- La iniciativa busca promover el uso sustentable del agua en inmuebles de alto consumo.
- En México, sólo se capta uno de cada 100 litros de lluvia, a pesar del éxito de programas como “Cosecha de lluvia” en la CDMX.
La senadora Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde, propuso una reforma para obligar a tiendas departamentales, centros comerciales y supermercados del país a instalar sistemas de captación de agua pluvial para usos no potables como el riego de áreas verdes, limpieza y uso de servicios sanitarios, liberando así agua potable solo para el consumo humano.
Destacó que su propuesta responde a la urgente necesidad de preservar las fuentes de agua potable, y advirtió que no se puede seguir desperdiciando el agua de lluvia que cae generosamente sobre los techos de miles de comercios y departamentos en todo el país, sin ser aprovechada.
Según estudios de CONAGUA, cada metro cuadrado de techo puede captar hasta 800 litros de agua por temporada. “Cada litro de agua pluvial que dejamos perder es una oportunidad que desperdiciamos para enfrentar la crisis hídrica, por lo que aprovecharla permitiría liberar una cantidad significativa del recurso para quienes más la necesita”, subrayó la legisladora.
Comentó que en México sólo se aprovecha uno de cada 100 litros de agua de lluvia, a pesar del éxito del programa “Cosecha de lluvia” en la Ciudad de México, que entre 2019 y 2023, permitió captar alrededor de 700 millones de litros de agua mediante la instalación de más de 73 mil sistemas domésticos, lo que representa una oportunidad desaprovechada frente a una crisis que se agrava día con día.
Según datos del Programa Nacional Hídrico, solo el 58 por ciento de la población mexicana tiene acceso diario al agua y al saneamiento básico, mientras que 730 municipios enfrentan condiciones de sequía o aridez anormal. Agregó, que el 74 por ciento de la superficie agrícola nacional depende de lluvias estacionales, y que, en 2022, la sequía fue la principal causa de pérdida de cultivos, lo que agrava aún más la crisis alimentaria y económica del país.
Corona Nakamura señaló que su iniciativa, que reforma el artículo 92 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, también busca establecer que las autoridades federales emitan en un plazo máximo de 180 días las disposiciones técnicas para la instalación de estos sistemas en construcciones comerciales, de acuerdo con las condiciones geográficas y financieras de cada zona.
“La captación pluvial no solo reduce el impacto ambiental, también promueve una cultura del agua, ahorra costos operativos y contribuye a enfrentar el cambio climático desde lo local”, expresó la senadora.
• Es prioritario su protección ante amenazas crecientes como deforestación, contaminación, cambio climático y desarrollo urbano sin control.
En el marco del Día Internacional de la Conservación del Ecosistema de Manglares, que se celebra cada 26 de julio, senadoras y senadores del Partido Verde reafirmaron su compromiso con la protección de estos ecosistemas, fundamentales para la biodiversidad, la economía local y la mitigación del cambio climático.
Explicaron que los manglares son hábitats estratégicos que albergan más de 70 especies de plantas, así como peces, aves, moluscos y mamíferos. Actúan como barreras naturales ante tormentas, huracanes y tsunamis, protegiendo a las comunidades cercanas, además de que almacenan grandes cantidades de carbono. También, sostienen la actividad pesquera y turística de miles de familias en zonas costeras.
Los legisladores subrayaron la urgencia de implementar políticas integrales para salvaguardar estos ecosistemas, los cuales enfrentan amenazas crecientes como la deforestación, la contaminación, el cambio climático y el desarrollo urbano descontrolado, entre otras afectaciones.
En ese sentido, recordaron que, desde la publicación de la Ley General de Vida Silvestre en 2007, se ha trabajado para su protección, particularmente a través del artículo 60 TER, que prohíbe la remoción o relleno de manglares y otros elementos clave del hábitat natural.
“En el Partido Verde hemos sumado esfuerzos para su conservación, participando en jornadas de limpieza y reforestación en zonas costeras, apoyando proyectos comunitarios, promoviendo la educación ambiental y apoyando a organizaciones dedicadas a la protección de los ecosistemas costeros”, enfatizaron.
Por ello, reiteraron su exigencia de reforzar las acciones coordinadas entre autoridades, comunidades y organizaciones internacionales, a fin de garantizar la preservación de estos pulmones verdes costeros, fundamentales para la salud del planeta.
“Este 26 de julio no es solo una efeméride, es un llamado urgente a defender nuestros ecosistemas costeros con acciones concretas que garanticen un futuro sostenible”, enfatizaron los senadores.
- Dicha consulta se realizará respetando en todo momento sus usos y costumbres y en los términos que establecen los tratados internacionales firmados por México en la materia
Con el fin de evitar conflictos, actos de represión y garantizar que se respeten los derechos humanos de los pueblos indígenas, el diputado Jonathan Puertos Chimalhua, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), propuso reformar la Ley Agraria para regular y establecer que construcciones de carácter público o privado dentro de tierras en las que se asienten comunidades indígenas y afromexicanas pasen por consulta ciudadana previa, libre e informada.
La propuesta contempla adicionar el artículo 9º. Bis a la citada Ley para incluir la consulta a las comunidades indígenas y afromexicanas cuando sus tierras se encuentren contempladas en proyectos de infraestructura que afecten de alguna manera su sana convivencia.
El diputado ecologista explicó que como antecedente de cómo un proyecto de infraestructura puede afectar a las comunidades indígenas está la brutal represión que vivieron los habitantes de Atenco, en el Estado de México, quienes hace unos años no fueron consultados para la construcción de un aeropuerto en sus tierras y ante la expresión de su inconformidad por el Estado recibieron únicamente represión.
"Como diputado federal indígena, representante de Veracruz y estudioso de la historia, quiero presentar esta adición a la Ley Agraria, porque no quiero que mis hermanos indígenas de cualquier parte del país sufran represión o incluso los priven de la vida por oponerse a la creación de infraestructura pública o privada que afecte su sano desarrollo", resaltó.
De acuerdo con la iniciativa, "toda acción gubernamental o privada que implique la ejecución de obras, instalaciones o actividades dentro de tierras pertenecientes o colindantes con comunidades indígenas o afromexicanas deberá garantizarse el derecho de estas comunidades a ser consultadas de manera previa, libre e informada, respetando en todo momento sus usos y costumbres, en los términos que establecen los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano y la legislación nacional en la materia".
Establece que dicha consulta deberá realizarse de forma oportuna, con la participación efectiva de las autoridades tradicionales, respetando su estructura organizativa, su identidad cultural y su vinculación con el territorio.
Asimismo, señala que su finalidad será conocer y, en su caso, obtener el consentimiento de la comunidad antes de autorizar cualquier proyecto que pueda afectar su integridad territorial, sus formas de vida, recursos naturales o desarrollo sostenible.
Precisa que el resultado de la consulta será vinculante y deberá formar parte del expediente administrativo del proyecto correspondiente. Añade que las autoridades competentes deberán abstenerse de otorgar permisos, licencias o concesiones si no se ha cumplido con este procedimiento de manera adecuada y documentada".
Jonathan Puertos indicó que su propuesta, también forma parte de los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).