La senadora Angélica Montes Rentería, del Partido Verde, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría de Turismo federal, a la Coordinación Nacional de Protección Civil, a Caminos y Puentes Federales, al Gobierno del estado de Nayarit y a las Empresas Concesionarias de Carreteras de Cuota, a implementar un protocolo temporal de libre tránsito y exención de peaje para vehículos acreditados que transporten ayuda humanitaria, así como un programa temporal de tarifas preferenciales para la reactivación económica y turística en los municipios afectados por los recientes desastres naturales en Nayarit.
La legisladora ecologista recordó que la presencia de los huracanes Simon y Trudy, aunada al tránsito de los fenómenos Rachel y Polo, así como los remanentes pluviales dejados por las tormentas Priscila y Raymond, ha sometido al territorio de Nayarit a un estado de contingencia y alerta prolongada.
Agregó que esta sucesión de eventos meteorológicos ha demostrado que los estragos en Nayarit no se limitan únicamente al impacto directo del ojo de un huracán en tierra, sino que las precipitaciones intensas de núcleos de tormenta y los escurrimientos continentales generan avenidas de agua de rápida respuesta capaces de colapsar la infraestructura civil en cuestión de horas.
Recordó que además, la entidad se vio afectada por inundaciones y daños urbanos en municipios costeros, severos bloqueos en las arterias de comunicación carretera, así como pérdidas económicas e impacto en el sector turístico.
Ante este panorama, la senadora recalcó que "la detención de los convoyes de asistencia humanitaria, camiones cisterna con agua potable, unidades de la Cruz Roja y brigadas de la sociedad civil organizada en las casetas de cobro por la exigencia de la tarifa ordinaria representa un obstáculo inaceptable que contraviene la urgencia de la respuesta humanitaria".
Montes Rentería aseguró que las consecuencias de los fenómenos hidrometeorológicos en Nayarit no concluyen cuando ceden las precipitaciones o cuando se restablece el paso en los caminos de auxilio, ya que tras la fase crítica de la emergencia, irrumpe una segunda ola de afectación con la parálisis de las actividades productivas, el colapso del comercio local y la contracción de la demanda turística, la cual constituye el motor económico fundamental para miles de familias en los municipios costeros, serranos y de la franja turística del Pacífico.
Finalmente, insistió en que la amenaza inminente y las afectaciones provocadas por el huracán Trudy en el mes de octubre de 2026 sustentan plenamente la urgencia parlamentaria de acordar un mecanismo institucional de libre tránsito y exención temporal de peaje a favor del transporte de ayuda humanitaria acreditado, garantizando que el socorro ingrese de forma expedita, coordinada y transparente a las comunidades necesitadas de Nayarit.
Las y los senadores del Partido Verde Ecologista de México presentaron una iniciativa para reforman diversas disposiciones de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial con la finalidad de impulsar el uso de medios de pago electrónicos en el sistema de movilidad de todo el país.
Explicaron que el tránsito es responsable de múltiples consecuencias que afectan la movilidad, la salud pública, el medio ambiente y el acceso efectivo a la seguridad, a la vivienda y al trabajo, por lo que actualmente existen múltiples alternativas para hacer frente a esta problemática, especialmente mediante el uso de las tecnologías emergentes que se han convertido en herramientas eficientes y duraderas.
Detallaron que el sistema de movilidad en nuestro país ha crecido y evolucionado de manera favorable implementando sistemas de pago mediante dinero electrónico en estados como el Estado de México, Aguascalientes, Guadalajara, Monterrey, Querétaro y Puebla. Específicamente en la Ciudad de México, durante 2023 se registró un promedio diario de 4.6 millones de viajes pagados con la Tarjeta de Movilidad Integrada, que permite hacer el pago del servicio de transporte sin necesidad de utilizar efectivo.
Los senadores aseguraron que implementar un Sistema de Transporte Inteligente, permitiría reducir los impactos del tránsito vehicular e innovar en la infraestructura vial y urbana para una mayor accesibilidad a los destinos de la población como hacer reversibles carriles, establecer tiempos de pasos en semáforos, tiempo de llegada de transporte, o medios de pago digitales.
Recalcaron que avanzar en el uso de medios digitales como lo es en el sistema de movilidad, representa una acción de vanguardia e innovación en la infraestructura, que se traduciría en una mejor experiencia de transporte, reducción de tiempos de traslados y una mejor conectividad entre instalaciones.
Los legisladores ecologistas afirmaron que en las ciudades donde aún se cuenta con sistemas de pago en efectivo, el transporte público se ve afectado por problemas como: robo en las unidades, pérdidas económicas por pagos inexactos, y aumento de tiempos de traslado.
Finalmente, recalcaron que incluir medios de pago electrónicos beneficiará a la ciudadanía con un servicio confiable, eficiente y seguro, con disminución de tiempos, dado que con un sistema integral de pago será más fácil y rápido acceder a los medios de transportes sin filas extensas por la demora en la entrega de cambio o por falta del mismo y con tarifas establecidas de acuerdo con el trayecto.
La senadora por Guanajuato, Virginia Magaña Fonseca, presentó una iniciativa para que, al planear nuevos desarrollos de vivienda, se prevea que las familias tengan cerca servicios de cuidado, como estancias infantiles, centros de día para personas mayores y centros de atención para personas con discapacidad.
La propuesta complementaría la reforma a la Ley de Vivienda impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, publicada el 29 de abril de 2026. Esa reforma reconoce que una vivienda adecuada debe cumplir varias condiciones. Entre ellas están que las familias puedan pagarla, que cuente con servicios básicos y que esté bien ubicada.
“Durante décadas se ha construido vivienda dando por hecho que alguien se quedaría en casa a cuidar. Si bien esto no está escrito en ninguna ley, está escrito en el territorio”, señaló la senadora del Partido Verde.
Es decir, la ley ya toma en cuenta que la vivienda quede cerca del trabajo, las escuelas, los servicios de salud y los centros de cuidado infantil. Magaña Fonseca propone ampliar esa parte de la ley para que también se considere la cercanía a servicios para personas mayores, personas con discapacidad, personas enfermas y quienes necesitan apoyo en su vida diaria.
Si la iniciativa se aprueba, los cambios se incorporarían a la Ley de Vivienda y a la ley que regula cómo se planean las ciudades. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) definiría qué significa que un servicio quede cerca. Para hacerlo, tomaría en cuenta la distancia, el tiempo del recorrido y si se puede llegar de forma segura y accesible, de preferencia a pie o en transporte público. Para definir esas reglas, escucharía a las mujeres y a las personas cuidadoras de las comunidades.
Los proyectos de suelo y vivienda que reciban recursos federales tendrían que seguir esas reglas. Lo mismo aplicaría a los proyectos de los organismos que financian vivienda para las personas trabajadoras. Además, si un desarrollo nuevo recibe recursos federales y alcanza el número de viviendas que fije Sedatu, tendría que apartar un terreno o dejar un espacio para estos servicios. Por ejemplo, podría adaptar un área común que ya estuviera prevista en el proyecto.
A los estados y municipios les correspondería tomar en cuenta estos espacios al planear los servicios y la infraestructura de los desarrollos de vivienda. Sedatu, por su parte, incorporaría datos por estado y por sexo para medir qué tan cerca quedan los servicios.
“Una ciudad que no cuida no es neutral: el precio lo terminamos pagando las mujeres, y lo pagamos en tiempo”, expresó Magaña Fonseca.