El Partido Verde hace un llamado a cerrar filas contra los intentos del Presidente de EUA para debilitar la economía y el desarrollo de nuestro país.
Expresa apoyo total a la Presidenta Claudia Sheinbaum y el Plan B.
El Partido Verde Ecologista de México reconoce el liderazgo y la determinación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tras el anuncio del Plan B, en busca proteger la soberanía de nuestro país y contrarrestar los efectos negativos de las medidas arancelarias impuestas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a México.
Desde el Partido Verde, reiteramos nuestra solidaridad total con la presidenta Sheinbaum Pardo en sus esfuerzos por salvaguardar la economía de nuestro país, y proteger tanto a los sectores más vulnerables como a las industrias clave que impulsan nuestro desarrollo.
Apoyamos firmemente la implementación de medidas arancelarias y no arancelarias a Estados Unidos, concentradas en el Plan B, así como el fortalecimiento de la cooperación con otros bloques comerciales, en respuesta a los intentos del presidente norteamericano por debilitar la economía mexicana.
Asimismo, expresamos nuestro compromiso con la construcción de un México más fuerte, con una economía sostenible y la defensa de los derechos de los trabajadores, las pequeñas y medianas empresas, así como de los sectores más vulnerables que dependen del comercio exterior.
El Partido Verde hace un llamado a la unidad nacional, cerrando filas con nuestra Presidenta para enfrentar esta amenaza externa con firmeza, respeto y responsabilidad. México es un país que sabe defender su dignidad y sus intereses, y bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, saldremos adelante. Unámonos todas y todos en el Zócalo el próximo domingo.
- En Chiapas, Veracruz y Morelos se han retirado más de 250 cámaras instaladas de manera irregular.
- Necesario reforzar los controles sobre la instalación de cámaras de seguridad y sancionar a quienes las operan sin los permisos correspondientes.
La senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde, exhortó a las 32 entidades federativas en coordinación con la Guardia Nacional a localizar y retirar cámaras de videovigilancia y equipos de videograbación que operan de manera irregular en la infraestructura pública estatal o municipal, debido a que ponen en riesgo la integridad de la población y de las instituciones de gobierno.
A través de un punto de acuerdo, Guerra Mena destacó la urgencia de coordinar esfuerzos entre las Secretarías de Seguridad Pública estatales y municipales para que se detecten y desmantelen todos los dispositivos que no formen parte de los sistemas de videovigilancia oficiales (C2, C4 o C5), asegurando que el material decomisado se ponga a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones.
"La videovigilancia es una herramienta clave para la seguridad, pero en manos equivocadas, se convierte en un arma que facilita la operación delictiva. No podemos permitir que el crimen organizado tenga acceso a tecnología que les permite anticiparse a los operativos de nuestras fuerzas de seguridad", advirtió la legisladora.
Guerra Mena destacó que, según reportes recientes, en diversos operativos realizados en Chiapas, Veracruz y Morelos, se han retirado más de 250 cámaras clandestinas instaladas sin autorización en postes de alumbrado público, infraestructura de la CFE y edificios gubernamentales. En Veracruz, las autoridades desmantelaron 150 dispositivos ilegales, mientras que en Chiapas, se han desactivado más de 100 cámaras.
En ese sentido, la senadora hizo un llamado a las autoridades correspondientes a reforzar los controles sobre la instalación de cámaras de seguridad en infraestructuras públicas y a sancionar a quienes las operan sin los permisos correspondientes.
"Con esta propuesta, en el Partido Verde reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad ciudadana, por lo que continuaremos impulsando medidas para erradicar estas prácticas ilegales que vulneran la tranquilidad de las y los mexicanos”, subrayó la senadora por Morelos.
ADICCIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO
“Es importante garantizar la seguridad e integridad de las personas usuarias de los Centros de Atención de Adiciones y verificar que operan bajo las normas establecidas por el gobierno de la capital”, dijo.
La diputada del Partido Verde, Paula Pérez Córdova, solicitó a la persona titular del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, Amaya Ordorika Imaz, verificar que los Centros de Atención de Adicciones que operan en la Ciudad, lo hagan con apego a los principios de respeto a la dignidad e integridad de las y los usuarios y cuenten con programas internos de protección civil.
Asimismo, la legisladora ecologista pidió dar la máxima difusión al Directorio de Centros de Atención de Adicciones registrados que cumplen con la normatividad aplicable en la Ciudad de México, ello, con la finalidad de que el público usuario o interesado, pueda verificar si el centro de su interés se encuentra operando con regularidad.
Al presentar el punto de acuerdo por el que la diputada local del Partido Verde realizó dicho exhorto, destacó que el objetivo principal del mismo es evitar abusos y casos que deriven en daño a sus usuarios o la pérdida de vidas humanas.
En la tribuna del Congreso de la Ciudad de México, la legisladora ecologista recordó que el pasado 24 de febrero, seis personas perdieron la vida y otras tantas resultaron intoxicadas tras el incendio del centro de rehabilitación “Fuerza nacional”, ubicado en la alcaldía Tlalpan. Siniestro que, dijo, “presuntamente se presentó tras el intento de motín al interior del inmueble y que si bien la actuación de los cuerpos de seguridad y emergencia fue pronta, no pudo evitarse la lamentable pérdida de vidas humanas”.
Aunado a lo anterior, la diputada Paula Pérez del Partido Verde, aseguró que “esta tragedia nos hace presumir que el trato a las personas dentro del centro no era la idónea, además de que se descubrió que este centro no se encuentra inscrito en el Directorio de Centros de Atención de Adicciones Registrados que cumplen con la normatividad aplicable en la Ciudad de México, y que vecinos refieren que dicho centro operaba de manera irregular, cosa que resulta inaceptable y enciende un foco rojo sobre la clandestinidad en la que operan este y probablemente varios centros de rehabilitación contra las adicciones en nuestra Ciudad”.
“Hechos lamentables como el ocurrido en Tlalpan, nos obligan a plantear medidas urgentes para garantizar la seguridad e integridad de las personas usuarias y prevenir, en la medida de lo posible, que ocurran nuevamente este tipo de tragedias”, concluyó la congresista local, Pérez Córdoba