- La transición hacia la movilidad eléctrica no solo es una necesidad ambiental, sino una oportunidad para mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos
El senador Gilberto Hernández Villafuerte presentó una iniciativa que busca establecer un marco normativo que impulse y regule la transición hacia la electromovilidad en México, garantizando su implementación efectiva a través de medidas que fomenten el uso de tecnologías limpias en el transporte público y privado.
Aseguró que la transición hacia vehículos eléctricos es indispensable para luchar contra la crisis climática, además de que la transición hacia vehículos eléctricos es una realidad inminente y una necesidad urgente para mitigar los riesgos asociados al aumento de gases de efecto invernadero (GEI), a los que dijo, el sector transporte contribuye significativamente con una cuarta parte de estas emisiones a nivel mundial.
Añadió que según el reporte de Electromovilidad de las Naciones Unidas de 2019, en Latinoamérica, el sector transporte es responsable del 22 por ciento de las emisiones contaminantes y del 15 por ciento de los gases de efecto invernadero, por lo que afirmó que “es necesario instrumentar una estrategia de electrificación de la flota y movilidad sustentable integral que contemple los distintos medios de transporte y se acompañe de una producción baja en carbono de electricidad e hidrógeno”.
Subrayó que “la transición hacia la movilidad eléctrica no solo es una necesidad ambiental, sino una oportunidad para mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos”., además dijo que la adopción de la electromovilidad no solo representa un avance en la reducción del impacto ambiental, sino que también conlleva beneficios económicos sustanciales, ya que con el desarrollo de la infraestructura de recarga y la reducción en los costos de producción de vehículos eléctricos, tanto consumidores como empresas pueden aprovechar ahorros en combustible, mantenimiento y operación.
Por ello, hizo énfasis en que se deben desarrollar estrategias para reducir la demanda de transporte, fortalecer la infraestructura peatonal y ciclista, ampliar la red de estaciones de recarga y fomentar el uso de transporte eléctrico tanto público como privado.
Explicó que su propuesta busca la creación de un marco jurídico sólido que garantice la implementación eficiente de la movilidad eléctrica; incentivos fiscales y no fiscales para fomentar la adquisición de vehículos eléctricos y la renovación del parque vehicular; la expansión de la red de estaciones de recarga para hacer viable el uso masivo de vehículos eléctricos; y el impulso a la generación de energías limpias a precios competitivos.
- Lo anterior permitirá nivelar las condiciones laborales de las mujeres antes y después del parto y estrechar el vínculo materno-infantil
Con el fin de nivelar las condiciones laborales a que se enfrentan las mujeres antes y después del parto, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), en la Cámara de Diputados propuso reformar el artículo 123, fracción V de la Constitución Política, para ampliar la licencia de maternidad de seis a siete semanas antes de la fecha aproximada del parto y aumentar a 14 semanas el periodo posterior a éste, que en la actualidad es de seis semanas.
Lo anterior, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo, así como los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos.
La propuesta del diputado ecologista Mario Alberto López Hernández, considera importante ampliar estos períodos de licencia ya que nivela las condiciones laborales para las mujeres, quienes muchas veces, deben elegir entre mantener su nivel de productividad en el trabajo y continuar amamantando, con los desafíos que ello genera.
“Ninguna mujer tendría que elegir entre ser mamá y su desarrollo profesional, no deben de ser mutuamente excluyentes estas dos actividades, de ahí la importancia de esta iniciativa que pretende reformar las leyes que permitan a las mujeres decidir libremente si quieren lactar a su bebé, sin preocuparse por el trabajo”, dijo.
Destacó que México se encuentra rezagado en esta materia a nivel mundial, ya que no se encuentra alineado, ni ha ratificado el Convenio sobre la protección de la maternidad (Convenio 183) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el que se establece un estándar mínimo del derecho a una licencia de maternidad de al menos catorce semanas, y recomienda que se aumenten hasta 21 semanas, para asegurar que el descanso y la recuperación sean adecuados.
De ahí, dijo, la necesidad de ampliar en el país, el periodo de licencia a 21 semanas, y especificar el derecho de la mujer a elegir libremente cuándo tomará la parte no obligatoria de su licencia de maternidad, antes o después del parto. Igualmente, agregó, es muy importante homologar el periodo de licencia de maternidad en el artículo 170, fracción II en la Ley Federal del Trabajo, puesto que, la licencia de maternidad brinda ciertos beneficios que impactan en el cuidado de la salud de la madre y el bebé, así como un impacto positivo en las finanzas personales.
