Con el fin de nivelar las condiciones laborales a que se enfrentan las mujeres antes y después del parto, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), en la Cámara de Diputados propuso reformar el artículo 123, fracción V de la Constitución Política, para ampliar la licencia de maternidad de seis a siete semanas antes de la fecha aproximada del parto y aumentar a 14 semanas el periodo posterior a éste, que en la actualidad es de seis semanas.
Lo anterior, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo, así como los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos.
La propuesta del diputado ecologista Mario Alberto López Hernández, considera importante ampliar estos períodos de licencia ya que nivela las condiciones laborales para las mujeres, quienes muchas veces, deben elegir entre mantener su nivel de productividad en el trabajo y continuar amamantando, con los desafíos que ello genera.
“Ninguna mujer tendría que elegir entre ser mamá y su desarrollo profesional, no deben de ser mutuamente excluyentes estas dos actividades, de ahí la importancia de esta iniciativa que pretende reformar las leyes que permitan a las mujeres decidir libremente si quieren lactar a su bebé, sin preocuparse por el trabajo”, dijo.
Destacó que México se encuentra rezagado en esta materia a nivel mundial, ya que no se encuentra alineado, ni ha ratificado el Convenio sobre la protección de la maternidad (Convenio 183) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el que se establece un estándar mínimo del derecho a una licencia de maternidad de al menos catorce semanas, y recomienda que se aumenten hasta 21 semanas, para asegurar que el descanso y la recuperación sean adecuados.
De ahí, dijo, la necesidad de ampliar en el país, el periodo de licencia a 21 semanas, y especificar el derecho de la mujer a elegir libremente cuándo tomará la parte no obligatoria de su licencia de maternidad, antes o después del parto. Igualmente, agregó, es muy importante homologar el periodo de licencia de maternidad en el artículo 170, fracción II en la Ley Federal del Trabajo, puesto que, la licencia de maternidad brinda ciertos beneficios que impactan en el cuidado de la salud de la madre y el bebé, así como un impacto positivo en las finanzas personales.
El diputado del Partido Verde destacó que, en México, el 41.9% de la población vive en pobreza, y las mujeres son las más afectadas por esta condición. En este contexto, las mujeres que deciden ser madres enfrentan enormes dificultades para proporcionarles a sus hijos una vida digna, y, en muchos casos, deben elegir entre mantener a su familia con recursos limitados o acceder a una educación adecuada para sus hijos.
Ante ello, explicó que la licencia de maternidad en México, es un derecho laboral que busca proteger a las mujeres trabajadoras durante y después del embarazo, asegurando su bienestar y el de su hijo en los primeros meses de vida, así como garantizando la estabilidad en su empleo. Aunque se han tenido avances importantes en los últimos años, la implementación y el acceso a este derecho siguen siendo un tema relevante y, en muchos casos, controvertido, ya que afecta a millones de mujeres en su vida profesional y personal.
Indicó que por ello, la propuesta de ampliar la licencia por maternidad, habla de una situación de salud pública, que puede modificar el futuro de una persona, ya que la lactancia materna tiene muchos beneficios tanto en términos de salud, como en términos de desarrollo, siendo que protege a los bebés de enfermedades infecciosas, y mejora su salud en el corto plazo porque refuerzan su sistema inmunológico y también reduce el riesgo de mortalidad durante los primeros años, a largo plazo (vida adulta), ya que previene el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles, así como de sobrepeso y obesidad.
Además, añadió que la interacción temprana entre una madre y su bebé durante el primer año posparto se centra en la respuesta emocional materna, un factor determinante en la formación del vínculo materno-infantil. “Este vínculo es un mediador clave en el desarrollo psicosocial del infante. Su alteración se asocia con consecuencias significativas a nivel cognitivo, social y de salud mental, además de aumentar el riesgo de maltrato, abuso infantil e incluso infanticidio”, destacó.--
La senadora del Partido Verde Ecologista de México, Rocío Corona Nakamura, presentó una iniciativa para reformar el artículo 10 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el objetivo de impedir que personas con antecedentes de violencia familiar, delitos sexuales o deudores alimentarios accedan a cargos de elección popular.
