- La ausencia de una cuota legal de empleo para personas con discapacidad y de mecanismos claros de acreditación, genera que la inclusión laboral formal dependa exclusivamente de la voluntad del empleador.
Para garantizar la inclusión laboral a personas con discapacidad, el senador Virgilio Mendoza Amezcua, del Partido Verde, presentó una iniciativa para establecer como obligación de las personas empleadoras destinar al menos el tres por ciento de las plazas de trabajo a este sector poblacional.
Explicó que la autoridad competente para verificar el cumplimiento de la cuota establecida será la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través de sus inspectores laborales; mientras que el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad fungirá como órgano técnico de apoyo en los procedimientos de certificación y acreditación de la discapacidad.
Argumentó que si bien México ha asumido compromisos internacionales firmes en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad, la realidad muestra una brecha estructural que la legislación vigente no ha logrado cerrar.
Destacó que según datos de la Encuesta Nacional para el Sistema de Registro de Información de Personas con Discapacidad (ENRIPED 2023), el 55.7 por ciento de las personas con discapacidad en edad laboral se encuentra fuera del mercado de trabajo formal; mientras que según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 68 por ciento de este sector que sí trabaja, lo hace en la informalidad, sin acceso a seguridad social, sin contrato ni prestaciones de ley.
Aseguró que una de las causas es la ausencia de incentivos y obligaciones jurídicas para los empleadores, ya que la legislación actual solamente obliga a las empresas a contar con instalaciones accesibles en centros de trabajo con más de 50 trabajadores, es decir, garantiza el acceso físico, pero no la contratación.
Hizo énfasis en la necesidad de modificar la ley en este sentido, ya que la ausencia de una cuota legal de empleo para personas con discapacidad y de mecanismos claros de acreditación, genera que la inclusión laboral formal dependa exclusivamente de la voluntad del empleador.
Añadió que la cuota de contratación que se sugiere no constituye discriminación contraria a la igualdad formal, sino una medida de igualdad sustantiva en beneficio de las personas con discapacidad, ya que esta omisión legislativa genera consecuencias como ingresos familiares disminuidos, dependencia de transferencias sociales, exclusión del sistema de pensiones y reproducción intergeneracional de la pobreza asociada a la discapacidad.
- Se considera que dadas las facultades y atribuciones que tiene la ASEA su participación es necesaria.
Con la finalidad de robustecer la política nacional de cambio climático en las áreas de mitigación y adaptación, fortalecer las acciones para atender esta problemática, y atender los compromisos internacionales en materia medioambiental, las y los senadores del Partido Verde Ecologista de México presentaron una iniciativa para reformar el artículo 46 de la Ley General de Cambio Climático.
Explicaron que esta reforma pretende incluir a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) en las convocatorias que realice la Comisión lntersecretarial de Cambio Climático (CICC), para participar en sus trabajos.
Detallaron que la CICC tiene entre sus facultades convocar a dependencias y entidades gubernamentales, invitar a representantes del Consejo, los Poderes Legislativo y Judicial, de órganos autónomos, de Entidades Federativas y Municipios, así como a representantes de los sectores público, social y privado a participar en sus trabajos cuando se aborden temas relacionados con el cambio climático.
Agregaron que si bien en la CICC ya participan las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Energía, se considera que dadas las facultades y atribuciones que tiene la ASEA su participación es necesaria; además de que las atribuciones que antes correspondían a dichas Secretarías relacionadas con la industria de hidrocarburos en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección ambiental fueron conferidas a esta Agencia.
Recalcaron que la Agencia puede contribuir a los trabajos de la CICC dada su experiencia en la implementación de mecanismos orientados a que las actividades de la industria de hidrocarburos sean congruentes y se ejecuten buscando la protección y conservación de los ecosistemas, la flora y la fauna silvestres, los bienes y servicios ambientales, entre otros; además de asegurarse de que se lleve a cabo la compensación y la restauración ambiental en los casos necesarios.
Explicaron que de acuerdo con el más reciente informe de la Organización Meteorológica Mundial sobre el incremento de la temperatura media global, el planeta podría estar en riesgo de llegar al punto donde no haya vuelta atrás respecto de los devastadores efectos que el cambio climático tendrá en la humanidad, por lo que insistieron en la importancia de que los Estados, incluyendo nuestro país, realicen avances legales, institucionales y de política pública para atender esta problemática.
La Senadora Virginia Magaña Fonseca presentó en el Senado de la República una iniciativa para crear el Régimen de Estímulo y Respaldo Artesanal (RERA), una propuesta pensada para apoyar a las artesanas y artesanos de México y facilitar que puedan formalizar su trabajo de manera sencilla, justa y acorde a su realidad.
Durante su intervención, la legisladora explicó que esta iniciativa nació de escuchar directamente a artesanas y artesanos de Guanajuato, quienes hace unos meses acudieron al Senado para mostrar sus productos, sus técnicas y también las dificultades que enfrentan todos los días para salir adelante.
“Vinieron a enseñarnos sus piezas, pero también su realidad. Nos hablaron de su talento, de su esfuerzo y de lo difícil que resulta crecer cuando el sistema les exige más de lo que les ayuda. De esa escucha nace esta iniciativa”, señaló.
Virginia Magaña destacó que como Senadora por Guanajuato conoce de cerca el valor de este sector, especialmente en municipios con gran tradición artesanal como San Francisco del Rincón, Dolores Hidalgo, León y Tarandacuao, donde miles de familias viven del trabajo artesanal y hoy necesitan mejores condiciones para crecer.
Actualmente, el sector artesanal genera 479 mil 655 empleos y aporta más de 154 mil millones de pesos a la economía nacional; sin embargo, gran parte de quienes viven de esta actividad siguen en la informalidad, sin acceso a seguridad social, financiamiento o nuevos mercados.
El modelo contempla tres niveles, según su capacidad productiva y condiciones sociales:
- Nivel básico: para artesanos en situación de mayor vulnerabilidad, con trámites mínimos y una contribución simplificada.
- Nivel intermedio: para talleres familiares o pequeños productores, con una tasa preferencial que facilite su formalización y crecimiento.
- Nivel avanzado: para maestros artesanos y exportadores, permitiendo reconocer hasta 60% de sus costos sin necesidad de comprobación total, para que paguen impuestos sobre su utilidad real.
Virginia Magaña subrayó que esta iniciativa no busca perdonar impuestos, sino crear reglas más justas para que más artesanas y artesanos puedan integrarse a la economía formal, fortalecer sus ingresos y preservar una de las mayores riquezas de México: su identidad cultural.
“Este régimen no regala ni condona nada; es un instrumento fiscal de justicia social. Está alineado con el Plan México y con los principios constitucionales de desarrollo equilibrado, fortalecimiento del mercado interno y prosperidad compartida. Integrar a más de medio millón de artesanas y artesanos a la economía formal no es un gasto: es una inversión estratégica que genera empleo”, finalizó.