- La propuesta, también establece que en caso de recibir una queja, las empresas contarán con un plazo máximo de 24 horas para responder a los pasajeros
Viajar en autobús es una realidad cotidiana para millones de mexicanas y mexicanos; sin embargo, no existe una adecuada difusión de los derechos de las y los pasajeros. Por tal motivo, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM) propuso que al reverso de cada boleto emitido se incluyan, de manera clara y legible, los derechos de los usuarios.
La iniciativa, presentada por el diputado Luis Enrique Miranda, que modifica la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, establece que las empresas contarán con un plazo máximo de 24 horas para responder a las quejas de los pasajeros, antes de que estas puedan ser turnadas a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
El legislador señaló que la ley ya reconoce derechos claros para los usuarios del autotransporte federal, como el reembolso total más una compensación del 20 por ciento en caso de cancelaciones o retrasos mayores a dos horas; una compensación del 25 por ciento en casos de sobreventa; la protección del equipaje hasta por 25 kilogramos; descuentos para estudiantes, maestros y adultos mayores, así como el acceso garantizado a personas con discapacidad y perros guía.
No obstante, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, únicamente el 15 por ciento de los usuarios conoce estos derechos, lo que significa que el 85 por ciento viaja prácticamente desprotegido. Datos de la Profeco revelan que tan solo en municipios del Estado de México como Naucalpan, Tlalnepantla y Zumpango se registraron más de 2 mil 700 denuncias en un periodo de seis meses, mientras que en Puebla se han documentado prácticas de alto riesgo, como permitir acompañantes sin control en las unidades.
El diputado Miranda subrayó que esta situación genera enojo, frustración y afectaciones económicas a las familias, que pueden llegar a gastar más de 2 mil 500 pesos adicionales en alimentos, hospedaje y traslados cuando un viaje se retrasa o se cancela injustificadamente. “La sobreventa de boletos no es un problema exclusivo del transporte aéreo, sino también del autotransporte”, resaltó.
Ante este escenario, el legislador explicó que muchas personas no reclaman porque desconocen que tienen derecho a compensaciones del 20 o 25 por ciento. Por ello, su iniciativa propone que en la parte posterior de cada boleto de autobús se incluyan de manera clara los derechos de los pasajeros y, en el caso de boletos electrónicos, que esta información se integre en el archivo PDF o comprobante digital.
Con esta medida, cuando ocurran retrasos, sobreventas, pérdida de equipaje o tratos indignos, las y los usuarios sabrán exactamente qué exigir. Esto, afirmó, empareja la cancha entre las empresas transportistas y los pasajeros, fortalece la confianza ciudadana y fomenta un servicio más justo y transparente.
Finalmente, el diputado Miranda Barrera destacó que esta iniciativa busca empoderar a la ciudadanía y garantizar que el transporte en autobús sea justo, confiable y seguro.
- Si estos incendios dañan elementos naturales como la flora, fauna, los ecosistemas o al ambiente, es imperativo que quienes los provoquen deban ser castigados acorde a su falta.
A fin de inhibir la acción de provocar incendios forestales, y con ello proteger los ecosistemas forestales del país, las y los senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa para establecer un tipo penal específico adicionando un artículo 420 bis, para incrementar las penas en cuatro a doce años de prisión y una multa de 600 a seis mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) contra quien cometa este delito.
Explicaron que según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se estima que la superficie forestal de México asciende a 138.7 millones de hectáreas, es decir, el 70.6 por ciento del territorio nacional. Agregaron que esta superficie es hábitat de una gran cantidad de especies de plantas y animales, además de que, gracias a nuestros bosques y selvas, México tiene un notable desarrollo en la industria forestal que va desde el aprovechamiento sustentable hasta la transformación y la comercialización de los recursos forestales.
Subrayaron que los ecosistemas forestales proporcionan múltiples servicios ambientales, entre ellos, mantener la provisión de agua en calidad y cantidad; generar oxígeno; controlar la erosión, así como la generación, conservación y recuperación del suelo; coadyuvar en la captura de carbono y la asimilación de diversos contaminantes; proteger la biodiversidad, de los ecosistemas y las formas de vida; propiciar y permitir la polinización de plantas y el control biológico de plagas; además de que son el espacio en donde se lleva a cabo la degradación y el reciclaje de desechos orgánicos; permiten la apreciación del paisaje y la recreación.
Asimismo, los bosques y selvas suministran recursos naturales como como agua, madera, combustible, medicinas y alimentos; son hogar de pueblos originarios y un elemento esencial de su cultura; además, las actividades forestales generan empleo local y oportunidades de desarrollo en las comunidades cercanas.
