preocupación por el personal que se encuentra próximo a cumplir los requisitos para su jubilación, en este contexto dijo que es necesario contar con información actualizada sobre el estado de fuerza policial, el número de elementos próximos a retirarse y las previsiones institucionales para garantizar su reemplazo oportuno, a fin de evitar una disminución en la capacidad operativa de las corporaciones de seguridad pública.

Apuntó que de acuerdo con un informe del centro de investigación Morelos Rinde Cuentas, Yautepec es el municipio con menos policías por cada mil habitantes con una media de 0.4 con 43 elementos; por su parte, Cuernavaca, pasó de tener 794 policías a contar con 361 al corte del 2025, lo que representa una reducción del 43 por ciento.

La senadora explicó que las y los policías desempeñan una labor fundamental en la prevención del delito, la preservación del orden público, la protección de la integridad y el patrimonio de las personas, así como en la construcción de entornos seguros para las familias, y a menudo arriesgan su integridad física e incluso su vida en el cumplimiento de su deber, por lo que garantizar remuneraciones dignas y prestaciones adecuadas no debe considerarse únicamente una cuestión administrativa o presupuestaria, sino un componente relevante de la profesionalización y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública.

Finalmente, la senadora ecologista dijo que no se trata solamente de contratar más elementos, sino garantizar que la renovación del personal policial se realice de manera ordenada, gradual y anticipada, evitando periodos en los que las corporaciones enfrenten vacantes que pudieron haber sido previstas con suficiente antelación, además de que la remuneración del personal policial ser proporcional con la naturaleza de sus funciones, el nivel de responsabilidad, los riesgos inherentes al servicio y las necesidades económicas que enfrentan.

LA SENADORA RUTH GONZÁLEZ SILVA BATE RÉCORD LEGISLATIVO CON MÁS DE 130 INICIATIVAS PARA TRANSFORMAR A SAN LUIS POTOSÍ Y MÉXICO

  • Con un total de 134 propuestas presentadas en sus primeros dos años de ejercicio, la legisladora potosina supera históricamente el desempeño de sus antecesores en el Senado de la República.
  • El informe destaca una agenda legislativa enfocada en salud, bienestar animal, derechos laborales, protección a la niñez y una defensa firme de la proveeduría y el empleo local frente al T-MEC.

Al rendir su Segundo Informe Legislativo en el Teatro de la Paz ante autoridades estatales, federales y ciudadanía, la senadora Ruth González Silva reafirmó su compromiso de mantener una cercanía constante con las familias potosinas y de convertir las necesidades sociales en propuestas concretas de ley, marcando un hito cuantitativo e histórico sin precedentes para San Luis Potosí.

Durante su segundo año impulsó 91 iniciativas, de las cuales 34 fueron individuales y 57 en conjunto con el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Al sumar ambos años, acumula 134 propuestas, cifra que supera por más del doble el récord histórico previo de 66 conjuntas en un periodo similar, mientras que sus propuestas individuales superan en un 53 por ciento el registro más alto anterior, que era de treinta.

En el terreno de los temas prioritarios, la labor política y social de la senadora abarcó iniciativas fundamentales para el desarrollo de San Luis Potosí. En salud y bienestar, impulsó la incorporación de la salud hormonal como parte de la atención integral, propuso tasa cero de IVA en equipos de medición de glucosa y presión arterial, actualizó el marco jurídico del cáncer infantil y promovió espacios recreativos para adultos mayores.

Asimismo, respaldó la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales para sancionar la reincidencia en maltrato y gestionó miles de árboles para la reforestación en Ciudad Valles y Tamuín.

En el ámbito educativo, laboral y de igualdad, impulsó un seguro médico escolar contra accidentes, propuso llevar la educación cívica a los entornos digitales y planteó estímulos fiscales para el primer empleo juvenil mediante procesos de contratación sin sesgos.

