Prensa
PARTIDO VERDE PIDE RESCATAR ABEJAS Y EVITAR ATAQUES PELIGROSOS

  • Propone coordinar a Bomberos, autoridades ambientales y las 16 Alcaldías para atender enjambres de forma segura y proteger a estos polinizadores.

Ante la presencia de enjambres de abejas en viviendas, escuelas, parques y calles de la capital, la diputada Claudia Neli Morales del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México busca fortalecer su atención y rescate para evitar accidentes y frenar la muerte innecesaria de estos importantes polinizadores.

La falta de información puede convertir un fenómeno natural en una situación de riesgo. Cuando las personas intentan retirar un enjambre por sus propios medios, pueden provocar una reacción defensiva de las abejas y exponerse a picaduras. Además, el uso de métodos improvisados puede destruir colonias que cumplen una función esencial para la conservación de la biodiversidad.

Por ello, la propuesta plantea fortalecer la coordinación entre la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, el Heroico Cuerpo de Bomberos y las 16 Alcaldías, para establecer procedimientos comunes de atención, rescate y reubicación de enjambres, con personal capacitado y medidas de seguridad.

Asimismo, se busca impulsar campañas informativas para que la ciudadanía sepa cómo actuar y dónde reportar la presencia de abejas, sin poner en peligro su integridad ni dañar a estos insectos.

La legisladora subrayó que proteger a la población también significa cuidar el medio ambiente y promover una convivencia responsable con la naturaleza.

BUSCA MAKI ORTIZ QUE CFE Y SUS FILIALES GESTIONEN INTEGRALMENTE SUS RESIDUOS

  • Esto bajo una lógica que privilegie la prevención y minimización de su generación, su correcta identificación y separación, la recuperación de materiales, su valorización y aprovechamiento circular, la trazabilidad de su manejo y la disminución progresiva de aquellos residuos que finalmente deban ser destinados a disposición final. 

Con el propósito de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) incorpore dentro de su propia  gobernanza empresarial una política explícita de aprovechamiento responsable de  los recursos y reducción de sus impactos ambientales, la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del Partido Verde, presentó una iniciativa para incorporar en la Ley de la  Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad, una obligación para que la CFE y sus empresas filiales, gestionen integralmente los residuos de los que jurídicamente tengan el carácter de generadores.

Esto bajo una lógica que privilegie la prevención y minimización de su generación, su correcta identificación y separación, la recuperación de materiales, su valorización y aprovechamiento circular, la trazabilidad de su manejo y la disminución progresiva de aquellos residuos que finalmente deban ser destinados a disposición final. 

Explicó que su propuesta parte de la idea ya incorporada en nuestra legislación de que un residuo no debe considerarse automáticamente como un material carente de utilidad, ya que determinadas corrientes pueden conservar propiedades físicas, químicas, materiales o energéticas que permiten incorporarlas nuevamente a procesos productivos, sustituir materias primas vírgenes o generar valor económico, siempre que sea ambientalmente adecuado, técnicamente factible, económicamente viable y jurídicamente permitido.

Detalló que en la Ley General de Economía Circular reconoce que los materiales deben mantenerse dentro de la economía durante el mayor tiempo posible y que, una vez generados los residuos, debe recuperarse su valor antes de recurrir a su disposición final, por lo que esta reforma debe entenderse como una medida de armonización con este nuevo marco jurídico nacional, y convierte un mandato general de economía circular aplicable a la Administración Pública Federal en una obligación corporativa concreta para la CFE.

Añadió que su propuesta precisa cómo debe materializarse dentro de su legislación especial: prevención y minimización; clasificación y separación; valorización, aprovechamiento circular; trazabilidad; reducción de la disposición final; objetivos; metas; indicadores; revisión por el Comité de Sostenibilidad y reporte al Consejo de Administración.

Explicó que la política de economía circular debe diferenciar claramente entre aquellas corrientes cuyo valor puede recuperarse y aquellas cuya peligrosidad exige prioritariamente su eliminación o tratamiento especializado. Detalló que si un residuo peligroso únicamente puede ser tratado por una empresa autorizada, esa obligación permanece intacta; si una corriente requiere plan de manejo, deberá mantenerlo; si la legislación local determina requisitos para residuos de manejo especial, éstos continuarán aplicándose; y los residuos radiactivos quedan fuera de la nueva disposición.

Finalmente, la senadora insistió en que la trascendencia de la reforma radica en que no se limita a ordenar que la empresa "maneje correctamente sus residuos", sino que plantea que CFE evite generarlos cuando pueda, que conozca y documente sus flujos, que conserve el valor de los materiales, que utilice materias primas secundarias cuando sea viable, que desarrolle mercados y alianzas para recuperar recursos, que reduzca progresivamente la disposición final y que mida públicamente su desempeño.

PIDE CORONA NAKAMURA GARANTIZAR ATENCIÓN INTEGRAL DE LA ENDOMETRIOSIS

  • Uno de los propósitos de la iniciativa es que la información sobre salud menstrual contribuya a reconocer signos de alarma y se acompañe de una respuesta efectiva de los servicios: valoración clínica, diagnóstico oportuno, tratamiento y seguimiento.

Con el propósito de reducir las demoras diagnósticas y asegurar la continuidad de la atención, desde la valoración inicial hasta el tratamiento y seguimiento que cada persona requiera en materia de endometriosis, la senadora Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde, presentó una iniciativa para incorporar, dentro de los servicios básicos de salud, la atención integral de la endometriosis y la salud menstrual digna, además de garantizar que los servicios se brinden con perspectiva de género, pertinencia intercultural, accesibilidad y evidencia científica, respetando la autonomía, privacidad y consentimiento informado.

Detalló que la endometriosis es una enfermedad crónica caracterizada por la presencia de tejido similar al endometrio fuera del útero, que afecta a cerca de 190 millones de mujeres en edad reproductiva, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud.

Agregó que su diagnóstico puede tardar entre cuatro y doce años y durante ese periodo, el dolor y otras manifestaciones pueden interferir con la asistencia escolar, el trabajo y el bienestar emocional. Aseguró que la evaluación clínica y los estudios de imagen permiten iniciar tratamiento sin exigir confirmación quirúrgica en todos los casos.

La senadora hizo énfasis en que la educación sobre menstruación debe acompañarse de servicios capaces de valorar los síntomas y dar seguimiento. Explicó que uno de los propósitos de su iniciativa es que la información sobre salud menstrual contribuya a reconocer signos de alarma y se acompañe de una respuesta efectiva de los servicios: valoración clínica, diagnóstico oportuno, tratamiento y seguimiento.

Agregó que la atención integral deberá responder a las necesidades clínicas de cada persona, se incluye el tratamiento del dolor según sus mecanismos y repercusión funcional, la atención de la salud mental, la rehabilitación del piso pélvico y la valoración nutricional, cuando procedan, además de que la participación de distintas disciplinas permitirá atender las manifestaciones que requieran intervención especializada.

Dijo que en su propuesta se detalla que tratándose de niñas y adolescentes, la aplicación de estas medidas deberá observar el interés superior de la niñez, proteger su intimidad y respetar su autonomía progresiva.

También se plantea que la Secretaría de Salud incorpore esta atención como línea prioritaria de la política nacional de salud, mediante capacitación continua del personal, investigación y participación de personas usuarias y organizaciones, información y orientación, así como la ampliación progresiva del acceso a productos de gestión menstrual y a condiciones de higiene, agua, saneamiento y privacidad en establecimientos públicos de atención médica.