- El sureste mexicano, donde se desarrolla el Tren Maya, es hábitat de especies clave como el jaguar.
- La senadora aseguró que cualquier acción que implique sacrificio de jaguares, tapires o venados violaría el marco jurídico nacional e internacional que México ha suscrito.
Para garantizar la protección y el cuidado de la fauna ubicada en la zona donde se construye el Tren Maya, la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del Partido Verde Ecologista de México, presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que verifique el cumplimiento de las normas mexicanas e internacionales firmadas por nuestro país en materia de protección y bienestar animal.
La senadora exhortó también a la Secretaría de la Defensa Nacional a informar las especificaciones del contrato firmado por la empresa Susoma Soluciones Ambientales, S. de RL de CV, particularmente en el tratamiento que darán a la flora y fauna de esta zona, mediante el protocolo definido en la prestación de servicios.
Y es que en pasados días, trascendió en diversos medios de comunicación que la Secretaría de Defensa Nacional, y la empresa Tren Maya, S.A. de C.V., firmaron el contrato TM-CGRMSG-SVS-0200/204 con la empresa Susoma Soluciones Ambientales, S. de RL de CV, el cual destacaba el "servicio de manejo de fauna nociva para las operaciones ferroviarias del Tren Maya" con el objetivo de ahuyentarlas, capturarlas, removerlas de las cercanías del tren, e incluso sacrificarlas.
La legisladora subrayó que el sureste mexicano, donde se desarrolla el Tren Maya, es hábitat de especies clave como el jaguar, del cual, estudios recientes afirman que en la península de Yucatán habitan tan solo 750 ejemplares adultos; además de otras especies como el tapir y el venado, todos ellos clasificados como especies endémicas en peligro de extinción, pero que han sido consideradas "peligrosas para mantener los indicadores de seguridad y eficiencia del Tren Maya", de acuerdo con el contrato celebrado con la empresa Susoma.
Aseguró que cualquier acción que implique sacrificio de jaguares, tapires o venados violaría el marco jurídico nacional e internacional que México ha suscrito, como por ejemplo, la Ley General del equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que establece que la conservación de especies endémicas y en peligro de extinción debe ser prioritaria; mientras que la Ley General de Vida Silvestre subraya la responsabilidad de la SEMARNAT en la identificación, protección y recuperación de especies en riesgo.
Dijo que aunque la NOM-033-SAG/ZOO-2014 define la "matanza de control" como una medida para proteger áreas naturales o evitar riesgos graves para la vida humana, animal o medio ambiente, bajo circunstancias específicas, como jaurías o riesgo de ataque a personas o animales, éstas no sustentan la facultad de los prestadores de servicios para realizar matanzas en las circunstancias planeadas, por lo que la senadora consideró indispensable "analizar el contenido del contrato para efectuar la interpretación adecuada y coordinar con las autoridades responsables para evitar prácticas que pongan en riesgo el bienestar de la fauna", apuntó.
Finalmente, la senadora destacó la "urgente necesidad de implementar medidas estrictas de protección frente a cualquier proyecto de desarrollo, incluyendo al Tren Maya".
- Los animales de compañía no son objetos de temporada ni juguetes; son seres vivos que sienten y necesitan cuidados permanentes.
- En México, el 70% de los hogares tienen una o más mascotas; sin embargo, ocupamos el tercer lugar mundial en violencia animal.
En vísperas del Día de Reyes, las senadoras y los senadores del Partido Verde exhortaron a las familias mexicanas a reflexionar sobre la compra de mascotas como regalos, enfatizando que los animales no son juguetes, sino seres vivos que requieren cuidado, respeto y trato digno.
Este llamado busca crear conciencia sobre la responsabilidad que implica tener una mascota y promover una verdadera cultura de protección hacia los seres sintientes, debido a que México ocupa el tercer lugar mundial en maltrato animal y el primero en América Latina, con alrededor de 60 mil muertes de animales al año. Además, 27 millones de perros y gatos viven en las calles, y cada año medio millón de ellos son abandonados.
"Los animales de compañía no son objetos de temporada ni juguetes; son seres vivos que sienten y necesitan cuidados permanentes, como alimentación, hidratación y protección a lo largo de toda su vida", destacaron.
En ese sentido, los integrantes de la bancada ecologista recordaron que la reciente aprobación de la reforma que eleva a rango constitucional la protección y el cuidado animal representa un paso significativo en la lucha por la justicia y el bienestar de los seres sintientes.
Señalaron que ésta reforma no solo incorpora la protección animal en los planes y programas educativos, también otorga al Congreso la facultad para legislar en materia de bienestar animal, lo que contribuye a promover una sociedad más respetuosa y comprometida con los derechos de los animales.
"Con estas modificaciones a la Constitución, no solo abrimos el camino hacia leyes secundarias que eliminen las prácticas de crueldad, sino que también consolidamos el trato ético como principio fundamental", enfatizaron los ecologistas.
Según cifras del INEGI, en México, el 70 por ciento de los hogares cuenta con una o más mascotas. Sin embargo, el país ocupa el tercer lugar a nivel mundial en violencia animal, lo que refleja una preocupante contradicción entre la tenencia y el bienestar de estas especies.
Finalmente, los legisladores reiteraron su compromiso con la promoción de iniciativas enfocadas en la protección animal, que forman parte de su agenda legislativa, contribuyendo a formar una sociedad más consciente y solidaria.
- La iniciativa se ajusta a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, con el fin de asegurar el derecho de los infantes a vivir una vida libre de violencia, prejuicios y estereotipos
Con el objetivo de definir de manera precisa el abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, garantizando que cumpla con los principios de taxatividad, claridad normativa y respeto al interés superior de la infancia, la diputada Casandra Prisilla de los Santos propuso reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales.
La legisladora ecologista resaltó que, a lo largo de los años, el Estado mexicano ha avanzado en su compromiso de reconocer, respetar y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. Este proceso ha incluido la suscripción de acuerdos y tratados internacionales, los cuales han obligado al país a implementar medidas específicas para garantizar dichos derechos, creando, entre otras cosas, un sistema jurídico de protección.