Desde comisiones, participó en la aprobación de la reducción gradual de la jornada laboral a cuarenta horas semanales hacia el año 2030 sin afectar salarios, la certificación agroexportadora, la protección contra burós laborales injustificados y la salvaguarda de la voz e imagen de artistas frente a la inteligencia artificial.

De igual forma, propuso mecanismos judiciales para garantizar pensiones alimenticias en casos de desempleo, logró la aprobación de la perspectiva de género en la atención del autismo, impulsó el reconocimiento legal de las violencias contra las mujeres en plural y promovió medidas para reducir la brecha salarial y facilitar el reingreso laboral tras periodos de cuidados.

Finalmente, como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, desempeñó un rol clave en la revisión del T-MEC mediante un diálogo constante con cámaras empresariales, sindicatos y legisladores de México, Estados Unidos y Canadá. Su gestión ha defendido los empleos locales, la proveeduría de más de ciento trece mil micro, pequeñas y medianas empresas potosinas y los derechos de los trabajadores migrantes.

Con una constante difusión de su labor a través de columnas semanales y la promoción de la cultura estatal en el plano nacional, la senadora reafirmó su compromiso de continuar trabajando con firmeza y cercanía para responder a la confianza de las y los potosinos.

La lista de personalidades que acompañaron a la senadora Ruth González Silva en su informe la encabezó el Gobernador de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona; además, destacadas figuras de los tres poderes de Gobierno y diversos partidos políticos, alcaldes, legisladores locales y magistrados. A nivel federal destacaron líderes del PVEM como Karen Castrejón, Manuel Velasco, Carlos Puente, Arturo Escobar, Francisco Elizondo y Juan Ignacio Segura, junto al diputado Raúl Bolaños Cacho Cué.

Asistieron numerosos senadores de distintas bancadas, entre ellos Ignacio Mier, Emmanuel Reyes, Guadalupe Chavira y Cuauhtémoc Ochoa, de Morena; Jorge Carlos Ramírez Marín, Juanita Guerra, Virginia Magaña, Luis Armando Melgar y Gilberto Hernández, del Partido Verde Ecologista de México; Alejandra Barrales y Luis Donaldo Colosio de Movimiento Ciudadano, Enrique Vargas, de Acción Nacional y Pablo Angulo, del Revolucionario Institucional.

PARTIDO VERDE BUSCA FRENAR EL SILENCIO DIGITAL

  • A través de una iniciativa busca evitar que el llamado “derecho al olvido” se utilice para desaparecer información de interés público en internet.

¿Qué pasa con la información que una persona deja en internet cuando muere? ¿Puede borrarse todo por decisión de sus familiares o por instrucciones que haya dejado en vida? El Partido Verde busca poner límites para evitar que información importante para la sociedad desaparezca sin considerar el interés público.

El diputado Manuel Talayero apuntó que la propuesta plantea reformar el Código Civil para el Distrito Federal y la legislación capitalina en materia de protección de datos personales, con el objetivo de establecer reglas más claras sobre el llamado “derecho al olvido” después de la muerte.

“El problema, advirtió el congresista, es que eliminar o bloquear información de manera automática podría afectar contenidos periodísticos, documentos históricos, investigaciones académicas y otros materiales que ayudan a conocer hechos relevantes para la sociedad”.

Por ello, la iniciativa busca que las decisiones sobre la información digital de una persona fallecida no se tomen sin considerar otros derechos, como la libertad de expresión y el acceso a la información.

La propuesta también contempla que, si una persona no dejó instrucciones sobre el manejo de sus datos digitales, esto no signifique que toda la información relacionada con ella deba eliminarse automáticamente.

Talayero Pariente subrayó que proteger la privacidad no debe convertirse en una vía para borrar información de interés público. La intención no es dejar desprotegidos los datos personales, sino encontrar un equilibrio entre la vida privada y el derecho de la sociedad a conocer hechos relevantes.

En pocas palabras, se trata de establecer límites para que la información digital no desaparezca sin valorar sus consecuencias para el periodismo, la investigación y la memoria colectiva.