- Se exhorta a informar sobre las interrupciones del suministro, las condiciones de la infraestructura y los proyectos de ampliación, modernización y mantenimiento del sistema eléctrico de la Zona Metropolitana de Monterrey y el Estado de Nuevo León.
- También a asegurar recursos suficientes para atender el rezago de inversión en infraestructura eléctrica de la entidad.
El senador Carlos Humberto Suárez Flores, del Partido Verde, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Energía, al Centro Nacional de Control de Energía, a la Comisión Nacional de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a informar sobre las interrupciones del suministro, las condiciones de la infraestructura y los proyectos de ampliación, modernización y mantenimiento del sistema eléctrico de la Zona Metropolitana de Monterrey y el Estado de Nuevo León.
También exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad a asegurar recursos suficientes para atender el rezago de inversión en infraestructura eléctrica de la entidad durante los ejercicios fiscales 2026 y 2027; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar dichas necesidades en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2027.
El senador explicó que Nuevo León es uno de los principales polos económicos, industriales y logísticos del país, lo que exige incrementar las capacidades instaladas de energía y de servicios públicos. Apuntó que cada parque industrial, desarrollo habitacional o cualquier proyecto económico público o privado adicional representa una mayor carga para la red eléctrica y presiona los sistemas de agua, movilidad, salud y seguridad.
Aseguró que cuando la infraestructura disponible no crece al ritmo de la economía, el costo recae en las familias y las empresas, en forma de interrupciones, menor calidad del servicio y pérdida de competitividad. Dijo que ampliar la capacidad instalada no es solo una condición para atraer y retener inversión, sino también una responsabilidad para asegurar servicios básicos a la población.
Hizo énfasis en que Nuevo León no puede limitarse a responder ante fallas o contingencias, sino que requiere una estrategia preventiva de planeación, ampliación, modernización, sustitución y mantenimiento de la infraestructura que den solución a las restricciones de capacidad.
Reconoció que el Programa de Desarrollo de la CFE 2026–2030 reconoce la necesidad de modernizar y fortalecer las redes eléctricas para mejorar la continuidad del suministro y reducir las afectaciones a los usuarios cuando ocurre una interrupción, por lo que se prevé una inversión nacional de 183 mil 659 millones de pesos en transmisión y distribución, destinada a nuevas líneas, a la construcción y ampliación de subestaciones y a la modernización de las redes.
Sin embargo, señaló que esta cifra nacional no permite saber qué parte beneficiará a Nuevo León, por lo que insistió en la necesidad de conocer qué obras se prevén para la entidad, con qué montos y qué mejoras se espera lograr en indicadores de continuidad del servicio.
Recalcó que esa información es indispensable para dimensionar el rezago de la Zona Metropolitana de Monterrey y para sustentar que los recursos destinados a Nuevo León sean suficientes e identificables en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027, y que los previstos para el ejercicio 2026 se ejerzan oportunamente.
Finalmente, señaló que la coordinación entre las autoridades responsables de la planeación, operación, regulación, transmisión, distribución y ejecución de infraestructura es indispensable para que las inversiones respondan a las necesidades presentes y futuras de Nuevo León.
- Garantizar condiciones dignas de internamiento no constituye únicamente una obligación administrativa, sino una responsabilidad constitucional vinculada directamente con la seguridad, la justicia y el respeto a los derechos fundamentales: Juanita Guerra.
Con la finalidad de que se garantice el respeto a los Derechos Humanos y la dignidad de las personas privadas de la libertad, la senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, para que fortalezca las acciones destinadas a atender las condiciones de los Centros Penitenciarios Estatales, en materia de sobrepoblación, infraestructura, servicios de salud, higiene, seguridad, alimentación, agua potable, personal penitenciario y reinserción social.
La senadora explicó que el sistema penitenciario es una responsabilidad esencial del Estado mexicano y una pieza fundamental para la seguridad pública, la impartición de justicia y la construcción de condiciones efectivas para la reinserción social; agregó que la privación de la libertad en este sistema implica una restricción legítima a la libertad ambulatoria; sin embargo, no significa la pérdida de los demás derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte.
En este sentido, subrayó que “garantizar condiciones dignas de internamiento no constituye únicamente una obligación administrativa, sino una responsabilidad constitucional vinculada directamente con la seguridad, la justicia y el respeto a los derechos fundamentales”.
Detalló que de acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo de Morelos 2025-2030, elaborado por el Gobierno del Estado, el sistema penitenciario estatal se integra por un Centro de Reinserción Social Femenil, cinco Centros de Reinserción Social Varoniles y un Centro Especializado de Ejecución de Medidas para Adolescentes.
La senadora dijo que según el Cuaderno Mensual de Información Penitenciaria del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana Federal, Morelos presenta hacinamiento, ya que cuenta con 2 mil 47 espacios penitenciarios y contiene a 4 mil 345 personas privadas de la libertad, lo que se traduce en una sobrepoblación del 112 por ciento.
Insistió en que estas cifras hacen necesario fortalecer las políticas públicas destinadas a garantizar que la ocupación de los centros penitenciarios sea compatible con condiciones adecuadas de internamiento, seguridad, higiene, atención médica y reinserción social.
Agregó que la sobrepoblación que se traduce en una utilización intensiva de la infraestructura penitenciaria, que es además obsoleta e insuficiente, puede generar presiones adicionales sobre los servicios básicos, el personal, los espacios destinados a actividades de reinserción y las condiciones de convivencia, por lo que dijo que resulta indispensable que las autoridades realicen una evaluación permanente de la capacidad instalada y de las necesidades reales en cada centro.
“El objetivo no debe limitarse a mantener los centros en funcionamiento, sino a garantizar que estos cumplan efectivamente con la finalidad constitucional de la reinserción social”, sentenció.
- Propone coordinar a Bomberos, autoridades ambientales y las 16 Alcaldías para atender enjambres de forma segura y proteger a estos polinizadores.
Ante la presencia de enjambres de abejas en viviendas, escuelas, parques y calles de la capital, la diputada Claudia Neli Morales del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México busca fortalecer su atención y rescate para evitar accidentes y frenar la muerte innecesaria de estos importantes polinizadores.
La falta de información puede convertir un fenómeno natural en una situación de riesgo. Cuando las personas intentan retirar un enjambre por sus propios medios, pueden provocar una reacción defensiva de las abejas y exponerse a picaduras. Además, el uso de métodos improvisados puede destruir colonias que cumplen una función esencial para la conservación de la biodiversidad.
Por ello, la propuesta plantea fortalecer la coordinación entre la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, el Heroico Cuerpo de Bomberos y las 16 Alcaldías, para establecer procedimientos comunes de atención, rescate y reubicación de enjambres, con personal capacitado y medidas de seguridad.
Asimismo, se busca impulsar campañas informativas para que la ciudadanía sepa cómo actuar y dónde reportar la presencia de abejas, sin poner en peligro su integridad ni dañar a estos insectos.
La legisladora subrayó que proteger a la población también significa cuidar el medio ambiente y promover una convivencia responsable con la naturaleza.