Con el objetivo de reducir la generación de residuos, optimizar el aprovechamiento de materiales y modernizar el sistema de manejo de desechos en el país, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Verde, presentó una iniciativa que impulsa un cambio de fondo en el modelo productivo nacional al incorporar los principios de la economía circular en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
El legislador subrayó que México debe transitar de un sistema lineal –basado en producir, consumir y desechar– a uno circular que promueva la reutilización, reparación, reciclaje y valorización de materiales, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica y económica.
Entre los puntos más relevantes de la reforma destacan la incorporación de definiciones clave como “Economía Circular” y “Cero Residuos”; el diseño de una política nacional en la materia; la creación de Organismos Operadores para el manejo integral de residuos; y el impulso de incentivos fiscales y financieros para quienes adopten prácticas sostenibles en sus procesos productivos.
Además, establece que los residuos de construcción y demolición sean tratados bajo criterios de economía circular, apuntando hacia ciudades más sustentables, eficientes y equitativas.
Cabe destacar que, según datos de la Secretaría de Medio Ambiente, México genera más de 120 mil toneladas de residuos sólidos urbanos al día, de los cuales sólo el 9.6 por ciento se recicla.
Ramírez Marín aseguró que la iniciativa responde a compromisos internacionales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, al promover una gestión de residuos centrada en el rediseño, reutilización y recuperación de recursos.
“De aprobarse, esta reforma consolidaría a México como uno de los países de América Latina con una legislación avanzada en materia ambiental”, concluyó el senador por Yucatán.
“Esta propuesta representa no sólo un acto de justicia social, sino también una herramienta eficaz para fortalecer la institucionalidad, la motivación y la permanencia del personal policial y, sin duda, representará una muestra concreta de reconocimiento institucional al trabajo de los elementos de la policía y el fortalecimiento de la seguridad pública desde un enfoque humano, social y justo”, señaló la también vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la capital.
La congresista ecologista, Rebeca Peralta destacó que, con esta propuesta legislativa, el Partido Verde busca reconocer con hechos, el trabajo policial, procurando garantizar un mínimo de condiciones de vida digna, ya que, dijo "la seguridad de una Ciudad no solo se construye con patrullas o cámaras, es indispensable implementar políticas públicas que dignifiquen a las personas que nos protegen y sus familias".
Finalmente, la legisladora ecologista aseguró que, con la aprobación del punto de acuerdo en el Congreso de la Ciudad de México, se mejorará la vida de los policías y sus familias y desde el Poder Legislativo local se avanza en la construcción de una Ciudad más justa, más segura y más humana para todas y todos.
La senadora Ruth González Silva presentó una iniciativa para reformar la Ley de la Fiscalía General de la República, con el objetivo de crear la Fiscalía Especializada en Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes (FEDENNA). Esta instancia buscará fortalecer la protección de menores frente a delitos como violencia sexual, trata, explotación y homicidios, ante el incremento de casos y la impunidad histórica en México.
“La creación de la FEDENNA es un imperativo ético. No podemos permitir que la violencia contra la infancia siga siendo invisibilizada. Esta fiscalía será un paso hacia la justicia restaurativa y la garantía de derechos para nuestras niñas, niños y adolescentes”, afirmó la legisladora por San Luis Potosí.
González Silva explicó que la nueva fiscalía tendría como principal objetivo atender de forma especializada, y con perspectiva de infancia, los casos de violencia sexual, trata de personas, explotación y homicidios en agravio de menores. Afirmó que la propuesta responde a una necesidad urgente frente a la impunidad que persiste en este tipo de delitos.
La senadora alertó que, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2024 se registraron 37,812 delitos contra menores, un incremento del 0.3 por ciento respecto al año anterior. Asimismo, se contabilizaron 2,468 homicidios dolosos de menores, lo que representa un aumento del 6.7 por ciento, y 80 feminicidios infantiles. En el caso de la trata de personas, 35.5 por ciento de las víctimas identificadas fueron menores de edad, con un total de 379 casos.
No obstante, González Silva subrayó que el dato más alarmante es la impunidad: solo el 1 por ciento de los casos de abuso sexual infantil concluye en una sentencia condenatoria. “La impunidad es del 99% en casos de abuso sexual infantil. No podemos seguir fallándoles”, denunció.
En este sentido, la senadora enfatizó que la creación de la FEDENNA representa una medida crucial en la consolidación de un sistema de justicia más eficiente, sensible y protector hacia uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, bajo 5 ejes fundamentales: