- La iniciativa incluye establecer sanciones de hasta 15 años de prisión a quien acceda, altere, copie o destruya esta información gubernamental
El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), propuso considerar como amenazas a la Seguridad Nacional cualquier acto dirigido a destruir, alterar, extraer, copiar, acceder o inutilizar, sin autorización, bases de datos poblacionales estratégicas bajo resguardo del Estado e imponer penas de hasta 15 años de prisión.
El diputado ecologista, Felipe Miguel Delgado Carrillo, planteó modificar las leyes de Seguridad Nacional, la General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Orgánica de la Administración Pública Federal y el Código Penal Federal, a fin de que se consideren como delitos que atentan contra la seguridad nacional toda acción que se cometa contra las bases de datos de la población sin autorización.
Las bases de datos personales como el registro nacional de ok nación, el padrón electoral y los registros de instituciones como el IMSS o el ISSSTE constituyen en los hechos la columna vertebral informativa del país, en ellas se concentra una base esencial de gobernabilidad de estabilidad institucional y de la confianza ciudadana
Añadió que sin embargo, también debemos reconocer una realidad que hoy enfrentan todos los estados modernos pues los ataques cibernéticos, los accesos indebidos y las filtraciones de datos personales ya no son escenarios lejanos, sino amenazas concretas que pueden afectar a millones de personas.
Delgado Carrillo resaltó que cuando una base de datos poblacional es vulnerada no sólo se compromete un sistema informativo, se expone a la ciudadanía a fraudes, extorsiones y suplantación de identidad, se debilita la confianza en las instituciones y se ponen en riesgo los servicios públicos esenciales.
Ante ello, la propuesta contempla también sanciones de cinco a 15 años de prisión y multa de quinientos a mil días, a quien modifique, dañe, borre, destruya o inutilice información contenida en la base de datos o provoque la interrupción de su funcionamiento.
También se sancionará con penas de hasta diez años de cárcel a quien descargue o copie información sin causar daños y hasta 12 años a quien comercialice, distribuya o difunda este tipo de información. Las sanciones se elevarán hasta en una mitad cuando se trate de servidores públicos y se le impondrá, además la destitución e inhabilitación para cargo público hasta por cinco años.
Delgado Carrillo resaltó que es necesario entender que una base de datos estratégica puede ser tan relevante para el país como una red eléctrica, una vía de comunicación o cualquier infraestructura física crítica, por lo que su protección no es solo un asunto meramente técnico, es un asunto de seguridad, de derechos y de responsabilidad del Estado.
- Cada vez con mayor frecuencia, los médicos veterinarios zootecnistas son objeto de campañas de desprestigio, acusaciones infundadas y amenazas a través de redes sociales.
Para frenar la difamación y la violencia digital que sufren algunos médicos veterinarios, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín exhortó a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, así como a las fiscalías estatales a impulsar acciones para prevenir y atender estos casos; además de exhortar a las principales plataformas digitales que operan en México a robustecer sus protocolos de denuncia y respuesta para atender esta problemática.
El senador ecologista lamentó que, cada vez con mayor frecuencia, los médicos veterinarios zootecnistas sean objeto de campañas de desprestigio, acusaciones infundadas y amenazas a través de redes sociales, lo que afecta no solo su honor y reputación, sino también el ejercicio de su labor profesional. Agregó que estas acciones pueden derivar en daños morales, económicos e incluso en un deterioro de la confianza pública hacia la profesión.
Dijo que a pesar de que nuestra legislación contempla mecanismos para proteger a las personas frente a ataques al honor y la reputación, existe un vacío en la aplicación de estas disposiciones frente a la violencia digital que ocurre en redes sociales, donde la velocidad y el alcance de los mensajes generan un impacto mucho mayor que en los medios tradicionales.
Aseguró que este exhorto no busca limitar la libertad de expresión ni censurar opiniones legítimas, sino garantizar que el gremio veterinario cuente con herramientas claras para denunciar y que las autoridades actúen de manera eficaz cuándo exista difamación, hostigamiento o amenazas digitales, esto con la finalidad de “proteger la integridad profesional de quienes desempeñan un papel clave en la salud animal, la sanidad agroalimentaria y el bienestar de la sociedad”.
Finalmente, agregó que su Punto de Acuerdo también exhorta a colegios y asociaciones de médicos veterinarios a establecer canales institucionales de acompañamiento y orientación jurídica para los médicos veterinarios que enfrenten violencia digital en el ejercicio de su actividad profesional.
- La propuesta busca igualdad entre mujeres y hombres en el cuidado de sus hijos al nacer.
La diputada Hilda Magdalena Lacerío Valdés integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), propuso reformar la Ley Federal del Trabajo (LFT), para ampliar el permiso de paternidad a diez días laborables con goce de sueldo, a trabajadores por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante.
La legisladora ecologista explicó que en México, el nacimiento o adopción de una hija o un hijo constituye un momento clave para la organización familiar y la distribución de las responsabilidades de cuidado. Sin embargo, el marco jurídico laboral vigente mantiene una marcada asimetría entre los derechos reconocidos a las madres y a los padres trabajadores, lo que reproduce desigualdades estructurales en el ámbito del trabajo remunerado y no remunerado.
Destacó que la ley reconoce a las personas trabajadoras en periodo de gestación, el derecho a un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto; asimismo, en caso de adopción de un infante, se les otorga un descanso de seis semanas con goce de sueldo posteriores al día en que lo reciban. En contraste, a los hombres trabajadores únicamente se les concede un permiso de paternidad de cinco días laborables con goce de sueldo por el nacimiento de sus hijas o hijos, o por la adopción de un infante.
Esta realidad se ve reflejada en la Encuesta Nacional sobre uso del Tiempo del INEGI, en la cual se destaca que las mujeres dedicaron, en promedio, 9.4 horas más a la semana que los hombres al cuidado de niñas y niños de 0 a 5 años, lo que marca una distribución desigual del trabajo de cuidados desde la primera infancia y, además, perpetúa desigualdades estructurales en el mercado laboral y en el ámbito familiar.
Por ello, resaltó que su propuesta, que reforma el artículo 132, fracción XXVII Bis, de la Ley Federal del Trabajo, busca avanzar hacia un modelo de cuidados más justo, equitativo y acorde con los estándares constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos, igualdad de género y trabajo digno
"Resulta indispensable avanzar hacia un diseño normativo de los permisos parentales que promueva la corresponsabilidad y contribuya de manera efectiva a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.", subrayó.