- Las plataformas digitales deberán mostrar el precio total del producto desde el inicio del proceso de compra, esto incluye impuestos, costos de envío y cualquier otro cargo
El diputado Luis Enrique Miranda Barrera, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), propuso una reforma al artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a fin de garantizar mayor transparencia en los precios del comercio electrónico en México.
En la iniciativa que fue presentada durante la sesión de la Comisión Permanente, el diputado Miranda Barrera destacó la importancia de que todas las plataformas digitales muestren el precio total del producto o servicio desde el inicio del proceso de compra. “Esto incluye impuestos, costos de envío y cualquier otro cargo adicional, a fin de que los consumidores puedan tomar decisiones informadas y comparativas”, mencionó.
El legislador señaló que el crecimiento del comercio electrónico en México ha sido exponencial en los últimos años, tan solo en 2023, su valor superó los 600 mil millones de pesos, lo que hace fundamental garantizar la transparencia en los precios para proteger los derechos de los consumidores. "La falta de claridad en los precios finales genera confusión y desconfianza, afectando la experiencia de compra y la confianza en el mercado digital", afirmó.
Por ello, la propuesta busca fortalecer la confianza del consumidor en el comercio digital, al promover un entorno más justo y competitivo. Además, contribuirá a eliminar prácticas comerciales desleales y alineará a México como un referente en el desarrollo del comercio electrónico en América Latina, al fomentar un mercado más transparente y ético.
Por lo anterior, el diputado invitó a sus colegas a respaldar esta iniciativa y a sumar esfuerzos para que el crecimiento del comercio electrónico en México se base en principios sólidos y en el bienestar de los consumidores.
“La reforma propuesta es un avance significativo hacia una mayor protección y transparencia en el comercio digital. Esperamos que juntos podamos fortalecer este sector y garantizar un mercado más justo para todos”, concluyó.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad para su análisis, discusión y eventual dictaminación.
- Para prevenir y mitigar los delitos ambientales se debe incrementar las sanciones, con la finalidad de incentivar una mayor responsabilidad e inhibir la comisión de éstos.
Con la finalidad de visibilizar la magnitud de las consecuencias derivadas de la pérdida de los recursos naturales, la degradación ambiental y, en general, cualquier tipo de afectación al ecosistema ocasionada por los delitos ambientales, las y los senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa para reformar diversos artículos del Código Penal Federal para incrementar las penas asociadas a estos delitos.
Agregaron que este incremento en las penas ambientales busca, además, reflejar la gravedad de los daños causados, que afectan no solo al entorno natural, sino también a la salud y el bienestar de los seres humanos.
Detallaron que los delitos ambientales no solo generan un daño directo al medio ambiente, sino que también tienen un impacto colectivo sobre la humanidad, además de que los recursos naturales son esenciales para la supervivencia humana, y cualquier alteración o destrucción de estos pone en riesgo nuestra existencia, por lo que los delitos ambientales, aunque en apariencia puedan parecer menores, afectan a la población en general e incluso pueden perjudicar la salud y la vida de las personas.
Aseguraron que los delitos ambientales suelen ser subestimados, y se minimizan tanto sus implicaciones como los costos derivados de los daños causados, los cuales son invaluables. Por ejemplo, hay delitos ambientales cuyos costos no pueden ser evaluados adecuadamente, debido a la magnitud de sus impactos inmediatos y las potenciales consecuencias a largo plazo, que pueden ocasionar daños irreversibles al ecosistema.
Por ello, insistieron en que para prevenir y mitigar estos delitos, las sanciones deben ser incrementadas con la finalidad de incentivar una mayor responsabilidad e inhibir la comisión de delitos que dañan el equilibrio ecológico y, en consecuencia, afectan directamente a la humanidad.
Reconocieron que México cuenta con diversas leyes que identifican las infracciones contra el ambiente, por ejemplo, en el Código Penal Federal se incluyen diversos delitos en esta materia para castigar con penas de prisión y sanciones económicas a quien o quienes cometan un delito contra el ambiente.
Sin embargo, aseguraron que a pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades de los tres niveles de gobierno en conjunto con algunas organizaciones sociales, tanto para proteger y conservar los bosques, frenar la tala clandestina, prevenir y controlar los incendios forestales, el resultado no ha sido suficiente ya que los delitos continúan.
- El legislador plantea incrementar en una mitad la sanción actual contra bandas delictivas que utilizan la tecnología para facilitar sus delitos
Hasta 15 años de prisión contra bandas delictivas que utilizan sistemas de viodeovigilancia para cometer ilícitos, propuso el diputado Juan Luis Carrillo Soberanis, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, lo que permitirá fortalecer el marco jurídico en materia de seguridad y combatir con mayor eficacia las estrategias de control territorial empleadas por grupos de la delincuencia organizada.
El legislador ecologista planteó reformar el artículo 164 del Código Penal Federal (CPF), a fin de incrementar en una mitad, la sanción penal prevista para el delito de que se trate, “cuando en su comisión se utilice, instale o se valga de sistemas de videovigilancia o cualquier otro medio de captación, grabación o transmisión de imágenes, sonidos o datos, con el propósito de facilitar la comisión del delito, evadir la acción de la justicia, o generar un clima de intimidación o inseguridad pública”.
La Ley actual señala que se impondrá prisión de cinco a diez años y de 100 a 300 días de multa al que forme parte de una asociación o banda de tres o más personas con propósito de delinquir, por lo que, con la propuesta del diputado Carrillo Soberanis, la sanción aumentaría hasta 15 años de cárcel y multa de hasta 450 días a quienes utilicen la videovigilancia para cometer sus ilícitos.
En su propuesta, el diputado del Partido Verde, resaltó que lamentablemente, en los últimos años, el crimen organizado ha experimentado una preocupante evolución, no solo diversificando sus actividades ilícitas, sino también incrementando significativamente su capacidad operativa, pero sobre todo tecnológica. Un claro ejemplo de esta tendencia es el uso extendido de sistemas de videovigilancia por parte de grupos delictivos, quienes han logrado instalar y operar redes de cámaras clandestinas para monitorear a autoridades, fuerzas de seguridad y a la propia población civil.
Señaló que, de acuerdo con datos del Gabinete de Seguridad, se tiene registro de que estas bandas criminales han establecido sistemas de videovigilancia en al menos 23 entidades federativas del país. Esta capacidad de espionaje y control territorial refleja el alto nivel de sofisticación que han alcanzado y representa un grave desafío para las instituciones de seguridad pública, así como una amenaza directa a la gobernabilidad y al Estado de derecho.
Comentó que, frente a un entorno en constante transformación, caracterizado por la creciente sofisticación del crimen organizado, el uso indebido de tecnologías y la expansión de redes delictivas, es indispensableque las instituciones de seguridad actúen con visión estratégica, capacidad de innovación y un enfoque centrado en la prevención, la inteligencia y la cooperación interinstitucional. “Solo así se podrá garantizar una respuesta efectiva y sostenida que fortalezca el Estado de derecho y recupere la confianza de la ciudadanía en sus instituciones”, dijo.
Añadió que el uso de tecnologías por las autoridades en materia de seguridad pública es esencial para enfrentar los grandes desafíos en esta materia, por ello, “no podemos permitir que grupos delictivos se apropien de estas herramientas con el fin de debilitar la capacidad operativa y tecnológica del Estado, de ahí la presente propuesta cuyo objetivo fundamental es sancionar severamente el uso de cámaras de videovigilancia por parte del crimen organizado”.