- Dicha consulta se realizará respetando en todo momento sus usos y costumbres y en los términos que establecen los tratados internacionales firmados por México en la materia
Con el fin de evitar conflictos, actos de represión y garantizar que se respeten los derechos humanos de los pueblos indígenas, el diputado Jonathan Puertos Chimalhua, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), propuso reformar la Ley Agraria para regular y establecer que construcciones de carácter público o privado dentro de tierras en las que se asienten comunidades indígenas y afromexicanas pasen por consulta ciudadana previa, libre e informada.
La propuesta contempla adicionar el artículo 9º. Bis a la citada Ley para incluir la consulta a las comunidades indígenas y afromexicanas cuando sus tierras se encuentren contempladas en proyectos de infraestructura que afecten de alguna manera su sana convivencia.
El diputado ecologista explicó que como antecedente de cómo un proyecto de infraestructura puede afectar a las comunidades indígenas está la brutal represión que vivieron los habitantes de Atenco, en el Estado de México, quienes hace unos años no fueron consultados para la construcción de un aeropuerto en sus tierras y ante la expresión de su inconformidad por el Estado recibieron únicamente represión.
"Como diputado federal indígena, representante de Veracruz y estudioso de la historia, quiero presentar esta adición a la Ley Agraria, porque no quiero que mis hermanos indígenas de cualquier parte del país sufran represión o incluso los priven de la vida por oponerse a la creación de infraestructura pública o privada que afecte su sano desarrollo", resaltó.
De acuerdo con la iniciativa, "toda acción gubernamental o privada que implique la ejecución de obras, instalaciones o actividades dentro de tierras pertenecientes o colindantes con comunidades indígenas o afromexicanas deberá garantizarse el derecho de estas comunidades a ser consultadas de manera previa, libre e informada, respetando en todo momento sus usos y costumbres, en los términos que establecen los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano y la legislación nacional en la materia".
Establece que dicha consulta deberá realizarse de forma oportuna, con la participación efectiva de las autoridades tradicionales, respetando su estructura organizativa, su identidad cultural y su vinculación con el territorio.
Asimismo, señala que su finalidad será conocer y, en su caso, obtener el consentimiento de la comunidad antes de autorizar cualquier proyecto que pueda afectar su integridad territorial, sus formas de vida, recursos naturales o desarrollo sostenible.
Precisa que el resultado de la consulta será vinculante y deberá formar parte del expediente administrativo del proyecto correspondiente. Añade que las autoridades competentes deberán abstenerse de otorgar permisos, licencias o concesiones si no se ha cumplido con este procedimiento de manera adecuada y documentada".
Jonathan Puertos indicó que su propuesta, también forma parte de los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
- Se busca fortalecer el presupuesto del INAH y compensar el impacto del turismo en comunidades locales.
Senadoras y senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa para reformar el artículo 288 de la Ley Federal de Derechos, con el fin de establecer cuotas diferenciadas de acceso a museos, monumentos, sitios y zonas arqueológicas propiedad de la Federación, incrementando las tarifas para turistas extranjeros y exentando del pago a habitantes de municipios donde se localicen estos sitios patrimoniales.
“Las cuotas actuales resultan insuficientes ante la enorme carga presupuestal que representa mantener y restaurar más de 194 zonas arqueológicas abiertas al público y más de 160 museos en el país”, indicaron.
Por ello, la propuesta de los legisladores plantea que los ingresos obtenidos por el acceso a estos espacios se dividan equitativamente entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y los gobiernos estatales donde se encuentren los sitios, con el fin de fortalecer su mantenimiento, conservación e infraestructura.
De aprobarse la reforma, los extranjeros pagarían hasta $1,012.02 pesos por visitas nocturnas, mientras que las tarifas diurnas serían entre $286.74, $236.13 o $219.27 pesos, según la categoría del sitio. Para los mexicanos, se mantendrían las tarifas actuales, que oscilan entre $73.09 y $95.58 pesos.
Asimismo, destacaron la importancia de fortalecer financieramente al INAH, que en 2025 recibió más de 5 mil 901 millones de pesos, de los cuales más del 80 por ciento se destina a gasto corriente, dejando escasos recursos para conservación e infraestructura.
“Un punto importante de nuestra propuesta es garantizar el acceso gratuito a los habitantes locales que acrediten su domicilio con una identificación oficial. Además, representa un paso hacia la equidad para las comunidades que enfrentan diariamente las consecuencias del turismo masivo”, señalaron.
La iniciativa también responde a las afectaciones que enfrentan las comunidades locales ante la llegada masiva de turistas, como el encarecimiento de servicios, la contaminación y la gentrificación. Asimismo, se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y refuerza el derecho a la cultura y la protección del patrimonio, al tiempo que promueve un turismo responsable y equitativo.
Finalmente, los legisladores ecologistas indicaron que entre 2018 y 2024, el INAH atendió a más de 90 millones de visitantes en zonas arqueológicas y museos; sin embargo, enfrenta una reducción real del 20 por ciento en su presupuesto debido a la inflación.
- Elevar la calidad en las instituciones de seguridad pública es crucial para la efectividad de estas organizaciones y la confianza que la ciudadanía deposita en ellas.
Para que las instituciones de seguridad pública y las dependencias de las Entidades Federativas de nuestro país puedan mejorar su desempeño y responder de manera más efectiva a las necesidades de la población, la senadora Juanita Guerra Mena presentó una iniciativa para que éstas implementen Sistemas de Gestión de Calidad tendientes a la mejora de sus procesos, políticas y actuaciones, certificadas por medio de estándares de calidad.
Explicó que la seguridad pública en nuestro país y en varios países de Latinoamérica atraviesa una crisis marcada por una compleja interacción entre problemas estructurales y culturales que afectan su efectividad.
Agregó que uno de los aspectos más críticos es la falta de capacitación profesional de los cuerpos de seguridad, particularmente de las policías estatales y municipales, quienes a menudo no cuentan con las habilidades necesarias para enfrentar situaciones complejas y de alto riesgo, lo que se traduce en un servicio de baja calidad que no responde a las necesidades de la sociedad y genera desconfianza y frustración.
Además, afirmó que cuando las instituciones son percibidas como opacas, la población adopta una actitud de desconfianza hacia ellas, lo que puede llevar a desobedecer la ley o a colaborar con el crimen, por lo que aseguró que la rendición de cuentas es un pilar fundamental en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad.
En este sentido, insistió en que es indispensable crear canales de comunicación abiertos y efectivos, donde la población pueda expresar sus inquietudes y participar en la toma de decisiones, como herramienta esencial para modificar esta percepción.
Explicó que diversas organizaciones internacionales han propuesto lineamientos que, si son adoptados, podrían contribuir a la profesionalización y dignificación de los cuerpos policiales, así como a la mejora de la seguridad pública en México.
“Elevar la calidad en las instituciones de seguridad pública es crucial para la efectividad de estas organizaciones y la confianza que la ciudadanía deposita en ellas”, subrayó la senadora, y agregó que es indispensable “desarrollar estrategias integrales que incluyan la educación y sensibilización de los agentes sobre la importancia de la calidad, así como la creación de espacios de diálogo que permitan a los diferentes actores involucrados participar en la transformación del sistema de seguridad”.
Finalmente, Guerra Mena señaló que “la certificación de calidad no debe ser vista como un fin en sí mismo, sino como un camino hacia la mejora continua de las instituciones de seguridad pública”.