Con el objetivo de establecer las bases jurídicas necesarias para promover un desarrollo turístico más justo, inclusivo y sostenible, la diputada Ciria Yamile Salomón Durán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, propuso reformar la Ley General de Turismo para que localidades con riqueza natural y cultural, particularmente aquellas con fuerte presencia indígena, desarrollen sus propios proyectos turísticos con el respaldo de los tres niveles de gobierno.
La diputada Salomón Durán explicó que esta iniciativa plantea incorporar en el catálogo de conceptos de la Ley General de Turismo la figura del “turismo alternativo indígena”. “Esta categoría representa una herramienta legal y conceptual que permitirá reconocer y fomentar modelos turísticos impulsados por comunidades originarias, las cuales enfrentan múltiples vulnerabilidades históricas y contemporáneas, pero que poseen un alto potencial para ofrecer experiencias únicas y auténticas al turismo nacional e internacional”, afirmó.
Asimismo, señaló que, de acuerdo con el Compendio de Estadísticas Ambientales de la Semarnat, el turismo alternativo comprende aquellas actividades recreativas realizadas en contacto directo con la naturaleza y las expresiones culturales, con respeto y compromiso hacia su conservación. A partir de esta definición, el turismo alternativo indígena se perfila como una expresión del turismo sustentable, al reunir elementos tanto ecológicos como culturales dentro de su práctica.
“Al no tratarse de un turismo masivo, las actividades se llevan a cabo en pequeña escala, lo que permite que los beneficios económicos permanezcan dentro de las comunidades, fortaleciendo su desarrollo local y generando inclusión social”, resaltó la legisladora.
La legisladora explicó que además de su impacto económico, el turismo alternativo indígena representa una alternativa viable para contrarrestar el deterioro de los modelos productivos tradicionales en el entorno rural. Frente a los efectos de la globalización, este tipo de turismo puede convertirse en un motor de recuperación para regiones marginadas, al mismo tiempo que preserva y promueve el patrimonio natural y cultural de los pueblos originarios de México.
En este sentido, Salomón Durán resaltó que la incorporación del concepto de “turismo alternativo indígena” en la legislación nacional es un paso fundamental hacia la construcción de un turismo más equitativo y sostenible. “Esta medida no solo permitiría ampliar las oportunidades para los pueblos indígenas, sino que también abriría camino a una forma de desarrollo que reconozca su valor, conserve su identidad y repare, en parte, la deuda histórica que el Estado mexicano tiene con ellos”, puntualizó.
El senador Gilberto Hernández Villafuerte presentó una iniciativa que busca establecer un marco normativo que impulse y regule la transición hacia la electromovilidad en México, garantizando su implementación efectiva a través de medidas que fomenten el uso de tecnologías limpias en el transporte público y privado.
Aseguró que la transición hacia vehículos eléctricos es indispensable para luchar contra la crisis climática, además de que la transición hacia vehículos eléctricos es una realidad inminente y una necesidad urgente para mitigar los riesgos asociados al aumento de gases de efecto invernadero (GEI), a los que dijo, el sector transporte contribuye significativamente con una cuarta parte de estas emisiones a nivel mundial.
Añadió que según el reporte de Electromovilidad de las Naciones Unidas de 2019, en Latinoamérica, el sector transporte es responsable del 22 por ciento de las emisiones contaminantes y del 15 por ciento de los gases de efecto invernadero, por lo que afirmó que “es necesario instrumentar una estrategia de electrificación de la flota y movilidad sustentable integral que contemple los distintos medios de transporte y se acompañe de una producción baja en carbono de electricidad e hidrógeno”.
Subrayó que “la transición hacia la movilidad eléctrica no solo es una necesidad ambiental, sino una oportunidad para mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos”., además dijo que la adopción de la electromovilidad no solo representa un avance en la reducción del impacto ambiental, sino que también conlleva beneficios económicos sustanciales, ya que con el desarrollo de la infraestructura de recarga y la reducción en los costos de producción de vehículos eléctricos, tanto consumidores como empresas pueden aprovechar ahorros en combustible, mantenimiento y operación.
Por ello, hizo énfasis en que se deben desarrollar estrategias para reducir la demanda de transporte, fortalecer la infraestructura peatonal y ciclista, ampliar la red de estaciones de recarga y fomentar el uso de transporte eléctrico tanto público como privado.
