INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO ÓSCAR BAUTISTA VILLEGAS, DEL GPPVEM, DURANTE LA REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE VIVIENDA Y DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
• En las zonas fronterizas, el día a día de la sociedad incluye de manera creciente a personas migrantes, lo cual implica retos importantes para su ingreso al sistema escolar y también para la práctica docente: Rocío Corona Nakamura.
Con el objetivo de que las personas migrantes puedan hacer efectivo su derecho a la educación en el territorio nacional, y con ello tengan la posibilidad de más oportunidades de mejorar su calidad de vida; la senadora del Partido Verde, Rocío Corona Nakamura, solicitó a los titulares de las secretarías de Educación Pública de los estados de la frontera sur del país, envíen al Senado de la República, un informe acerca de los programas, estrategias, y mecanismos implementados para garantizar la educación a personas migrantes.
Corona Nakamura recordó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Migración, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como diversos convenios internacionales suscritos por nuestro país, contemplan que todas las personas tienen derecho a recibir educación, lo cual no sólo incluye a los connacionales, también ampara a las personas migrantes.
La senadora ecologista indicó que datos de la ONU señalan que a escala internacional, 57 millones de infantes no pueden asistir a la escuela, contraviniendo su derecho a la educación, situación que se complica cuando se vive en situación de vulnerabilidad, como es el caso de las personas migrantes.
La ONU indica que, para las poblaciones migrantes, lo común es encontrar que en los sistemas escolares se asume que los infantes de origen extranjero deben adaptarse a requisitos de ingreso descontextualizados de su realidad, tales como demostrar que cuentan con documentos que avalen su estancia en el lugar donde viven, lo cual dificulta su acceso a becas y en casos críticos se les niega el ingreso a la escuela.
Cabe destacar que el Punto de Acuerdo presentado también exhorta a las dependencias educativas mencionadas, para que informen de forma detallada acerca de la población migrante registrada que tuvo acceso a la educación en el vigente ciclo escolar.
Las y los legisladores del grupo parlamentario del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México, coordinados por el congresista Jesús Sesma Suárez celebraron la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la que se avala que el Congreso local, es competente para legislar sobre delitos en contra del maltrato animal y puede establecer normas para su protección.
De acuerdo con la resolución aprobada este 22 de enero por la SCJN, los artículos 350 Bis y 350 Ter del Código Penal local que prevén y sancionan la conducta de maltrato o crueldad que se cometa en contra de cualquier especie animal dentro de los límites territoriales de la Ciudad de México; ocasionar su muerte utilizando dicho maltrato o crueldad, establecidos en la Ley de Protección a los Animales de la capital; así como la prohibición del uso de animales en ritos y usos tradicionales que puedan afectar el bienestar animal, ya son constitucionales.
Asimismo, la Primera Sala de la Suprema Corte señaló que los conceptos de crueldad, maltrato, sufrimiento y agonía, definidos en la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, no son subjetivos, ya que constituyen actos de maltrato y crueldad y el objetivo de las normas es proteger la vida y la integridad de los animales.
Aunado a lo anterior, la Sala indicó que los artículos 13, Apartado B y 23 Apartado 2, inciso e) de la Constitución Política de la Ciudad de México, en los cuales se reconoce a los animales como seres sintientes e impone la obligación jurídica de respetar la vida e integridad de cualquier especie animal a toda persona, no son discriminatorios por razón de religión y no impiden la libertad de culto.
En ese sentido, señalaron que, "con la emisión de las normas, la intención específica de los legisladores no fue prohibir un acto en específico como la inmolación de un animal en la práctica religiosa, sino disuadir el ejercicio de cualquier conducta, perteneciente o no a la manifestación de una religión, en la cual se realice de manera dolosa, actos cuyo fin sea lesionar, dañar o alterar la salud de cualquier especie animal o bien, se dé muerte de manera dolosa a cualquier especie animal a través de actos de crueldad o maltrato".
"La resolución emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos permitirá continuar y fortalecer las acciones que, desde el Congreso de la Ciudad de México, seguiremos impulsando a fin de proteger la vida de los seres sintientes de la capital y el país", indicó el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde en el Congreso capitalino, Jesús Sesma Suárez.