Con el objetivo de reconocer a las mujeres que inician un negocio y contribuir al empoderamiento femenino, la diputada del Partido Verde, María Luisa Mendoza Mondragón, propuso declarar el 19 de noviembre de cada año como “Día Nacional de la Mujer Emprendedora”.
La diputada ecologista señaló que la conmemoración de este día es fundamental para reconocer a las mujeres que participan en este tipo de actividad y que se involucran en el ámbito empresarial a pesar de las barreras a las que se enfrentan, tales como la falta de acceso a financiamientos, la discriminación de género y la tradicional división sexual del trabajo que continúa feminizando muchas labores, en especial las domésticas y de cuidados.
De acuerdo con la Radiografía del Emprendimiento en México: Edición Mujeres 2021, realizada por la Asociación de Emprendedores de México (ASEM) y la Fundación Friedrich Naumann, en México sólo el 37 por ciento de los negocios son creados por mujeres, quienes afirman que lo abrieron ante la falta de empleo y por la necesidad de aumentar su entrada de dinero.
El estudio realizado por el ASEM, también señala que los emprendimientos creados por mujeres tienen un promedio de vida de 5 años, menor que el de los negocios creados por hombres, y el 31 por ciento de sus emprendimientos no cuentan con herramientas digitales, en comparación con el 21 por ciento de los que son manejados por hombres.
“De este modo, las brechas de desigualdad se acrecientan de tal manera que las mujeres suelen recurrir a emprendimientos en la informalidad, en lugar de establecer una tienda física con todas las adaptaciones requeridas”, afirmó la legisladora.
Mendoza Mondragón recordó que, en el 2016, se decretó el 3 de octubre como el “Día Nacional del Emprendedor”, aunque, mencionó, por su expresión gramatical parece excluir a las mujeres. Por ello, considero importante designar un día específico para las mujeres emprendedoras para visibilizar su labor y reconocer su importancia en la economía del país.
Con la finalidad de que las y los trabajadores diagnosticados con enfermedades crónicas cuenten con facilidades para poder llevar a cabo sus tratamientos médicos, la senadora Ruth Miriam González Silva, del Partido Verde, presentó una iniciativa que busca que se otorguen licencias a estos trabajadores asegurados por el IMSS y el ISSSTE para ausentarse de sus labores en caso de que requieran descanso médico en los periodos críticos de tratamiento o de hospitalización, incluyendo el tratamiento destinado al alivio del dolor y los cuidados paliativos por enfermedades crónicas avanzadas.
La legisladora explicó que para este efecto, se requiere realizar reformas a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley del Seguro Social, y a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de enfermedades crónicas.
González Silva explicó que una enfermedad crónica es un problema de salud a largo plazo que puede no tener cura, entre las que se encuentran el Alzheimer, demencia; artritis; asma; cáncer, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), enfermedad de Crohn; fibrosis quística; diabetes, endometriosis, epilepsia, fibromialgia, enfermedad del corazón, presión arterial alta (hipertensión), VIH/SIDA, migraña, esclerosis múltiple, narcolepsia, Parkinson, entre otras.
Agregó que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades crónicas matan a 41 millones de personas cada año, es decir, un 74 por ciento de las muertes en el mundo, mientras que en México, de acuerdo con la Secretaría de Salud, las enfermedades crónicas representan 5 de las 10 principales causas de mortalidad general.
La senadora lamentó que actualmente las y los trabajadores que sufren alguna enfermedad crónica, no cuentan con facilidades para ausentarse de sus labores, quedando sujetos a las medidas en materia de incapacidad que establece la legislación vigente.
Sin embargo, destacó que las personas diagnosticadas con enfermedades crónicas requieren destinar una gran cantidad de tiempo y dinero para llevar un tratamiento adecuado, con actividades como las consultas médicas, terapias, compra y administración de medicamentos, trámites relacionados con la enfermedad, además de que también requieren tiempo de descanso en los periodos críticos de la enfermedad.
En este sentido, enfatizó que tanto gobiernos como empleadores deben procurar las condiciones adecuadas para que los trabajadores que padezcan alguna enfermedad crónica cuenten con todas las facilidades para seguir un tratamiento adecuado, sin tener que preocuparse por ser despedidos o perder sus derechos laborales.
El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), calificó de positivo el Primer Periodo Ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados con la aprobación de leyes constitucionales y reglamentarias, entre ellas la que busca democratizar al Poder Judicial, las que benefician a los adultos mayores y jóvenes sin empleo, las que garantizan la igualdad sustantiva, la que crea las Fiscalías especializadas para combatir los delitos contra las mujeres y la que fortalece, con nuevas atribuciones, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), entre otras.
Asimismo, para implementar y materializar estos cambios legales e institucionales, se avaló el Paquete Económico 2025, con un Presupuesto de Egresos que contempla un gasto total de 9.3 billones de pesos, mismos que se destinarán a las políticas de bienestar, educación, salud, seguridad e inversión en infraestructura. Con todo ello, "¡estamos legislando para un presente y futuro promisorio!", subrayó la bancada ecologista.
Destacó que en el periodo que concluye se aprobó, en primera instancia, la reforma constitucional al Poder Judicial, para acercar la justicia a las y los mexicanos y lograr que ésta sea realmente pronta y expedita. Asimismo, se aprobó la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Carrera Judicial y se reformó la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con lo que se busca democratizar al Poder Judicial. Aún están pendientes de armonizar otras leyes, como la Ley de Amparo, para continuar con la modernización de dicho Poder.
Posteriormente, se avaló entregar una pensión a los adultos mayores de 65 años y a las personas con discapacidad permanente menores de 65 años, así como entregar apoyos a campesinos que cultiven sus tierras con árboles frutales y maderables, dar fertilizantes gratuitos a productores de pequeña escala y proporcionar apoyos a pescadores de pequeña escala.
También se elevó a rango constitucional el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, por lo que ya es un derecho que las y los jóvenes de 18 a 29 años que no estén estudiando reciban al menos un salario mínimo para que se puedan capacitar y así encontrar un trabajo.
Igualmente, se aprobó, con el voto e impulso de los diputados del Partido Verde, la reforma constitucional y las leyes para que se haga realidad la igualdad sustantiva, la cual contempla la igualdad salarial, la creación de Fiscalías especializadas de investigación de delitos relacionados con las violencias de género contra las mujeres, tanto en las Fiscalías Generales de Justicia de los estados y en la Fiscalía General de la República, crear el Registro Nacional de Medidas u Órdenes de Protección de las Mujeres, Adolescentes, Niñas y Niños y que las policías brinden medidas de protección inmediata a dichas víctimas de violencia, con la finalidad de prevenir el feminicidio y erradicar la violencia contra las mujeres.
Posteriormente y con la intención de combatir la inseguridad, proteger a la población y recuperar la paz, se avaló una reforma para fortalecer a la Secretaría de Seguridad federal en cinco elementos centrales: ser la instancia encargada de coordinar y dirigir la Estrategia Nacional de Seguridad Pública; investigar delitos; coordinar el sistema nacional de inteligencia en seguridad pública; promover la coordinación con las fiscalías, las policías locales y otras instituciones de seguridad e incorporar tecnología, inteligencia y análisis de datos en la investigación de delitos.
“Aunque ya concluyó, las y los diputados seguimos trabajando para analizar con responsabilidad y apertura las reformas en materia de vivienda e Infonavit y en materia judicial que remitió la colegisladora”, afirmó finalmente el GPPVEM.