El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Jesús Sesma Suárez, informó que la iniciativa de la denominada Ley de Rentas Justas, que sería enviada por la Jefatura de Gobierno, aún no ha sido remitida al Poder Legislativo.
Señaló que, aunque se tenía previsto que la propuesta fuera entregada por el secretario de Gobierno César Cravioto y la Consejería Jurídica, Eréndira Villegas, este jueves, de último momento se notificó que no asistirían, por lo que el Congreso se mantiene a la espera de recibirla en el transcurso del día.
No obstante, el legislador subrayó la importancia del contenido de la iniciativa, destacando que representa un tema de gran relevancia para la vida pública de la capital.
“La vivienda no es un privilegio, es un derecho. Sin embargo, garantizar este derecho en una ciudad tan compleja como la nuestra implica enfrentar desafíos reales, como el acceso equitativo, la estabilidad en los arrendamientos, la protección contra abusos y, al mismo tiempo, brindar certeza jurídica a quienes rentan e invierten en vivienda”, afirmó.
Sesma Suárez enfatizó que el reto central será encontrar un equilibrio entre los derechos de inquilinos y propietarios, por lo que hizo un llamado a evitar juicios anticipados y apostar por un análisis serio, técnico y abierto.
"Una iniciativa de esta magnitud exige escuchar todas las voces: inquilinos, propietarios, especialistas, autoridades y sectores productivos. Nuestro deber no es sólo legislar, sino hacerlo bien, con normas equilibradas, viables y justas", puntualizó.
El legislador reiteró que el Congreso analizará la propuesta con profundidad y sin prejuicios, con el objetivo de construir una legislación que garantice el derecho a la vivienda sin generar efectos adversos en el mercado inmobiliario.
Asimismo, informó que el coordinador de su bancada emitirá un posicionamiento formal una vez que la iniciativa sea recibida y revisada.
Waldo Fernández presentó esta iniciativa el 3 de diciembre de 2025, con el objetivo de cerrar la brecha entre la innovación tecnológica y el derecho a la privacidad, y busca transformar la manera en que se gestiona la información en el ecosistema cibernético del país.
Las senadoras y senadores del Partido Verde respaldaron la reforma a la Ley de Vivienda para incorporar en su redacción el concepto de vivienda adecuada y sus características, así como armonizarla con las modificaciones constitucionales aprobadas en 2024.
Durante su participación, la senadora Virginia Magaña Fonseca indicó que el dictamen armoniza la legislación al sustituir el concepto de vivienda digna y decorosa por vivienda adecuada, en congruencia con la reforma constitucional y compromisos internacionales, reconociendo este derecho como un asunto de interés público y responsabilidad compartida.
Señaló que incorpora siete elementos definidos por organismos internacionales y fortalece las facultades operativas de los organismos de vivienda, consolidando una política pública sustentada en los principios de universalidad, progresividad e igualdad.
Además, incorpora criterios normativos claros y fortalece las facultades de los organismos de vivienda para mejorar su operación y garantizar este derecho fundamental.
Por su parte, la senadora Rocío Corona Nakamura destacó que las modificaciones establecen que los recursos de los trabajadores no estarán en riesgo y se orientarán a su beneficio. Además, se transita de una vivienda digna a una vivienda adecuada, alineada con criterios de ONU Hábitat.
Dijo que también se busca evitar viviendas alejadas y sin servicios básicos, que históricamente generaron abandono, altos costos y comunidades desconectadas. Además, la reforma plantea soluciones flexibles como mejora, ampliación y arrendamiento, incluyendo apoyo a jóvenes.
Además, se establecen mecanismos para adquirir, mejorar o rentar vivienda y una meta de construcción y mejoramiento habitacional hacia 2030, fortaleciendo una política pública centrada en condiciones reales de vida.
Corona Nakamura resaltó que el objetivo es garantizar viviendas adecuadas, con servicios y cercanas a oportunidades, transformando la política pública habitacional.
En este sentido, el senador Luis Alfonso Silva Romo afirmó que el dictamen representa un avance en el desarrollo inmobiliario en México, impulsado por la Estrategia Nacional de Vivienda y el Programa de Vivienda para el Bienestar, al reducir el rezago habitacional de 8.8 millones en 2020 a 8.3 millones en 2024, fortaleciendo el acceso de las familias a una vivienda adecuada en el país.
Comentó que se corrigen prácticas del pasado que generaron viviendas alejadas y abandonadas, y se impulsa la construcción de más de un millón de viviendas desde 2025, priorizando a sectores vulnerables y consolidando un marco legal que permita a la población exigir condiciones mínimas de habitabilidad.