- La accesibilidad debe ser efectiva y sostenida, y este dictamen garantiza dignidad, inclusión y derechos: Virginia Magaña.
- En México viven más de 9.5 millones de personas con discapacidad, quienes enfrentan diariamente obstáculos en su entorno inmediato: Rocío Corona.
El Grupo Parlamentario del Partido Verde en el Senado de la República respaldó la reforma a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad para establecer verificaciones periódicas a condiciones de accesibilidad en espacios públicos, al considerar que es una medida necesaria ante barreras persistentes que enfrentan millones de personas en México.
La legisladora Virginia Magaña Fonseca señaló que construir rampas no es suficiente si nadie verifica que funcionen, por lo que esta reforma permitirá pasar del acto de inaugurar al compromiso de mantener.
Advirtió que la exclusión no solo es física, sino que limita el acceso a la escuela, al trabajo, al médico y al voto.
Dijo que en México más de 9 millones de personas viven con discapacidad y que, de acuerdo con el INEGI, una de cada tres identifica como principal obstáculo las condiciones del entorno. Subrayó que la discapacidad no reside en las personas, sino en las barreras sociales.
Explicó que la reforma al artículo 17 obliga a supervisar y mantener adecuaciones, alineándose con criterios nacionales e internacionales. Asimismo, indicó que la accesibilidad debe ser efectiva y sostenida, y que este dictamen garantiza dignidad, inclusión y derechos.
La senadora Rocío Corona Nakamura destacó que en México viven más de 9.5 millones de personas con discapacidad, equivalentes al 7.3% de la población, quienes enfrentan diariamente obstáculos en su entorno inmediato.
Señaló que las banquetas dañadas, las rampas inadecuadas y el transporte inaccesible evidencian que el problema va más allá de la norma; por ello, afirmó que no basta con inaugurar obras si no se les brinda mantenimiento, seguimiento y supervisión.
Corona Nakamura afirmó que este dictamen atiende esa omisión y refuerza políticas públicas de inclusión, alineadas con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, orientadas a garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso efectivo a los derechos.
- Se propone establecer la obligación del personal de los centros educativos de denunciar los hechos, indicios o sospechas de cualquier forma de violencia
Con el fin de proteger a las niñas, niños y adolescentes de la violencia sexual en entornos escolares, el diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), propuso modificaciones a diversos artículos de la Ley General de Educación para establecer la obligación del personal de los centros educativos de denunciar los hechos, indicios o sospechas de cualquier forma de violencia.
Delgado Carrillo, propone que el Estado deberá dar publicidad a las técnicas, medidas y conductas que constituyan violaciones contra la protección integral de niñas, niños y adolescentes frente a la violencia sexual en entornos escolares, con el fin de prevenir, detectar y sancionar oportunamente tales actos.
El planteamiento también incluye la obligación del personal directivo, docente y administrativo de los centros educativos de cualquier nivel que integran el Sistema Educativo Nacional, así como quienes presten servicios en planteles con autorización o reconocimiento de validez oficial, de denunciar de inmediato cualquier acto de violencia que tengan de conocimiento ante el Ministerio Público.
Otro de los puntos relevantes es que establece como infracción el omitir realizar la denuncia inmediata ante las autoridades. La multa, para quienes incumplan, irá de mil a siete mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), en la fecha en que se cometa la infracción.
“Esta iniciativa pretende eliminar los vacíos legales y brindar la certeza jurídica al personal educativo para actuar de manera inmediata, porque las y los maestros pueden ser la solución, quienes tomen la bandera, detecten las señales, escuchen, acompañen, y que también el Estado los proteja, les dé la voz y les dé los cauces para que ellos puedan encontrar la vía de la denuncia y, sobre todo, un compromiso moral con sus educandos”, finalizó el legislador.
- Se busca poner fin a este abuso desde la raíz
Hay una realidad que indigna y que pocas veces se dice, en México miles de personas indígenasaceptan trabajos sin entender lo que firman.
En un país con más de 7 millones de personas hablantes de lenguas indígenas, casi 866 mil no hablan español. Esto las deja prácticamente indefensas al momento de conseguir empleo, porque los contratos laborales están escritos en un idioma que no comprenden.
Y aunque algunas personas sí hablan español, eso no significa que entiendan los términos legales de un contrato. Palabras técnicas, condiciones complejas y letras pequeñas terminan por convertirse en una trampa.
Ante esta situación, la diputada Paula Pérez Córdova impulsa una iniciativa que busca poner fin a este abuso desde la raíz y que las personas empleadoras estén obligadas a entregar los contratos laborales en la lengua indígena de cada trabajador.
Con esta medida se busca algo básico pero poderoso, que todas las personas entiendan sus derechos antes de aceptar un empleo.
Esta propuesta pone sobre la mesa una deuda histórica con los pueblos indígenas y lanza un mensaje claro, ya no más simulación, ya no más discursos vacíos. Es momento de garantizar justicia laboral para todas y todos, sin importar el idioma que hablen.