La legisladora destacó que, aunque en 2023 se incorporó en la Constitución la prohibición para que agresores sean candidatos, es indispensable armonizar la legislación secundaria para que estos criterios sean vinculantes en todos los niveles del proceso electoral. "Queremos que la '3 de 3 contra la violencia' no sea letra muerta, sino un requisito firme, ineludible y verificable", puntualizó.
Asimismo, indicó que la reforma busca incorporar tres nuevos requisitos legales: no haber sido sancionado por violencia familiar o de género, por delitos sexuales o por incumplir obligaciones alimentarias. "Esto evitaría que candidatos con antecedentes de violencia lleguen al Congreso o a otros cargos públicos, garantizando una representación política libre de agresores", destacó
Según cifras oficiales, entre 2020 y 2021 se registraron 416 secuestros de mujeres y 957 casos de trata. Tan solo en 2021, se presentaron 21 mil 188 denuncias por el delito de violación contra mujeres. Además, el 86 por ciento del territorio nacional se encuentra bajo alerta de violencia feminicida y desaparición de mujeres y niñas.
"Lo que está en juego no es solo la igualdad de oportunidades para las mujeres, sino también la vida y la integridad de miles de niñas, adolescentes y mujeres mexicanas", advirtió la senadora.
La senadora destacó que, a pesar de los avances como la elección de la doctora Claudia Sheinbaum como la primera mujer presidenta de México, persisten graves problemas de violencia e inequidad contra las mujeres.
"Desafortunadamente, persisten problemas de violencia, vulnerabilidad, inseguridad, rezago y marginación. Por ello, es imprescindible garantizar nuestro acceso seguro y firme a los lugares de toma de decisiones en el país, así como a los cargos de representación popular, sin ningún tipo de condicionamiento", externó.
Finalmente, Corona Nakamura insistió en que su propuesta busca garantizar candidaturas libres de agresores y avanzar hacia una verdadera igualdad y paridad efectiva. "No más agresores como representantes populares ni en cargos públicos. No más, un sistema electoral que nos revictimice", afirmó.
Con el objetivo de establecer la obligación de las compañías de telefonía móvil de implementar mecanismos que prevengan, detecten y colaboren en la persecución de ciberdelitos, la diputada del Partido Verde, Claudia Sánchez Juárez, propuso reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como el Código Penal Federal.
La diputada Sánchez Juárez explicó que su propuesta tiene como finalidad crear un marco legal que exija a las empresas de telefonía celular la instalación de sistemas de monitoreo y alertas para identificar actividades fraudulentas en sus redes.
Además, se plantea que estas compañías colaboren de manera inmediata con las autoridades competentes, proporcionando información relevante para la investigación de delitos cibernéticos en un plazo no mayor a 48 horas.
La iniciativa también incluye la imposición de sanciones económicas y administrativas severas, con multas que podrían alcanzar hasta el 5% de los ingresos anuales de las empresas, así como la suspensión de operaciones y, en casos de omisión reiterada, la revocación de concesiones.
Otro aspecto destacado en la propuesta es la obligatoriedad de geolocalizar los dispositivos utilizados para cometer delitos cibernéticos, lo que facilitaría la identificación y captura de los responsables. Asimismo, se busca garantizar la protección de los datos personales y financieros de los usuarios.
La diputada también sugiere el lanzamiento de campañas de concientización sobre ciberseguridad, en colaboración con el Gobierno federal, para educar a la población sobre los riesgos y las mejores prácticas para prevenir ataques cibernéticos.
"Es fundamental que tomemos medidas efectivas para proteger a los mexicanos. Es inaceptable que los ciberdelincuentes utilicen las redes de telefonía móvil como plataformas para llevar a cabo fraudes, extorsiones y distribuir contenido ilícito, sin que haya un mecanismo eficiente de monitoreo ni una respuesta inmediata por parte de las empresas de telecomunicaciones", enfatizó Sánchez Juárez.
Además, destacó que México ocupa el segundo lugar en América Latina en cuanto a ciberataques, solo superado por Brasil, y que cada año se registran más de 80 mil millones de intentos de ataques cibernéticos en el país.
"Con esta propuesta, el Partido Verde busca fortalecer la seguridad digital de los mexicanos, proporcionando herramientas legales y operativas a las autoridades para combatir los ciberdelitos y proteger la integridad y privacidad de los usuarios de telefonía móvil", concluyó la legisladora.