En respuesta al creciente fenómeno de gentrificación en zonas emblemáticas de la capital, como la Roma, Condesa e Hipódromo, senadoras y senadores del Partido Verde en el Senado de la República exhortaron al Ejecutivo Federal y al Gobierno de la Ciudad de México a implementar acciones que regulen la especulación inmobiliaria derivada del hospedaje turístico digital y atiendan de forma integral este fenómeno que afecta a múltiples zonas de la capital.
Mediante un punto de acuerdo presentado en la Comisión Permanente, señalaron que la llegada masiva de nómadas digitales y el auge de plataformas de renta turística han encarecido los servicios, las rentas y alterando con ello el tejido social de barrios tradicionales y vulnerando derechos básicos como el acceso a una vivienda adecuada.
De acuerdo con ONU-Hábitat el aumento del turismo y la expansión de plataformas digitales de hospedaje están contribuyendo a este fenómeno, fomentando la especulación inmobiliaria y desplazando a las y los habitantes tradicionales de sus barrios.
En ese contexto, los legisladores solicitaron a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), a la Secretaría de Turismo (SECTUR) y a la Secretaría de Economía (SE) a coordinarse con el gobiernocapitalino para diseñar políticas públicas que frenen la especulación y favorezcan el arraigo comunitario.
Asimismo, condenaron los actos de xenofobia ocurridos durante las recientes protestas antigentrificación en la capital del país, por lo que llamaron a erradicar discursos de odio, y respaldaron el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum a combatir el fenómeno desde una perspectiva de cero discriminación.
“Manifestamos nuestra preocupación por el fenómeno de gentrificación que está ocurriendo en diversos destinos turísticos del país y particularmente, en la Ciudad de México. Se trata de un fenómeno complejo, que afecta diversos derechos humanos plasmados en la Constitución, como es el derecho a una vivienda adecuada”, subrayaron.
Finalmente, los integrantes de la bancada ecologista solicitaron la instalación de mesas de diálogo que incluyan a autoridades, ciudadanía y sector privado, con el fin de construir soluciones efectivas que ayuden a frenar esta problemática que amenaza la equidad, la diversidad y la vida urbana sostenible.
Con el objetivo de impulsar a las mujeres productoras del campo, reconociéndolas como grupo prioritario o preferente en los criterios, programas y mecanismos de apoyo de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, las y los senadores Gilberto Hernández, Virginia Magaña, Karen Castrejón, Waldo Fernández, Ruth González, Juanita Guerra, Virgilio Mendoza Amezua, Jorge Carlos Ramírez y Manuel Velasco, presentaron una iniciativa para impulsar a las mujeres productoras del campo y dejar de considerarlas únicamente como sector vulnerable.
Explicaron que aunque la Ley de Desarrollo Rural Sustentable reconoce la equidad de género y la participación de las mujeres en el medio rural, “prevalece una visión incompleta, que considera al género femenino como sector vulnerable, con necesidad de apoyos de subsistencia, pero no reconoce la importante contribución de las mujeres en las actividades agropecuarias, ni fomenta el desarrollo de su potencial productivo”.
Recordaron que históricamente, las mujeres han sido obligadas a dedicarse al cuidado del hogar y de la familia, por lo que se ha obstaculizado su participación en la toma de decisiones en todos los niveles, incluido el ámbito rural, en el que muchas mujeres del campo no tienen acceso a la propiedad de la tierra, al control de recursos para proyectos productivos y a ejercer cargos directivos de organizaciones sociales, entre otras limitaciones.
En este sentido, apuntaron que según el Censo Agropecuario 2022, el 31.6 por ciento de las mujeres rurales de 15 años y más, se insertan en alguna actividad económica, sin embargo, el 13.6 por ciento de ellas no recibe ningún pago por su actividad. Agregaron que de las personas que poseen un certificado parcelario como ejidatarias o comuneras, solamente el 26 por ciento son mujeres y sólo el 7.2 por ciento de los más de 10 mil ejidos y comunidades son presididos por mujeres.
Ante este panorama, los legisladores ecologistas reconocieron el papel imprescindible que desempeñan las mujeres rurales para el desarrollo agrícola y la seguridad alimentaria de nuestro país, pero lamentaron que enfrentan grandes rezagos en los ámbitos laborales, de participación y empoderamiento, tanto social como económico.
Por ello, insistieron en que se requiere voluntad política para eliminar las barreras legales, administrativas e ideológicas que obstaculizan el pleno desarrollo de las mujeres e impulsar su participación plena y efectiva en la producción del campo.
Finalmente, agregaron que con esta iniciativa también se busca incorporar a la Secretaría de las Mujeres en la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable.
Ante el acto de discriminación que se hizo viral el pasado fin de semana, el diputado del Partido Verde, Manuel Talayero Pariente solicitará a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX) investigar a Ximena Pichel “Lady Racista”, ciudadana argentina que insultó a un agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y expulsarla del país en caso de haber cometido el delito de vejación.
“Exhortaremos respetuosamente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a que, en el ámbito de sus atribuciones y con la mayor celeridad, lleve a cabo la investigación correspondiente sobre los hechos ocurridos en la colonia Hipódromo Condesa, Ciudad de México, en los que una mujer, presuntamente de nacionalidad argentina, agredió verbalmente a un agente de tránsito con expresiones de odio como: Odio a los negros como tú, pin… indio, y no me estés insultando, pin.. negro, cuando se le colocaba un inmovilizador (“araña”) a su vehículo por incumplir con el pago del parquímetro”, adelantó Talayero Pariente.
El legislador explicó que el punto de acuerdo es con el propósito de que se determine si dichos actos configuran los delitos de discriminación y vejación, previstos en el artículo 206 del Código Penal para el Distrito Federal, y, en su caso, se proceda conforme a derecho, incluyendo la solicitud ante el Instituto Nacional de Migración para la expulsión del país, en atención a que dichas conductas atentan contra la dignidad humana y comprometen el orden y la seguridad pública en nuestra Ciudad.
El congresista capitalino del Partido Verde argumentó que de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), el Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención.
Asimismo, Talayero Pariente destacó que de acuerdo con el artículo 144, fracción IV de la Ley de Migración, será deportado del territorio nacional el extranjero presentado que, cuando derivado de sus antecedentes en México o en el extranjero se comprometa la seguridad nacional o la seguridad pública.
“Si se confirma la nacionalidad extranjera (argentina) de “Lady Racista” y, como resultado de la carpeta de investigación, su conducta es tipificada mediante sentencia como delito de discriminación con pena de prisión, las autoridades mexicanas estarían facultadas para solicitar su expulsión del país como medida judicial o administrativa”, finalizó.