El coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde, diputado Jesús Sesma Suárez, consideró necesario realizar una mesa de trabajo entre los diputados verdes con el titular de la Alcaldía Miguel Hidalgo, así como con autoridades del Gobierno capitalino, para analizar el tema de las bebidas dopadas y evitar riesgos en la salud de las y los capitalinos que asisten a bares y restaurantes y que están siendo víctimas de estas bebidas.
Durante la comparecencia de Tabe Echartea, el líder ecologista, Sesma Suárez, destacó que la alcaldía de Miguel Hidalgo es una de las demarcaciones con más establecimientos mercantiles de este tipo, por lo que solicitó a su titular trabajar juntos para atender la problemática de bebidas dopadas en restaurantes, bares y antros de la zona.
Al respecto, el alcalde expresó que la problemática expuesta por el líder ecologista podría atenderse en una mesa de trabajo en la que se conocerían los alcances de las distintas autoridades tanto del gobierno local como de la alcaldía, luego de expresar que la responsabilidad mayor la debe tener la autoridad sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México, la cual podría evaluar las condiciones en las que se proporcionan las bebidas alcohólicas, ya que, aseguró, la alcaldía no está facultada para hacer la evaluación sanitaria.
El líder de los congresistas del Partido Verde, Jesús Sesma Suárez, detalló que esta misma semana presentará una iniciativa para crear el delito de sumisión química y castigarlo con hasta 17 años de prisión a quien se atreva a agregar alguna sustancia en las bebidas para drogar a las personas que acuden a bares de la ciudad.
También para evitar más pérdidas de vidas humanas, Sesma Suárez solicitó al alcalde Mauricio Tabe, gestionar que dichos establecimientos mercantiles en su demarcación cuenten con la obligación de tener en sus establecimientos a disposición de la clientela, dispositivos como la pulsera Centinela Guardián que brindan información, asistencia y detectan sustancias peligrosas a través de un cambio de color al contacto con bebidas contaminadas. Esto como herramienta de prevención ante el consumo involuntario de bebidas dopadas.
“Queremos saber si nos podría apoyar y tener estas pláticas con el presidente de la asociación de bares y antros de la ciudad para atender el tema ya que este problema está sucediendo y no respeta edades”, finalizó.
- Urge frenar el “huachicoleo” de este recurso, que afecta a miles de familias en zonas con estrés hídrico.
- Proponen hasta 9 años de prisión por robo de agua; sanción se agrava si afecta a zonas de alta marginación.
Para frenar el robo de agua y garantizar el acceso equitativo a este recurso vital, senadoras y senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa para tipificar el “huachicoleo de agua” como delito federal, incorporándolo en el Código Penal Federal como una agravante contra el medio ambiente y la gestión de los recursos hídricos.
La iniciativa propone adicionar un nuevo capítulo denominado "Del Agua" al Título Vigésimo Quinto del Código Penal, estableciendo penas de seis meses a nueve años de prisión y sanciones económicas de hasta tres mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), a quienes extraigan, desvíen, manipulen o comercialicen agua de manera ilícita.
“Las sanciones aumentarán si el delito se comete en zonas de atención prioritaria, donde la escasez de agua pone en riesgo la vida de miles de personas”, destacaron.
Los legisladores señalaron que el robo de agua, también conocido como “aguachicoleo”, ha proliferado en todo el país y se ha vuelto una práctica lucrativa. Datos del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y solicitudes de información revelan que entre 2019 y 2022 se detectaron más de 131 mil 600 tomas clandestinas en 239 municipios del país.
En el caso de la Ciudad de México, en 2023, se comprobó la ilegalidad de 32 tomas clandestinas con apenas 209 denuncias. Además, en el Estado de México se ha reportado el robo de hasta dos mil litros de agua por segundo del sistema Cutzamala.
Subrayaron que la falta de sanciones penales específicas ha permitido el crecimiento de esta actividad ilícita, afectando principalmente a los sectores más vulnerables.
En ese sentido, los legisladores indicaron que actualmente el robo de agua sigue sin ser castigado como un delito, debido a que la Ley de Aguas Nacionales sólo contempla multas económicas, pero no sanciones penales, lo que deja impune esta práctica que agrava la crisis hídrica y afecta a miles de familias
Por ello, la bancada del Partido Verde impulsa esta reforma penal, argumentando que proteger el acceso al agua es esencial para garantizar los derechos humanos vinculados a la vida, la salud y el medio ambiente.
- La iniciativa busca establecer una compensación mínima del 35 % del costo del boleto
El diputado Luis Orlando Quiroga Treviño, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde, propuso reformar el artículo 52 y adicionar el artículo 52 Bis de la Ley de Aviación Civil, con el objetivo de establecer una compensación mínima del 35 por ciento del costo del boleto para los pasajeros afectados por la sobreventa de vuelos comerciales.
La propuesta también contempla que dicha compensación sea cubierta por las aerolíneas en un plazo no mayor a 15 días hábiles.
En el desarrollo de su iniciativa, el legislador señaló que la normativa vigente permite a las aerolíneas la sobreventa de vuelos, una práctica legal pero problemática para los usuarios del transporte aéreo. “En muchos casos, esta situación vulnera sus derechos como consumidores, generando molestias, retrasos y complicaciones que afectan directamente su experiencia de viaje”, afirmó.
Explicó que la sobreventa responde a una estrategia comercial basada en proyecciones de inasistencia de pasajeros, lo que permite a las aerolíneas maximizar su operación y reducir costos. No obstante, advirtió que esta lógica también puede traducirse en afectaciones significativas para los pasajeros que sí se presentan puntualmente y, aun así, no pueden abordar por falta de espacio disponible.
Quiroga Treviño recordó que, actualmente, la Ley de Aviación Civil establece una compensación del 25 por ciento del valor del boleto, además de la obligación de cubrir gastos como hospedaje y alimentación en ciertos casos. Su propuesta busca aumentar este porcentaje y reducir el plazo para su cumplimiento, garantizando un resarcimiento más justo y oportuno para los pasajeros afectados.
El legislador destacó que en diversos países ya se han implementado regulaciones más estrictas sobre esta práctica, con el fin de proteger los derechos de los consumidores. En ese sentido, su propuesta busca que México avance hacia un modelo que equilibre los intereses de las aerolíneas con los derechos fundamentales de los usuarios del transporte aéreo.
La iniciativa también contempla medidas específicas para proteger a grupos en situación de vulnerabilidad, como personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas que viajan con menores. Entre las disposiciones propuestas se incluye el acceso gratuito al registro en aeropuertos y la garantía de mantener el derecho al pase de abordaje.
Asimismo, se reafirma el derecho de todo pasajero a conservar su pase de abordar siempre que se haya presentado dentro del plazo establecido, conforme a la normativa vigente, evitando así exclusiones arbitrarias por motivos administrativos.
La iniciativa también estipula que los concesionarios y permisionarios deberán garantizar un proceso de compra y registro claro y transparente, además de promover la disponibilidad de infraestructura operativa gratuita en los aeropuertos, con énfasis en facilitar el acceso a servicios de registro para quienes no cuentan con medios digitales.
“Con esta medida, se busca dar un paso firme hacia una aviación más justa, accesible y equitativa”, concluyó el diputado.