Con la finalidad de promover un turismo sostenible e incluyente, que maximice sus beneficios económicos y sociales, pero que mitigue sus impactos negativos y garantice un desarrollo equilibrado y de largo plazo, las y los senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa para facultar a la Secretaria de Turismo para que realice estudios y análisis para evaluar los efectos e impactos sociales, económicos y ambientales del turismo en las poblaciones o localidades donde se desarrolla esta actividad.
Destacaron que según cifras del el Barómetro ONU Turismo, México fue uno de los países que lideraron el crecimiento del turismo mundial entre los grandes destinos en la primera mitad de 2025, con un crecimiento del 7 por ciento.
Recalcaron que la contribución de este sector es altamente significativa en la generación de empleos, tanto directos como indirectos, además de que representa una fuente esencial de ingreso familiar y de divisas, fortalece la balanza de pagos y dinamiza las economías locales y regionales.
Sin embargo, reconocieron que el desarrollo turístico también plantea retos y externalidades negativas que deben ser atendidas de manera oportuna y responsable. Apuntaron que un crecimiento desordenado del turismo o sin planeación y evaluación puede generar daños sociales, económicos y ambientales que afectan la sostenibilidad de los destinos.
Entre estos problemas, destacan la presión sobre los recursos naturales, la contaminación, la degradación de ecosistemas, la pérdida de biodiversidad, además de fenómenos sociales como la gentrificación, que precariza el trabajo, encarece los servicios, la vivienda y genera desplazamiento de las poblaciones originarias.
Añadieron que en los últimos años, la gentrificación de turistas incluso trasnacionales ha proliferado gracias a la utilización de plataformas digitales de hospedaje entre particulares, como Airbnb, fenómeno que aún no cuenta con estudios gubernamentales que evalúen de manera puntual sus impactos sociales y económicos.
Revelaron que en nuestro país existen tres observatorios de turismo en Guanajuato, Nuevo León y Tlaxcala, donde se integra información que permite el monitoreo y análisis de indicadores técnicos para el desarrollo de estrategias que contribuyan a mejorar la competitividad del estado destino y a la toma de decisiones, sin embargo, solamente un pequeño porcentaje de los datos es público en la plataforma web, mientras que el resto de los indicadores se mantienen a través de un registro de base de datos que no está disponible.
Destacaron que si bien han existido diversas estrategias y planes para el desarrollo de un turismo sustentable, los costos totales por agotamiento y degradación ambiental (GTADA) siguen siendo altos, por ello insistieron en la necesidad de correlacionar los datos y necesidades a la política nacional de turismo para desarrollar acciones y estrategias que minimicen los impactos negativos de la actividad turística.
En este sentido, consideraron imprescindible que los programas sectorial, municipal y local de turismo cuenten con estudios y evaluaciones sobre los efectos e impactos sociales, económicos y ambientales en las poblaciones o localidades donde se desarrolla la actividad turística.
Con el propósito de regular la sobreventa de boletos en el transporte aéreo comercial y fortalecer la protección de los derechos de las y los pasajeros, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM) presentó una iniciativa para reformar y adicionar el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil.
El diputado Ricardo Madrid Pérez explicó que su propuesta establece medidas claras para los casos en que se expidan boletos en exceso a la capacidad disponible de una aeronave, situación que puede derivar en la denegación del embarque; por ello, propone que el pasajero afectado tenga derecho a elegir entre tres opciones compensatorias.
La primera opción consiste en el reembolso total del precio del boleto o de la parte proporcional no utilizada del viaje, además de una indemnización equivalente al 100 por ciento del costo del mismo, con el objetivo de resarcir de manera justa el perjuicio ocasionado.
En la Ciudad de México, escapar de la violencia no siempre es una opción y más cuando eso significa dejar a quien más aman: sus mascotas.
Por ello, la diputada Yolanda García lanzó una propuesta urgente que pone sobre la mesa una realidad que duele,
mujeres, niñas y niños siguen atrapados en círculos de violencia por no poder llevar consigo a sus animales de compañía.
Y es que las cifras estremecen, menos del 20% de los refugiosen nuestro país aceptan mascotas, el 48% de las víctimas retrasa su salida con el fin de no abandonarlas y es que enmás del 70% de los casos, los agresores amenazan o lastiman a los animales para controlar a la víctima.
En la capital del país, el panorama no es menor. Tan solo en 2024 se registraron 71 feminicidios, y para finales de 2025 ya se contaban al menos 30 más. Una crisis que no distingue colonias ni niveles sociales.
Frente a este panorama se encendieron las alertas:
ningún refugio público en la ciudad cuenta con los protocolos adecuados para recibir a mujeres con sus mascotas.
Sí, aunque existan espacios de protección, hay puertas que siguen cerradas, por eso, la propuesta es clara:
modificar las reglas de refugios, casas de emergencia y espacios de atención para que las víctimas puedan ingresar con sus animales de compañía.
Esta iniciativa busca sumar a la Ciudad de México a un movimiento internacional que ya está cambiando vidas: "Collar Púrpura", cuyo objetivo es que ninguna mujer tenga que elegir entre su seguridad y el vínculo con su mascota.
Porque no se trata de un detalle menor.
Se trata de una decisión que puede salvar vidas.
Hoy, el mensaje es contundente:
cuando una mujer huye de la violencia, lo hace con miedo y urgencia
y obligarla a abandonar a su mascota es dejarla sola otra vez.
La exigencia está sobre la mesa:
una ciudad que protege de verdad no deja a nadie atrás.