- La iniciativa establece plazos obligatorios para resolver las reclamaciones, pagar indemnizaciones y evitar que las personas sean enviadas de una dependencia a otra.
Con el propósito de garantizar que el derecho a la reparación del daño sea efectivo y no quede atrapado en la burocracia, la diputada del PVEM CDMX, Rebeca Peralta presentó una iniciativa para reformar la Ley de Responsabilidad Patrimonial de la Ciudad de México y crear el Procedimiento de Indemnización Exprés.
La legisladora señaló que, si bien la ley reconoce el derecho de las personas a ser indemnizadas cuando sufren daños ocasionados por la actividad administrativa irregular de los entes públicos, en la práctica los procedimientos son lentos, complejos y generan incertidumbre para quienes buscan justicia.
“No es aceptable que una persona, además de sufrir un daño provocado por una autoridad, tenga que enfrentar meses o años de trámites para obtener una respuesta. La justicia también debe ser oportuna, y el Estado tiene la obligación de reparar los daños que ocasiona con eficiencia, transparencia y responsabilidad”, afirmó la diputada.
De acuerdo con datos oficiales, entre 2011 y 2024 únicamente se registraron 97 indemnizaciones por responsabilidad patrimonial en la Ciudad de México, cifra que evidencia la necesidad de fortalecer el acceso efectivo a este derecho.
La propuesta incorpora un procedimiento con plazos definidos para agilizar la atención de las reclamaciones y brindar mayor certeza jurídica a la ciudadanía. Entre sus principales medidas destacan: Inspección del daño dentro de las 48 horas siguientes a la recepción de la reclamación, Emisión del dictamen técnico en un plazo máximo de 10 días hábiles, Resolución administrativa en un máximo de 22 días hábiles, Pago de la indemnización dentro de los cinco días hábiles posteriores a una resolución favorable, entre otros.
Peralta León destacó que la iniciativa busca colocar a las personas en el centro de la actuación gubernamental y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.
“Queremos que las personas tengan reglas claras, tiempos definidos y respuestas oportunas. Un gobierno responsable debe reparar los daños de manera pronta y efectiva. Ese es el objetivo de este Procedimiento de Indemnización Exprés”, concluyó.
- La propuesta busca sustituir la mención en el texto de la “Secretaría de la Función Pública” por “Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno”.
Con la finalidad de brindar certeza jurídica y permitir el debido cumplimiento de la encomienda de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la senadora Rocío Corona Nakamura presentó una iniciativa para reformar el artículo 72 de la citada Ley para sustituir la mención en el texto de la “Secretaría de la Función Pública” por “Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno”.
Recordó que el 26 de noviembre del 2024, se aprobó en la Cámara de Senadores, una reforma para ajustar la estructura administrativa del país y alinearla con objetivos y prioridades del gobierno, destacó que entre los cambios que proponía se planteaba la sustitución de la Secretaría de la Función Pública por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.
Sin embargo, aclaró que es necesario realizar una revisión a nuestros ordenamientos vigentes, para actualizarlos y armonizarlos con las funciones reorganizadas, con la finalidad de brindar certeza jurídica.
Específicamente destacó la importancia de sustituir el texto en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la cual tiene el objeto de regular la organización, operación y funcionamiento de las Institucionesde Seguros, Instituciones de Fianzas y Sociedades Mutualistas de Seguros, sus actividades y operaciones, así como las de los agentes de seguros y de fianzas, y demás participantes en las actividades aseguradoras y afianzadoras.
Finalmente, recalcó que no se trata únicamente de una propuesta de cambio de forma o de redacción, sino una reforma de fondo y beneficio jurídico y de certeza legal para este ordenamiento.
- Exhorta a las secretarías de Salud y de Educación Pública a prevenir el aislamiento social y sus efectos en la salud física, mental y social.
- En México, el 83.1% de la población de entre seis y 11 años usa internet, lo que equivale a 8 de cada 10 menores de edad.
Ante el creciente aislamiento social relacionado con el uso excesivo de dispositivos electrónicos y redes sociales, la senadora Rocío Corona Nakamura presentó un punto de acuerdo para exhortar a las secretarías de Salud y de Educación Pública a implementar campañas nacionales de prevención, detección, atención, vigilancia y concientización sobre los riesgos que estas tecnologías representan para la salud física, mental y social de niñas, niños y adolescentes.
La legisladora explicó que los dispositivos electrónicos representan una herramienta indispensable para la comunicación, el acceso a la información, la educación y el desarrollo social. Sin embargo, destacó que diversos estudios y especialistas han advertido que su uso desmedido favorece el sedentarismo, alteraciones del sueño, problemas visuales, ansiedad, depresión y otras afectaciones que impactan la salud pública, particularmente de la niñez y la adolescencia.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2024, en México 100.2 millones de personas utilizan internet. Además, el 90.4% de las personas usuarias lo emplea para acceder a redes sociales, el 93% para comunicarse y el 89% para entretenimiento.
La misma encuesta reporta que el 83.1% de la población de entre 6 y 11 años utiliza internet, lo que equivale a 8 de cada 10 menores de edad. Asimismo, el 95.1% de quienes tienen entre 12 a 17 años también son usuarios de esta tecnología, es decir, 9 de cada 10 adolescentes.
Por otra parte, Corona Nakamura señaló que, conforme al Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones, durante 2024 el 52.8% de las personas atendidas por problemas de salud mental lo hicieron por ansiedad y el 25.1% por depresión, situación que consideró especialmente preocupante ante el incremento del aislamiento social y sus consecuencias.
La legisladora explicó que la matrícula escolar en el país supera los 34.5 millones de estudiantes, por lo que consideró indispensable fortalecer las acciones preventivas desde el ámbito educativo y sanitario para proteger la salud de las nuevas generaciones.
Frente a estas cifras, Corona Nakamura indicó que el creciente uso de internet y redes sociales entre niñas, niños y adolescentes incrementa los riesgos para su salud física, mental y social, y advirtió que el aislamiento social se ha convertido en un problema de salud pública que exige atención inmediata.
Por ello, reiteró su llamado a las autoridades de salud y educación pública del país a implementar campañas de prevención, atención y concientización en los distintos niveles educativos, a con el objetivo de informar sobre los efectos de esta problemática y proteger el bienestar de la población infantil y juvenil.