En conferencia de prensa, la senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde Ecologista de México, destacó la importancia de la colaboración entre el Poder Legislativo y la comunidad académica del estado de Morelos en el proyecto de Vinculación Universitaria para el Desarrollo Parlamentario, un innovador programa que busca integrar a las y los jóvenes universitarios en la construcción de leyes que respondan a las realidades sociales del país.
Acompañada por autoridades educativas y estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), la Universidad Politécnica del Estado de Morelos (UPEMOR), y la Universidad de La Salle en Cuernavaca, la senadora destacó que este proyecto nació con una convicción clara: escuchar a las y los jóvenes como protagonistas activos en la construcción de leyes.
Guerra Mena reconoció al doctor Jorge Morales Barud, rector de la UPEMOR; al maestro Martín Montes García de la UAEM; y al doctor Rodrigo García Martínez de la Salle Cuernavaca, por su disposición, apoyo y compromiso con la formación de jóvenes universitarios, así como al cuerpo docente y a los más de 80 estudiantes que participaron de manera voluntaria en este proyecto, del cual surgieron seis propuestas de ley.
El proyecto, explicó la senadora, incluyó un taller de práctica parlamentaria y técnica legislativa, donde los jóvenes aprendieron cómo elaborar y argumentar una iniciativa, comprendiendo los procesos para transformar una idea en ley.
Entre las iniciativas desarrolladas por los jóvenes se encuentran la Ley General para el Uso y Control de la Inteligencia Artificial (IA), que busca un desarrollo ético, responsable y seguro de esta tecnología; la Reforma a la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, enfocada en fortalecer los bancos de alimentos; y el Diagnóstico Cívico Nacional, para fomentar la educación cívica y la participación ciudadana.
Asimismo, se presentaron reformas a la Ley General de Educación, orientadas a incluir la educación financiera y la digitalización avanzada; Reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para fortalecer la transparencia en los contenidos mediáticos; y Reforma a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que promueven la supervisión ambiental y la rendición de cuentas de las empresas.
Guerra Mena resaltó que este proyecto se fundamenta en el artículo 35, fracción séptima, de la Constitución, que otorga a los ciudadanos el derecho de iniciar leyes ante el Congreso de la Unión.
Por su parte, el rector de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos (UPEMOR), doctor Jorge Morales Barud, destacó la relevancia del proyecto impulsado por la senadora Juanita Guerra Mena, orientado a fortalecer la participación de la juventud universitaria en la creación de políticas públicas con impacto real en el país.
Expresó su reconocimiento y agradecimiento a la legisladora por el impulso brindado a la juventud morelense y su contribución a una participación ciudadana más activa y efectiva.
Iván Emiliano Vargas, alumno de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, subrayó la necesidad de fortalecer el civismo en las nuevas generaciones y de recuperar el respeto y los valores comunitarios como base de la convivencia social. Destacó la importancia de este tipo de ejercicios porque ayudan a darle voz a los jóvenes estudiantes.
Finalmente, Guerra Mena reiteró su compromiso de seguir impulsando espacios de vinculación entre el Senado y las juventudes, felicitando a los jóvenes que obtuvieron los primeros lugares en este ejercicio legislativo. "Estoy convencida de que este proyecto debe seguir creciendo, porque la política también se aprende con la práctica, con el diálogo y con la participación de la sociedad civil organizada", destacó.
El presidente del Congreso de la Ciudad de México, Jesús Sesma Suárez se congratuló por la aprobación que hizo la Cámara de Diputados de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión, propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum, estableciendo de 5 a 12 años para policías, agentes del ministerio público, jueces o de vigilancia y custodios en las cárceles que no denuncien la comisión del delito de extorsión y sus agravantes.
En ese sentido, el diputado local Sesma Suárez destacó que la capital del país fue la primera entidad en modificar el Código Penal sobre la extorsión para aumentar las penas, perseguir por oficio y sancionar no sólo el delito de extorsión sino también la tentativa, por lo que la autoridad ha detenido un 65 por ciento más de personas por extorsión en este año comparado con el 2024.
El diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó una iniciativa para combatir el ejercicio ilegal de la medicina en México, mediante reformas al Código Penal Federal y a la Ley General de Salud para establecer penas de hasta ocho años de prisión a quienes ejerzan funciones médicas sin la debida certificación.
El legislador señaló que "la salud de los mexicanos está en riesgo por una práctica que lamentablemente se ha vuelto común: la usurpación de funciones médicas. Cada día escuchamos de clínicas o consultorios donde se realizan tratamientos quirúrgicos o estéticos sin contar con la preparación, la certificación o la autorización correspondiente".
La iniciativa, construida en colaboración con la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (AMCPER), busca específicamente sancionar con 4 a 8 años de prisión a profesionales de la salud que ofrezcan servicios médicos sin contar con los estudios profesionales en la materia.
Otras de las acciones incluidas en la propuesta está el penalizar la realización de intervenciones quirúrgicas que requieran especialidad sin contar con la certificación correspondiente y establecer sanciones para médicos que invadan funciones o especialidades en las que no estén debidamente acreditados.
Núñez Aguilar, también propone regular las "escuelas patito" que imparten estudios de medicina sin el Reconocimiento de Validez Oficial de la SEP.
"No podemos permitir que quienes no tienen formación profesional, ni cédula médica intervengan en la salud de las personas. Tampoco que un médico invada áreas o especialidades para las que no está autorizado. Cada profesión médica implica años de estudio, práctica, certificación y ética", afirmó.
El legislador destacó que esta reforma obliga a que toda intervención quirúrgica o de especialidad sea realizada únicamente por médicos certificados y debidamente registrados ante las autoridades competentes, además de establecer que la emisión de diplomas de especialidades médicas corresponde únicamente a instituciones oficialmente reconocidas.
"La salud es un derecho humano que no admite improvisaciones. La confianza de los pacientes debe ser protegida por la ley. Y la ética médica debe ser el escudo que preserve la vida, no un negocio sin control ni respaldo académico", concluyó.