“Gracias al trabajo realizado por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, la superficie de área verde urbana por habitante aumentó de 14.5 metros cuadrados en 2017, a 19.4 metros cuadrados en 2020: Dip. Elvia Estrada
La diputada del Partido Verde, Elvia Estrada Barba busca establecer en la Ley Ambiental local, la obligación de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA), de publicar anualmente un informe sobre el censo de árboles urbanos, su estado fitosanitario y el monitoreo de plagas y enfermedades que afectan las áreas verdes de la Ciudad de México, así como determinar el plazo específico para la publicación de este informe.
Lo anterior, mediante un proyecto de iniciativa legislativa que la congresista ecologista presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, durante la sesión ordinaria de este jueves.
En tribuna, la también presidenta de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica del Congreso local, señaló que el arbolado urbano es un componente esencial de la Infraestructura Verde de la Ciudad de México, por lo que su conservación es indispensable para que las personas que habitan esta ciudad puedan acceder a espacios verdes, públicos y sostenibles.
Asimismo, la vicecoordinadora del grupo parlamentario del Partido Verde, destacó el trabajo y esfuerzo que la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México ha realizado para aumentar la vegetación y mejorar la calidad de los suelos, lo que permitió que “en tan solo unos años, la superficie de área verde urbana por habitante haya pasando de 14.5 metros cuadrados en 2017, a 19.4 metros cuadrados en 2020”.
La congresista local, Elvia Estrada también indicó que, “hoy nos enfrentamos a un importante desafío en la Ciudad de México, asegurar la actualización constante y permanente del censo de nuestro arbolado urbano. Esta tarea, aunque ardua, es fundamental para implementar políticas públicas adecuadas que respondan de manera efectiva a las necesidades ambientales, actuales y futuras. Necesitamos conocer el estado fitosanitario, es decir, la salud de nuestros árboles, para poder actuar de manera eficaz ante cualquier problema o enfermedad”.
“En el Partido Verde estamos convencidos de que el desarrollo y actualización de datos anuales en la materia, son cruciales para conocer a profundidad el estado de la infraestructura verde de la ciudad en lo general y del arbolado urbano en lo particular y, con ello, planificar y ejecutar intervenciones que sean realmente efectivas y sostenibles. Es mediante estas acciones que podemos afrontar los retos ambientales con responsabilidad, visión a largo plazo y compromiso con el futuro”, concluyó la legisladora local, Elvia Estrada.
- La propuesta busca frenar la pérdida de especies, regular el comercio de vida silvestre y garantizar el desarrollo sostenible.
- En México, la degradación ambiental representa el 4.5% del PIB nacional.
La senadora del Partido Verde, Maki Esther Ortiz Domínguez, con el respaldo de legisladoras y legisladores de diversas fuerzas políticas, presentó una iniciativa clave para la creación de la Ley General de Biodiversidad, la cual busca establecer un marco legal robusto y eficiente para frenar la degradación ambiental, proteger las especies en peligro y garantizar la conservación de los ecosistemas en México.
La propuesta legislativa reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como la abrogación de la Ley General de Vida Silvestre. Entre los principales puntos destacan la ampliación de áreas naturales protegidas, el fortalecimiento de estrategias para la restauración de ecosistemas degradados, la creación de un sistema de monitoreo ambiental más robusto, la promoción de un uso sustentable de los recursos naturales, entre otros.
Asimismo, destaca la importancia de adoptar el Marco Mundial Kunming-Montreal de la Diversidad Biológica, el cual establece compromisos internacionales para detener y revertir la pérdida de biodiversidad de cara al año 2030.
"México es uno de los países más megadiversos del mundo. Sin embargo, enfrentamos una grave crisis ambiental derivada de la deforestación, la fragmentación de ecosistemas y la sobreexplotación de recursos naturales", declaró la senadora Ortiz Domínguez.
Según el INEGI, los costos totales de la degradación ambiental representan el 4.5% del PIB nacional y más de 2,400 especies se encuentran en riesgo de extinción.
Durante su intervención, la senadora destacó que su propuesta ha recibido el respaldo de más de 50 senadoras y senadores, lo que representa un compromiso histórico con el medio ambiente y coloca a México en la vanguardia de la protección de la biodiversidad a nivel mundial. Además, de organizaciones ambientales, quienes reconocen la urgencia de fortalecer la política ambiental en nuestro país, y buscar mecanismos claros para su protección, regulación y uso sostenible.
Por otra parte, la senadora Ortiz Domínguez destacó que este esfuerzo legislativo también subraya el papel clave de las comunidades indígenas y locales en la protección de la biodiversidad. "Con esta propuesta, se fortalece, moderniza y armoniza nuestra legislación con los compromisos internacionales asumidos por nuestro país", concluyó.
El senador de Nuevo León, Waldo Fernández González, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto en el que se reforman y adicionan los artículos 73 y 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Fe Pública y que tiene como objetivo “modernizar y fortalecer dicho sistema, garantizando los principios de seguridad jurídica, transparencia, eficiencia y de equidad en el acceso a los servicios de fe pública que prestan notarios públicos, corredores públicos y servidores públicos”.
Fernández aseguró que la Fe Pública tiene un “papel central en la confianza social y económica; de ella depende la validez y autenticidad de innumerables actos y contratos que protegen los derechos, el patrimonio y las relaciones jurídicas de la ciudadanía, pero sobre todo en la paz social”.
Sin embargo, expuso que actualmente el Sistema presenta distintas deficiencias como la cobertura limitada de notarios públicos; la escasa transparencia y falta de mecanismos de supervisión y control; una regulación ineficaz al existir mecanismos distintos por entidad federativa; tarifas inaccesibles de los servicios notariales para la ciudadanía; una ausencia de legislación nacional sobre los requisitos, procedimientos y principios de la función notarial; y falta de estándares uniformes de formación, capacitación y certificación de los profesionales de la Fe Pública.
Ante estos desafíos, dijo que “al Senado de la República nos toca legislar en materia a fin de establecer principios rectores para tener un sistema homogéneo, transparente y accesible para todos” dijo el Senador.
La iniciativa presentada incluye: modernizar y fortalecer dicho sistema, garantizando los principios de seguridad jurídica, transparencia, eficiencia y equidad en el acceso a los servicios de fe pública que prestan notarios, corredores públicos y servidores públicos. Además, de facultar al Congreso para expedir una Ley General de Fe Pública, una vez que esta iniciativa constitucional haya sido votada para homologar la validez nacional de los actos jurídicos y establecer principios homogéneos para la función notarial que realicen todos los fedatarios públicos.
También se busca profesionalizar el sistema condicionando el acceso a estas funciones a exámenes públicos y transparentes, pero sin violar los derechos.
Se establece que los fedatarios públicos deberán ser profesionales del derecho altamente capacitados y sujetos a un sistema de supervisión riguroso que garantice su imparcialidad, eficiencia, buena fe y seguridad jurídica, entre otros.
Dijo que cualquier acto jurídico avalado por un fedatario federal tenga validez plena en todo el territorio nacional, eliminando trabas y fortaleciendo la seguridad patrimonial y contractual de los ciudadanos. Combatir la opacidad y prácticas discrecionales.
El senador puntualizó que quienes tengan una patente de al menos tres años tendrán derecho a optar a seguir continuando con su patente, siempre que aprueben un examen de evaluación, equivalente al de oposición.
“Las y los mexicanos merecemos un sistema de Fe Pública justo y eficiente. Con esta iniciativa, crearemos un sistema moderno, accesible y profesionalizado, donde el derecho a la seguridad jurídica deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho efectivo para todos y todas”, finalizó el legislador Fernández.