¡La ciudad está creciendo, pero el campo está desapareciendo! dijo la diputada del PVEM CDMX, Paulina Pérez Córdova al presentar una iniciativa ante el Congreso CDMX, para proteger el patrimonio biocultural, y es que el crecimiento de la urbanización, la presión inmobiliaria, la contaminación del agua y el abandono de las zonas rurales están poniendo contra las cuerdas uno de los mayores tesoros de la Ciudad de México: su patrimonio biocultural, integrado no sólo por sus ecosistemas, sino también por las semillas, cultivos y prácticas agrícolas que durante generaciones han dado identidad y alimento a sus comunidades.
Ante esta amenaza, la diputada señaló que la contaminación y la pérdida de conocimientos tradicionales terminarán sepultando siglos de historia por ello la iniciativa plantea fortalecer la protección del patrimonio biocultural y dar mayores herramientas a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial para recibir y atender denuncias relacionadas con daños o amenazas a este patrimonio.
El planteamiento de la legisladora busca reconocer expresamente como patrimonio biocultural a las semillas nativas no modificadas y las prácticas agrícolas tradicionales, además de proteger cultivos fundamentales como maíz, frijol, chile, calabaza, amaranto y nopal. La propuesta también plantea proteger el material genético desarrollado durante generaciones y evitar su apropiación privada, así como establecer un banco de material genético y prohibir la siembra de semillas transgénicas en la Ciudad de México.
“No se trata solamente de defender plantas, se trata de defender nuestra identidad” dijo Pérez Córdova y añadió que detrás de cada semilla nativa existen conocimientos, técnicas de cultivo, tradiciones y formas de vida transmitidas de generación en generación. Si desaparecen los campos y se pierde ese conocimiento, también se pierde una parte de la historia de la capital”.
El Verde también propone ampliar las facultades de la PAOT para que pueda intervenir frente a amenazas contra el patrimonio cultural, natural y biocultural, y contempla que puedan aplicarse medidas como la suspensión o clausura de obras que afecten este patrimonio.
Para el Partido Verde, permitir que el crecimiento urbano termine arrasando con los espacios rurales, las semillas nativas y los conocimientos tradicionales sería condenar al olvido una parte fundamental de la identidad capitalina finalizó la diputada.
Ante el incremento de delitos de alto impacto en el estado de Morelos, la senadora Juanita Guerra Mena presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a las y los 36 presidentes municipales para que fortalezcan las estrategias de seguridad pública, prevención del delito y coordinación interinstitucional.
Explicó que el estado de Morelos enfrenta actualmente un preocupante incremento en los índices de inseguridad, reflejado en el aumento de delitos como el homicidio doloso, la extorsión, el robo con violencia, las desapariciones y otros actos delictivos de alto impacto que afectan la tranquilidad, el patrimonio y la integridad de la población.
En este contexto, las y los morelenses, demandan acciones eficaces y coordinadas por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para garantizar condiciones de paz, seguridad y Estado de derecho.
Detalló que diversos medios de comunicación han dado cuenta del incremento en actos delictivos en la entidad, como es el caso del periódico "La Jornada", que informó que durante los primeros cinco meses del año Morelos figura entre las entidades con mayores problemas de inseguridad en comparación con el resto del país, al ocupar el primer lugar en extorsión, el segundo en homicidio doloso, feminicidio, secuestro y robo de vehículo; y el cuarto en robo a casa habitación, esto según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Agregó que el periódico “El Universal” ha informado sobre diversos actos delictivos en el estado, como el asesinato en el centro de Temixco, Morelos de un abogado integrante de la Asociación de Litigantes Unidos de Morelos, A. C.; así como la ejecución de Yolanda “N”, ayudante municipal del poblado de Tepetzingo, realizado justo frente a la sede de la ayudantía municipal.
Agregó que el 22 de julio privaron de la vida a Valentín Lavín, presidente municipal de Temoac, Morelos, al interior de su presidencia municipal.
Además de estos ejemplos, la senadora recordó que en la entidad se han documentado gran cantidad de delitos de alto impacto en fechas recientes, por lo que insistió en la pertinencia de su llamado a atender esta preocupante situación ya que que la seguridad pública constituye una de las funciones esenciales del Estado mexicano y un derecho indispensable para el pleno ejercicio de las libertades y derechos fundamentales de la población.
Finalmente, insistió en que es indispensable que los gobiernos municipales fortalezcan sus estrategias de prevención, incrementen la presencia policial en las zonas con mayor incidencia delictiva, mejoren las condiciones laborales y operativas de sus elementos, impulsen acciones de proximidad social y consoliden una coordinación permanente con las autoridades estatales y federales para atender de manera integral la problemática de seguridad pública.
La senadora Juanita Guerra Mena presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos, a la Fiscalía General del Estado de Morelos, y a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos (ESAF), para que investiguen, auditen y deslinden responsabilidades por la desaparición de 34 motocarros y un camión Vactor, bienes propiedad del H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos.
Explicó que el "Diario de Morelos" dio a conocer que el Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, inició una investigación administrativa por la desaparición de 34 motocarros y un camión tipo Vactor, que forman parte del patrimonio municipal y cuya localización hasta este momento es desconocida.
Agregó que, de acuerdo con la información difundida, las autoridades municipales están integrando expedientes documentales, recopilando facturas, títulos de propiedad e inventarios para acreditar la existencia de dichas unidades y presentar las denuncias penales correspondientes contra quien o quienes resulten responsables.
Además de que se desarrolla una auditoría interna para determinar en qué momento desaparecieron los vehículos, cómo se perdió el control patrimonial de dichas unidades y quiénes fueron los servidores públicos responsables de su resguardo y administración.
Insistió en que cada uno de los vehículos desaparecidos representa recursos provenientes de las contribuciones de las y los ciudadanos, y que su ausencia implica un posible daño patrimonial al municipio, limita la capacidad operativa de la administración pública y genera dudas sobre la existencia de actos de corrupción, negligencia administrativa o posibles conductas delictivas.
Por ello, recalcó que urge la intervención de las autoridades de procuración de justicia, para que las investigaciones no se limiten únicamente al ámbito administrativo municipal, sino que se revisen todas las etapas relacionadas con la adquisición, inventario, resguardo, utilización y eventual desaparición de dichas unidades.
Finalmente, hizo énfasis en que la desaparición de estas unidades oficiales no puede considerarse un hecho menor ni un simple error administrativo ya que son bienes adquiridos con recursos públicos cuyo destino debía ser la prestación de servicios municipales indispensables para la población de Cuautla, Morelos.