Sin embargo, lamentaron que pese a su importancia social, ambiental y económica, los bosques mexicanos enfrentan múltiples amenazas, entre las que destacan el cambio climático, la fragmentación del hábitat, la degradación del suelo, las plagas, los cambios de uso de suelo y, particularmente los incendios forestales, que se han convertido en una de las principales causas de pérdida de ecosistemas y biodiversidad.
Detallaron que algunas de las consecuencias de los incendios forestales son el deterioro del ecosistema y la pérdida de calidad ambiental, la afectación indirecta a la salud humana, el desplazamiento, muerte de aves y animales silvestres, y la pérdida de la cobertura vegetal.
Reconocieron que solo el 0.94 por ciento de los incendios forestales es originado por causas naturales, mientras que el resto pueden ser identificadas por alguna actividad humana, entre ellos el 23.47por ciento son ocasionados de forma intencional, el 17.83 por actividades agrícolas, y de un 29.87 se desconocen las causas.
Ante este panorama, insistieron en que si estos incendios dañan elementos naturales como la flora, fauna, los ecosistemas o al ambiente, es imperativo que quienes los provoquen deban ser castigados acorde a su falta, es decir, remitidos al Ministerio Público para determinar el posible delito ambiental.
Resaltaron que actualmente, el delito de incendio forestal se sanciona con una pena mínima de dos años y máxima de diez años de prisión, y cuando ocurre en Área Natural Protegida, la sanción puede alcanzar doce años. Sin embargo, dijeron que estas penas resultan insuficientes frente a la magnitud del daño ocasionado a la humanidad y a la riqueza ecológica del país.
- En el primer trimestre de 2025, se registraron 35 mil 200 millones de ciberataques contra sistemas que contienen información personal
Con el fin de evitar riesgos como ciberataques, fraudes, extorsiones, robo de identidad y manipulación indebida de información, el diputado Luis Orlando Quiroga Treviño, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), propuso reformar la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares en materia de medidas de protección.
De acuerdo con la iniciativa de reforma y adición al artículo 18 de la citada ley, el legislador propone definir con claridad en qué consisten las medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas que actualmente contempla la ley, y que deben cumplir los responsables, pues no se detalla su contenido ni establecen un estándar mínimo de cumplimiento, lo que ha generado un vacío legal que dificulta la supervisión por parte de la autoridad y permite que algunos particulares adopten medidas insuficientes, dejando desprotegidos los datos de millones de personas.
El legislador ecologista destaca que, en la actualidad, la información personal se ha convertido en un elemento central de la economía y sobre todo en el mundo digital. Es decir, que las empresas y organizaciones recopilan, procesan y almacenan grandes cantidades de información para ofrecer servicios personalizados, optimizar procesos y generar innovación. Sin embargo, este avance también ha incrementado la vulnerabilidad de la población frente a riesgos como ciberataques, fraudes, extorsiones, robo de identidad y manipulación indebida de información.
Resalta que, en México, los incidentes relacionados con la filtración de datos personales han aumentado de forma considerable. Según información reciente, durante el primer trimestre de 2025, se registraron 35 mil 200 millones de ciberataques contra sistemas que contienen información personal, por lo que la protección de datos, la validación de accesos y la seguridad en la nube no pueden depender únicamente de la tecnología, sino también de políticas claras, estructuras robustas y decisiones desde los niveles más altos de dirección.
Quiroga Treviño, señala que la carencia de medidas de seguridad en los datos personas afecta a las a las personas ciudadanas, quienes enfrentan consecuencias directas en su seguridad y privacidad pues la exposición indebida de bases de datos facilita la comisión de delitos como el robo de identidad, el fraude financiero, la extorsión y el acoso digital, generando un entorno de desconfianza hacia el uso de plataformas tecnológicas y reduciendo las posibilidades de inclusión digital.
Explica que, por ello, su propuesta busca precisar el alcance de las medidas de seguridad que ya contempla la ley, estableciendo definiciones claras y enumerando, de manera enunciativa pero no limitativa, las acciones mínimas que deben llevarse a cabo en cada ámbito. Con ello, se pretende fomentar una cultura de protección de datos que trascienda la mera formalidad administrativa y se base en la adopción de prácticas robustas y actualizadas frente a los retos tecnológicos actuales.
En ese sentido se establece que las medidas administrativas promoverán que las empresas cuenten con políticas internas, protocolos de actuación y programas de capacitación que fortalezcan la responsabilidad de su personal en la protección de datos, mientras que las medidas físicas estarán orientadas a garantizar la seguridad de los espacios y equipos donde se almacena la información, limitando accesos y previniendo daños o pérdidas.
Y, finalmente, las medidas técnicas establecerán la obligación de utilizar herramientas y tecnologías avanzadas para proteger entornos digitales, incluyendo esquemas de privilegios de usuarios, actualizaciones periódicas de software y la gestión segura de comunicaciones y almacenamiento.