Explicó que su propuesta busca la creación de un marco jurídico sólido que garantice la implementación eficiente de la movilidad eléctrica; incentivos fiscales y no fiscales para fomentar la adquisición de vehículos eléctricos y la renovación del parque vehicular; la expansión de la red de estaciones de recarga para hacer viable el uso masivo de vehículos eléctricos; y el impulso a la generación de energías limpias a precios competitivos.
Con el fin de nivelar las condiciones laborales a que se enfrentan las mujeres antes y después del parto, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), en la Cámara de Diputados propuso reformar el artículo 123, fracción V de la Constitución Política, para ampliar la licencia de maternidad de seis a siete semanas antes de la fecha aproximada del parto y aumentar a 14 semanas el periodo posterior a éste, que en la actualidad es de seis semanas.
Lo anterior, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo, así como los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos.
La propuesta del diputado ecologista Mario Alberto López Hernández, considera importante ampliar estos períodos de licencia ya que nivela las condiciones laborales para las mujeres, quienes muchas veces, deben elegir entre mantener su nivel de productividad en el trabajo y continuar amamantando, con los desafíos que ello genera.
“Ninguna mujer tendría que elegir entre ser mamá y su desarrollo profesional, no deben de ser mutuamente excluyentes estas dos actividades, de ahí la importancia de esta iniciativa que pretende reformar las leyes que permitan a las mujeres decidir libremente si quieren lactar a su bebé, sin preocuparse por el trabajo”, dijo.
Destacó que México se encuentra rezagado en esta materia a nivel mundial, ya que no se encuentra alineado, ni ha ratificado el Convenio sobre la protección de la maternidad (Convenio 183) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el que se establece un estándar mínimo del derecho a una licencia de maternidad de al menos catorce semanas, y recomienda que se aumenten hasta 21 semanas, para asegurar que el descanso y la recuperación sean adecuados.
De ahí, dijo, la necesidad de ampliar en el país, el periodo de licencia a 21 semanas, y especificar el derecho de la mujer a elegir libremente cuándo tomará la parte no obligatoria de su licencia de maternidad, antes o después del parto. Igualmente, agregó, es muy importante homologar el periodo de licencia de maternidad en el artículo 170, fracción II en la Ley Federal del Trabajo, puesto que, la licencia de maternidad brinda ciertos beneficios que impactan en el cuidado de la salud de la madre y el bebé, así como un impacto positivo en las finanzas personales.
El diputado del Partido Verde destacó que, en México, el 41.9% de la población vive en pobreza, y las mujeres son las más afectadas por esta condición. En este contexto, las mujeres que deciden ser madres enfrentan enormes dificultades para proporcionarles a sus hijos una vida digna, y, en muchos casos, deben elegir entre mantener a su familia con recursos limitados o acceder a una educación adecuada para sus hijos.
Ante ello, explicó que la licencia de maternidad en México, es un derecho laboral que busca proteger a las mujeres trabajadoras durante y después del embarazo, asegurando su bienestar y el de su hijo en los primeros meses de vida, así como garantizando la estabilidad en su empleo. Aunque se han tenido avances importantes en los últimos años, la implementación y el acceso a este derecho siguen siendo un tema relevante y, en muchos casos, controvertido, ya que afecta a millones de mujeres en su vida profesional y personal.
Indicó que por ello, la propuesta de ampliar la licencia por maternidad, habla de una situación de salud pública, que puede modificar el futuro de una persona, ya que la lactancia materna tiene muchos beneficios tanto en términos de salud, como en términos de desarrollo, siendo que protege a los bebés de enfermedades infecciosas, y mejora su salud en el corto plazo porque refuerzan su sistema inmunológico y también reduce el riesgo de mortalidad durante los primeros años, a largo plazo (vida adulta), ya que previene el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles, así como de sobrepeso y obesidad.
Además, añadió que la interacción temprana entre una madre y su bebé durante el primer año posparto se centra en la respuesta emocional materna, un factor determinante en la formación del vínculo materno-infantil. “Este vínculo es un mediador clave en el desarrollo psicosocial del infante. Su alteración se asocia con consecuencias significativas a nivel cognitivo, social y de salud mental, además de aumentar el riesgo de maltrato, abuso infantil e incluso infanticidio”, destacó.--