- A partir de mañana, quien adultere o dope una bebida, irá a prisión, dijo Chucho Sesma
El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México, Jesús Sesma Suárez, celebró la aprobación de su propuesta legislativa para castigar con cárcel el delito de sumisión química a quien adultere o dope una bebida, por lo que agradeció a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina haber incorporado en su iniciativa de pinchazos en el Metro, dicha propuesta legislativa del verde.
En tribuna, Chucho Sesma subrayó que esta reforma da respuesta a las más de cien denuncias ciudadanas y miles de víctimas que han sufrido ataques contra su integridad física y autonomía mediante la administración engañosa de sustancias en las bebidas.
“Más allá de las cifras, lo que está en juego es la vida de seres humanos. Esta iniciativa reafirma el profundo compromiso del Gobierno de la Ciudad con los derechos humanos y con una capital más segura para todas y todos”, destacó el líder parlamentario.
Sesma Suárez señaló que estas prácticas delictivas no son hechos aislados, sino que siempre están ligadas a delitos de alto impacto como el abuso sexual, la trata de personas, el feminicidio y el homicidio, por lo que destacó la urgencia de sancionar esta conducta con todo el peso de la Ley.
“Nadie droga a otra persona solo por drogarla . Es para robar, violar o matar, y tiene que sancionarse cada delito”, finalizó el congresista local en la máxima tribuna de la capital del país, Chucho Sesma.
- “No se trata de debilitar al sector, sino de fortalecerlo con reglas claras, competitivas y humanas. Un seguro justo no es un privilegio, es un derecho”, afirmó.
- Solo el 10% de los mexicanos cuenta con seguro médico; el resto enfrenta altos costos de salud con su propio bolsillo.
Frente al alza desmedida en los seguros médicos y la falta de transparencia en sus condiciones, la senadora Maki Ortiz Domínguez, del Partido Verde, propuso reformar la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para frenar los abusos en la fijación de primas, exigir claridad en los contratos y garantizar que los asegurados puedan cambiar de compañía sin perder derechos adquiridos.
Ortiz Domínguez expuso que actualmente solo el 10 por ciento de la población en México cuenta con un seguro de gastos médicos mayores, mientras que el resto enfrenta los altos costos de salud con recursos propios.
La falta de competencia ha permitido que sólo cuatro compañías controlen el 75 por ciento del mercado, limitando opciones y elevando precios sin justificación técnica, de acuerdo con el estudio de Comisión Federal de Competencia (Cofece).
Ante esta situación, la legisladora señaló que su iniciativa plantea la adición de los artículos 200 Bis, Ter, Quáter y Quintus, así como un nuevo inciso al artículo 485, con el propósito de frenar las prácticas abusivas de las aseguradoras que hoy mantienen cautivos a sus clientes mediante contratos restrictivos.
Además, busca garantizar el derecho de portabilidad, que permitirá cambiar de aseguradora sin perder antigüedad, cobertura o beneficios adquiridos; el retorno a un plan superior sin penalizaciones para quienes hayan reducido temporalmente su cobertura; y la creación de un bono sin reclamo para premiar la prevención y la permanencia en el sistema.
De acuerdo con el Informe de tendencias de tasas médicas globales de 2025 emitido por AON, mientras en América Latina y el Caribe la inflación médica disminuye, en México se proyecta un aumento del 11.2 por ciento, reflejo de un mercado sin regulación efectiva ni transparencia. Esta situación se agrava por la falta de regulación efectiva, el uso de cláusulas abusivas y la exclusión de personas mayores o con enfermedades preexistentes.
En ese sentido, Ortiz Domínguez también propuso que las aseguradoras estén obligadas a proporcionar información clara y accesible sobre sus pólizas y justificaciones técnicas de los incrementos. Asimismo, plantea proteger a adultos mayores que han mantenido una póliza activa durante más de 10 años, limitando el incremento de sus primas.
“Proteger su derecho a regresar a una mejor cobertura sin castigo fortalece la dimensión social del seguro, lo convierte en un mecanismo solidario y no solo financiero”, enfatizó.
Finalmente, la senadora ecologista dijo que esta reforma representa un acto de justicia para millones de familias mexicanas que han sido víctimas de un sistema opaco y desequilibrado. “No se trata de debilitar al sector asegurador, sino de fortalecerlo con reglas claras, competitivas y humanas. Un seguro justo no es un privilegio, es un derecho”, enfatizó.
- El 2.0% de la población total de la Ciudad de México, es decir 186 mil 914 personas, se consideran afromexicanas o afrodescendientes, de acuerdo con el INEGI
La diputada del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México, Rebeca Peralta León, presentó una iniciativa para considerar como discriminación el empleo de lenguaje, expresiones y frases que fomenten ideas discriminatorias o aludan al tono de la piel con aspectos negativos que vulneren y perjudiquen a la comunidad afromexicana y afrodescendiente de la capital del país.
Al presentar esta iniciativa, la también vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, lamentó que el racismo ejercido sobre las personas afrodescendientes continúe hasta nuestros días; “si bien en la actualidad se han logrado avances en su prevención, detección y combate, aún persiste y representa un reto muy grande”.
Peralta León destacó que, aunque la ley estipula que los actos considerados como discriminatorios son aplicables para todas las personas, incluidas afromexicanas y afrodescendientes, es necesario establecer expresamente en la ley a este sector de nuestra población para visibilizarlos, resignificar y reivindicar sus derechos.
La congresista detalló que su propuesta también establece claramente en la ley que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), tendrá la atribución de orientar y atender a las personas y comunidades afromexicanas, así como a las personas afrodescendientes, cuando sufran cualquier tipo de discriminación, para resolver y canalizar a la instancia correspondiente en caso de que surta competencia expresa en otra.
“Se dota de protección a las personas afromexicanas y afrodescendientes mediante una instancia encargada de garantizar que se respeten sus derechos ya reconocidos, garantizando así no solo el goce y ejercicio de estos, sino también un trato igualitario, recibiendo las mismas medidas en favor que reciben otros grupos de atención prioritaria”, finalizó la diputada del Partido Verde, Rebeca Peralta León.