- Morelos presenta una deficiencia de elementos policiales para garantizar adecuadamente la seguridad pública.
Con la finalidad de fortalecer la seguridad pública en el estado de Morelos, la senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde Ecologista de México, presentó un Punto de Acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la entidad, así como a las presidentas y los presidentes municipales de los 36 municipios, implementen acciones y estrategias para incrementar el número de elementos policiales, a fin de fortalecer el estado de fuerza y mejorar la capacidad operativa de las corporaciones de seguridad pública.
Explicó que Morelos enfrenta una problemática persistente en materia de seguridad, caracterizada por la incidencia de delitos de alto impacto, violencia comunitaria y hechos que generan una percepción de inseguridad entre la población, además de la insuficiencia del estado de fuerza policial, que limita la capacidad de prevención, vigilancia, reacción y proximidad social.
La senadora informó que de acuerdo con el portal de Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, diversos municipios del estado presentan un déficit de elementos policiacos en relación con el número de habitantes, ya que Morelos cuenta con 1.08 policías por cada mil habitantes, mientras que el Modelo Óptimo de Función Policial (MOFP) elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) recomienda 1.8 policías por cada mil habitantes, lo que implica que el estado opera con aproximadamente 60 por ciento del estándar recomendado.
En este sentido, afirmó que Morelos presenta una deficiencia de elementos policiales para garantizar adecuadamente la seguridad pública, lo que se traduce en jornadas excesivas para los elementos en activo, reducción de patrullajes, tiempos de respuesta prolongados y una menor presencia policial en colonias, comunidades y zonas rurales.
La senadora insistió en que el fortalecimiento de la seguridad pública requiere de más elementos policiales debidamente capacitados, certificados, equipados y con condiciones laborales dignas, que permitan un desempeño profesional y eficaz de sus funciones.
Finalmente, agregó que esto no sólo implica una mayor capacidad de reacción ante hechos delictivos, una mejora sustantiva en las tareas de prevención, disuasión del delito y proximidad social, sino que contribuye a reconstruir el tejido social y a generar confianza entre la ciudadanía y las instituciones de seguridad, por lo que insistió en la necesidad de que la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Morelos impulse estrategias integrales orientadas a la contratación, formación, profesionalización y permanencia de nuevos elementos policiacos.
- PVEM propone hasta 10 años de cárcel para quienes organicen fiestas clandestinas y lucren dando alcohol o drogas a menores de edad
Patios, bodegas y salones se están convirtiendo en antros clandestinos para menores; se anuncian por redes sociales, cobran entradas, reúnen a cientos de adolescentes, se realizan sin permisos, sin seguridad y, en algunos casos, con venta de alcohol y presencia de drogas.
Ante esta situación, el diputado Javier Ramos Franco del PVEM en el Congreso de la CDMX, mediante una iniciativa busca poner un alto, principalmente a quienes hacen negocios con estas fiestas y ponen en riesgo a jóvenes. “La propuesta plantea llevar el tema al Congreso de la Unión y endurecer las sanciones contra quienes organicen, promuevan o administren estos eventos” dijo el diputado.
Ramos Franco añadió que la pena puede llegar de siete a diez años de prisión, además de multas, para quienes utilicen estos lugares para obtener dinero mientras venden, suministran o facilitan alcohol, narcóticos u otras sustancias a menores de 18 años.
El problema es que estas fiestas ya no ocurren solamente en bares o antros. Ahora pueden organizarse en casas, bodegas, salones, quintas o incluso en la vía pública. Las convocatorias pueden hacerse por TikTok, Facebook, WhatsApp y otras plataformas; incluso, la ubicación puede mantenerse oculta o cambiarse a última hora para evitar que las autoridades lleguen.
Los casos documentados son alarmantes. En la Ciudad de México se han registrado fiestas clandestinas con cientos e incluso miles de adolescentes, además de casos de intoxicación, exceso de personas y falta de medidas básicas de seguridad.
El problema no es exclusivo de la capital hay documentos que señalan casos en Estado de México, Aguascalientes, Querétaro, Nuevo León, Baja California, Puebla y Chihuahua, donde autoridades han intervenido fiestas clandestinas con menores consumiendo alcohol y, en algunos casos, otras sustancias.
Javier Ramos Franco señaló que con esta iniciativa se plantea que la responsabilidad debe caer principalmente sobre los adultos que organizan, promueven, administran o lucran con estas fiestas, y no sobre los jóvenes, por lo que se busca cerrar ese vacío legal y dejar claro que no importa si la fiesta ocurre en una bodega, una casa o un salón: si hay negocio y se pone en riesgo a menores, debe haber consecuencias.
- El Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías fue sustituido por la nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, por lo que resulta indispensable realizar una revisión minuciosa a los ordenamientos vigentes para actualizarlos y armonizarlos con esta nueva Secretaría.
Con la finalidad de brindar garantías y certeza jurídica, la senadora Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde, propuso actualizar el texto de diversas leyes para armonizarlas con la actual estructura administrativa del país, particularmente en lo que se refiere a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.
La senadora explicó que los cambios o las reestructuraciones son comunes, habituales e incluso necesarias en la Administración Pública Federal para dotar a nuestras instituciones y dependencias de la vigencia necesaria para hacerle frente a los retos presentes y futuros.
En este sentido, recordó que el 26 de noviembre del 2024 se aprobó en la Cámara de Senadores, una reforma para ajustar la estructura administrativa del país y alinearla con objetivos y prioridades del gobierno, en la que, entre otras cosas se planteaba la creación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.
Recordó que el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías fue sustituido por la nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, por lo que la senadora indicó que resulta indispensable realizar una revisión minuciosa a los ordenamientos vigentes para actualizarlos y armonizarlos con esta nueva Secretaría.
Por ello, la senadora propuso los siguientes cambios para sustituir en su texto y funciones el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación:
Reformar los artículos 18 y 26 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; los artículos 16 y 107 de la Ley de Infraestructura de la Calidad; el artículo 22 de la Ley General de Vida Silvestre; los artículos 12 y 18 de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional; el artículo 7 de la Ley que Crea la Agencia Espacial Mexicana; los artículos 33, 35 y 135 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; el artículo 61 de la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible; los artículos 17, 45 y 46 de la Ley General de Cambio Climático; los artículos 17, 45 y 46 de la Ley General de Cambio Climático; los artículos 24, 49, 52 y 59 de la Ley General de Educación Superior; los artículos 97 y 99 de la Ley General de Salud; y finalmente el artículo 15 de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Finalmente, la senadora reiteró que la creación de esta nueva Secretaría no solo implica una reestructuración y ordenamiento, sino la reorganización de funciones o bien de organismos que antes operaban y que, por este cambio, desaparecen por lo que insistió en que este cambio se debe ver reflejado en cada uno de los ordenamientos a que haya lugar, no solo para efectos de actualización, sino de garantía y certeza jurídica.