• La propuesta Verde abona a la iniciativa que en días pasados envió la jefa de gobierno, Clara Brugada, al Congreso local, para regular el uso de Vehículos motorizados Eléctricos Personales (Vemepe)

Debido a que la movilidad es un derecho que influye en la mejora de la calidad de vida de las personas que habitan esta ciudad y en su bienestar, la legisladora ambientalista, Rebeca Peralta León, busca el reconocimiento jurídico de la micromovilidad en la Ley de Movilidad capitalina, mediante una iniciativa que presentó el pasado mes de marzo.

La legisladora local aseguró que la incorporación en la legislación local de estos medios de transporte permitirá establecer reglas claras sobre la forma en cómo deben circular de acuerdo al lugar que ocupan dentro de la jerarquía de movilidad; y al mismo tiempo, incentivar el desarrollo de políticas públicas que fortalezcan el desarrollo de infraestructura urbana que permita su uso en un escenario de respeto mutuo entre peatones, ciclistas, transporte público y transporte particular.

La diputada Peralta León señaló que, si bien la Ley de Movilidad define a los vehículos no motorizados, y dentro de estos se incluye a los vehículos de propulsión eléctrica, aun no se ha considerado la regulación específica de estos medios de transporte y, sobre todo, no se ha reconocido a la micromovildiad como un elemento del Sistema de Movilidad, lo que incluso implica un déficit en la infraestructura en donde circulan.

“Los vehículos incluidos dentro de la micromovilidad, como los patines y bicicletas eléctricas, se caracterizan por su sostenibilidad medioambiental, ya que, por su propia ligereza y su propulsión humana y/o eléctrica, tienen un bajo impacto, generan menor nivel de ruido y no producen emisiones contaminantes durante su uso”, aseguró la congresista local, Rebeca Peralta.

Cabe señalar que esta propuesta legislativa del Partido Verde que se encuentra en la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial del poder legislativo local, abonará a la iniciativa que hace unos días envió la jefa de gobierno, Clara Brugada, al Congreso de la Ciudad de México, con el objetivo de establecer en la Ley de Movilidad local, la obligación de quienes utilizan vehículos motorizados Eléctricos Personales (Vemepe) de portar licencia de conducir específica para este medio de transporte.

• Afirmó que es necesario establecer mecanismos eficientes y eficaces que garanticen el cumplimiento de la obligación alimentaria con nuestros menores de edad.

Con la finalidad de garantizar que se cumpla con el principio del interés superior de la niñez, así como evitar una forma de violencia contra las mujeres como es la económica, la senadora Rocío Corona Nakamura presentó una iniciativa para elevar las penas a quien abandone a sus hijos o a su cónyuge y los deje sin recursos para atender a sus necesidades de subsistencia, así como elevar penas y multas a quien dolosamente se coloque en estado de insolvencia para no cumplir con las obligaciones alimentarias que la ley determina.

La senadora apuntó que en nuestro país “son múltiples y muy diversas las amenazas que atentan en contra de las mujeres que habitamos este país, donde a veces parecen infinitas las formas de violencia que nos afectan no solo a nosotras sino también incluso a nuestras hijas e hijos por igual”, como es el caso del abandono de cónyuge y/o de sus hijos.

Sin embargo, lamentó que a pesar de ser un derecho para toda hija e hijo plasmado en nuestras leyes, “hay situaciones cada vez más recurrentes en las cuales, muchos de nuestros menores de edad no reciben esos recursos necesarios, y es precisamente ese pendiente que no podemos posponer más”, enfatizó.

Reconoció que cada vez hay más casos en los cuales el padre se desentiende de la obligación alimentaria que tienen con sus hijas o hijos, ya sea de manera completa o parcial y muchas veces contraviniendo incluso, un mandato judicial, lo cual además sucede con total impunidad y sin ninguna consecuencia por la falta cometida.

Y es que, explicó que solo se castiga la ausencia total del padre, pero nada explícito y concreto sobre el desentendimiento del pago de la pensión alimentaria, por lo que los vacíos legales en nuestros ordenamientos, “permiten se dañe no solo a nuestros menores de edad sino también a sus madres”, aseguró, ya que dan pauta a que mañosamente los padres tengan muchas formas de evadir esta obligación, convirtiendo este acto, en una forma más de violencia en contra de sus hijas o hijos y a su vez de la madre de ellos.

Por ello, insistió en que es “necesario establecer mecanismos eficientes y eficaces que garanticen el cumplimiento de esa obligación alimentaria con nuestros menores de edad y proveer de certeza jurídica y los mecanismos legales, necesarios y contundentes, para sancionar con ejemplaridad esos casos de incumplimiento”.