El diputado del Partido Verde destacó que, en México, el 41.9% de la población vive en pobreza, y las mujeres son las más afectadas por esta condición. En este contexto, las mujeres que deciden ser madres enfrentan enormes dificultades para proporcionarles a sus hijos una vida digna, y, en muchos casos, deben elegir entre mantener a su familia con recursos limitados o acceder a una educación adecuada para sus hijos.
Ante ello, explicó que la licencia de maternidad en México, es un derecho laboral que busca proteger a las mujeres trabajadoras durante y después del embarazo, asegurando su bienestar y el de su hijo en los primeros meses de vida, así como garantizando la estabilidad en su empleo. Aunque se han tenido avances importantes en los últimos años, la implementación y el acceso a este derecho siguen siendo un tema relevante y, en muchos casos, controvertido, ya que afecta a millones de mujeres en su vida profesional y personal.
Indicó que por ello, la propuesta de ampliar la licencia por maternidad, habla de una situación de salud pública, que puede modificar el futuro de una persona, ya que la lactancia materna tiene muchos beneficios tanto en términos de salud, como en términos de desarrollo, siendo que protege a los bebés de enfermedades infecciosas, y mejora su salud en el corto plazo porque refuerzan su sistema inmunológico y también reduce el riesgo de mortalidad durante los primeros años, a largo plazo (vida adulta), ya que previene el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles, así como de sobrepeso y obesidad.
Además, añadió que la interacción temprana entre una madre y su bebé durante el primer año posparto se centra en la respuesta emocional materna, un factor determinante en la formación del vínculo materno-infantil. “Este vínculo es un mediador clave en el desarrollo psicosocial del infante. Su alteración se asocia con consecuencias significativas a nivel cognitivo, social y de salud mental, además de aumentar el riesgo de maltrato, abuso infantil e incluso infanticidio”, destacó.--
- Se busca evitar que candidatos con antecedentes de violencia lleguen al Congreso o a otros cargos públicos, garantizando una representación política libre de agresores.
La senadora del Partido Verde Ecologista de México, Rocío Corona Nakamura, presentó una iniciativa para reformar el artículo 10 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el objetivo de impedir que personas con antecedentes de violencia familiar, delitos sexuales o deudores alimentarios accedan a cargos de elección popular.
La legisladora destacó que, aunque en 2023 se incorporó en la Constitución la prohibición para que agresores sean candidatos, es indispensable armonizar la legislación secundaria para que estos criterios sean vinculantes en todos los niveles del proceso electoral. "Queremos que la '3 de 3 contra la violencia' no sea letra muerta, sino un requisito firme, ineludible y verificable", puntualizó.
Asimismo, indicó que la reforma busca incorporar tres nuevos requisitos legales: no haber sido sancionado por violencia familiar o de género, por delitos sexuales o por incumplir obligaciones alimentarias. "Esto evitaría que candidatos con antecedentes de violencia lleguen al Congreso o a otros cargos públicos, garantizando una representación política libre de agresores", destacó
Según cifras oficiales, entre 2020 y 2021 se registraron 416 secuestros de mujeres y 957 casos de trata. Tan solo en 2021, se presentaron 21 mil 188 denuncias por el delito de violación contra mujeres. Además, el 86 por ciento del territorio nacional se encuentra bajo alerta de violencia feminicida y desaparición de mujeres y niñas.
"Lo que está en juego no es solo la igualdad de oportunidades para las mujeres, sino también la vida y la integridad de miles de niñas, adolescentes y mujeres mexicanas", advirtió la senadora.
La senadora destacó que, a pesar de los avances como la elección de la doctora Claudia Sheinbaum como la primera mujer presidenta de México, persisten graves problemas de violencia e inequidad contra las mujeres.
"Desafortunadamente, persisten problemas de violencia, vulnerabilidad, inseguridad, rezago y marginación. Por ello, es imprescindible garantizar nuestro acceso seguro y firme a los lugares de toma de decisiones en el país, así como a los cargos de representación popular, sin ningún tipo de condicionamiento", externó.
Finalmente, Corona Nakamura insistió en que su propuesta busca garantizar candidaturas libres de agresores y avanzar hacia una verdadera igualdad y paridad efectiva. "No más agresores como representantes populares ni en cargos públicos. No más, un sistema electoral que nos revictimice", afirmó.