- La iniciativa plantea crear un protocolo nacional y capacitar de manera periódica a personal educativo, de seguridad pública y protección civil para detectar señales de riesgo suicida, brindar contención y canalizar a servicios especializados.
Ciudad de México.— Ante el incremento de los suicidios en México, la senadora por Guanajuato, Virginia Magaña Fonseca, presentó una iniciativa para incorporar los primeros auxilios psicológicos a la Ley General de Salud, con el objetivo de fortalecer la prevención desde el primer momento en que una persona atraviesa una crisis.
La propuesta establece por primera vez en este ordenamiento, una definición y un mecanismo nacional de capacitación en primeros auxilios psicológicos orientados específicamente a la prevención del suicidio como los conocimientos y habilidades básicas para:
- Identificar señales de alarma de riesgo suicida.
- Brindar una primera respuesta de contención emocional.
- Canalizar oportunamente a la persona hacia servicios especializados de salud mental.
Para hacerlo posible, la propuesta establece que la Secretaría de Salud, en coordinación con Educación Pública, Protección Civil, las instancias de seguridad pública y los gobiernos estatales, diseñe un protocolo nacional de capacitación.
Además, plantea que el personal de primer contacto de los sectores educativo, de seguridad pública y de protección civil, tanto estatal como municipal, reciba esta capacitación de manera periódica.
“No estamos proponiendo que un maestro, un policía o un elemento de Protección Civil sustituya a un psicólogo. Estamos proponiendo que tenga las herramientas básicas para reconocer una señal de alarma, saber cómo responder y saber a dónde canalizar”, explicó Magaña.
La propuesta busca que la prevención no comience cuando una persona ya se encuentra en una emergencia, sino desde el primer contacto con alguien que presenta señales de riesgo.
"Los primeros auxilios psicológicos no sustituyen un tratamiento. Son una primera respuesta. La diferencia es que ahora queremos que esa primera respuesta tenga capacitación, protocolo y una ruta clara de canalización", señaló la senadora.
En México, la tasa de suicidio pasó de 4.9 a 6.8 por cada 100 mil habitantes entre 2013 y 2023. En ese último año se registraron 8mil 837 suicidios en el país. En Guanajuato, la tasa alcanzó 8.8 por cada 100 mil habitantes, por encima de la media nacional.
La situación entre adolescentes también requiere atención. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2022 (ENSANUT Continua 2022) para Guanajuato, 11.3% de las adolescentes reportó haberse hecho daño con la intención de quitarse la vida, frente a 0.5% de los hombres adolescentes.
Magaña subrayó que su iniciativa busca fortalecer esa capacidad de respuesta: que más personas sepan reconocer, contener y canalizar, sin sustituir en ningún momento la atención de los especialistas, porque cuidar la salud mental también es salvar vidas.
- El 27 de noviembre de 2024, presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en materia de contratación de seguros.
El senador Carlos Humberto Suárez Flores, del Partido Verde insistió en la urgencia de fortalecer el marco jurídico para garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder, en condiciones de igualdad y sin discriminación, a los seguros de salud y de vida, mediante la eliminación de barreras sociales, la implementación de ajustes razonables y la adopción de criterios objetivos para la evaluación de riesgos.
Para lograr este objetivo, recordó que el 27 de noviembre de 2024, presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en materia de contratación de seguros.
Agregó que su propuesta pretende que las aseguradoras se manejen con los principios de igualdad y no discriminación, que justifiquen debidamente cualquier negativa o trato diferenciado en la contratación de un seguro y que adopten políticas inclusivas y accesibles.
Explicó que aunque la iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictaminación, y debía ser dictaminada dentro de un plazo que no exceda de treinta días hábiles, a la fecha no se ha presentado ante el Pleno el dictamen correspondiente.
Por ello, explicó que su solicitud de excitativa se encuentra justificada, tanto por el vencimiento del plazo reglamentario como por la necesidad de dar continuidad al trámite legislativo del asunto, a fin de que las Comisiones competentes se pronuncien sobre su procedencia en el ámbito de sus respectivas atribuciones.
Detalló que según el Censo de Población y Vivienda 2020, 5. 7 por ciento de la población en México tiene algún tipo de discapacidad, por lo que su propuesta busca atender los derechos humanos y la inclusión social de este grupo, además plantea que las decisiones de las aseguradoras se sustenten en criterios objetivos de evaluación individual de riesgos y no en prejuicios o generalizaciones asociadas a la condición de discapacidad.
Finalmente, recalcó que el análisis y eventual dictaminación de la iniciativa permitirían al Senado valorar la suficiencia del marco jurídico vigente y, en su caso, fortalecer los mecanismos legales destinados a garantizar la igualdad sustantiva de las personas con discapacidad.
- La iniciativa presentada busca armonizar el texto de la ley para que refleje con mayor claridad que los retos ambientales y climáticos requieren trabajo coordinado entre instituciones, decisiones respaldadas por evidencia y una base técnica sólida para responder mejor.
Con la finalidad de contar con información para la elaboración de programas que fomenten la prevención, restauración, conservación y protección del ambiente, la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del Partido Verde, presentó una iniciativa para establecer que la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, participe mediante diversas acciones en la promoción de la generación de conocimientos estratégicos acerca de la naturaleza, la interacción entre los elementos de los ecosistemas, incluido el ser humano, la evolución y transformación de los mismos.
Explicó que su iniciativa pide incorporar expresamente a la Secretaría de Ciencia en los artículos 39 y 41 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), armonizando con ello el texto de la ley para que refleje con mayor claridad que los retos ambientales y climáticos requieren trabajo coordinado entre instituciones, decisiones respaldadas por evidencia y una base técnica sólida para responder mejor.
Aseguró que la intención de fortalecer esa coordinación no es abstracta, ya que el Sexto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático ha reiterado que el cambio climático, la biodiversidad, los ecosistemas y el bienestar humano forman un sistema estrechamente interdependiente, por lo que insistió en que la acción pública no puede mantenerse fragmentada entre sectores administrativos aislados ni limitarse a respuestas reactivas.
Agregó que su reforma también se justifica por la magnitud de los desafíos ambientales asociados a residuos, contaminación y economía circular. Por ejemplo, según datos del INEGI, diariamente se generan en nuestro país 108 mil 989 toneladas de residuos sólidos urbanos, lo cual implica una presión material sobre el territorio y la infraestructura de gestión, por lo que insistió en que urgen soluciones técnicas, trazabilidad, innovación en procesos, diseño de materiales y capacidades de monitoreo que no pueden desarrollarse sólo desde la gestión administrativa tradicional.
Finalmente, recalcó que al especificar la participación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación en la generación de conocimiento estratégico y en el fomento de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación con fines ambientales, su propuesta fortalece la capacidad del Estado mexicano para prevenir riesgos, restaurar ecosistemas, mejorar la educación ambiental y responder con mayor eficacia a la crisis ecológica y climática