• En el país, de acuerdo al Censo 2020 del INEGI, el 19.4 por ciento de la población total se reconocen como indígenas mientras, que en la CDMX se reconocen 825 mil 325
La presidenta de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios, Comunidades Indígenas Residentes y Comunidades Afromexicanas del Congreso de la CDMX, diputada Paula Pérez Córdoba, celebró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) será presidida por un representante de este importante sector de la población del país.
Lo anterior, luego de que concluyera el conteo oficial de votos de la elección judicial del pasado domingo 2 de junio, la cual le otorga a Hugo Aguilar, la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Al respecto, la legisladora del Partido Verde, Paula Pérez, celebró que un abogado indígena mixteco, al ser el candidato más votado del alto tribunal, sea el segundo indígena en tener la titularidad de la Corte, después de Benito Juárez, quien lideró la institución entre 1857 y 1858, antes de convertirse en presidente de México.
La congresista ecologista señaló que en el país, de acuerdo al Censo 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más de 23.2 millones de personas se auto adscriben como indígenas (el 19.4 por ciento de la población total); de éstas 25 por ciento, tienen entre 15 y 29 años.
Mientras que en la Ciudad de México se auto reconocen 825 mil 325 personas como indígenas, por lo que destacó la importancia de que más representantes e integrantes de este sector de la población ocupe espacios importantes en la toma de decisiones del país.
Finalmente, la legisladora ambientalista Paula Pérez, refrendó su compromiso y el de la bancada ecologista del Congreso de la Ciudad de México, de continuar trabajando en beneficio de los pueblos y barrios originarios, comunidades indígenas residentes y comunidades Afromexicanas de la Ciudad y del país.
- El gobierno mexicano, los legisladores, la iniciativa privada y demás actores involucrados debemos construir una hoja de ruta que nos permita diseñar una política nacional para el desarrollo de esta importante industria, dijeron.
Los senadores del Partido Verde, Juanita Guerra, Karen Castrejón, Waldo Fernández, Ruth González, Virgilio Mendoza, Jorge Carlos Ramírez y Manuel Velasco, presentaron una iniciativa que busca impulsar el incremento de la productividad y la competitividad de la economía nacional, específicamente en la industria nacional de semiconductores.
Detallaron que esta propuesta pretende impulsar la inversión en infraestructura, investigación y desarrollo tecnológico en sectores e industrias estratégicas vinculadas a la innovación tecnológica, tecnologías de la información y la comunicación y la producción de semiconductores, superconductores y circuitos electrónicos integrados,
Apuntaron que, como materia de esta iniciativa, se destaca el fortalecimiento científico, tecnológico y la innovación con la creación del Centro Nacional de Diseño de Semiconductores “Kutsari”, en el cual “científicos mexicanos de instituciones públicas de educación superior podrán desarrollar nuevos diseños de este tipo de dispositivos, los cuales podrán patentarse, de acuerdo con estándares internacionales que protejan la innovación”.
Explicaron que los “chips”, los semiconductores y superconductores, son esos componentes imprescindibles para el funcionamiento y operación en el entramado tecnológico de todos los sistemas ciberfísicos y la hiperconectividad.
Recordaron que durante la pandemia de COVID-19, se desató una crisis de semiconductores, que generó la escasez de chips y pérdidas a numerosas industrias, como la electrónica de consumo a la automoción o los electrodomésticos, lo que ocasionó que grandes empresas pararan su producción. Sin embargo, durante el primer trimestre de 2021 las ventas mundiales de ordenadores crecieron un 55 por ciento debido al teletrabajo, las clases en línea y el ocio digital provocado por el confinamiento.
Explicaron que esto impactó de manera positiva en un aumento en la demanda de dispositivos electrónicos y desde entonces sigue en aumento, ocasionando que la industria de los microchips se encuentre en pleno auge y demostrando la dependencia que tienen las industrias de estos componentes.
Apuntaron que los países desarrollados están trabajando arduamente para acelerar el desarrollo de la industria de los semiconductores y no depender de los países asiáticos que tienen un gran liderazgo, por ello aseguraron que “el gobierno mexicano, los legisladores, la iniciativa privada y demás actores involucrados debemos construir una hoja de ruta que nos permita diseñar una política nacional para el desarrollo de esta importante industria”.
Finalmente, se dijeron confiados de que “el Estado mexicano cuentecon instituciones sólidas, un sector empresarial con vasta experiencia para aprovechar todas las ventanas de oportunidad que hoy se nos presentan” e insistieron en que México no puede ni debe “seguir en la lista de los países que dependen de la tecnología, el conocimiento, la innovación y el capital humano, que hoy por hoy son los factores de crecimiento y desarrollo”.
- Van 40 explosivos hallados en Tamaulipas en lo que va de este año; algunos ya cobraron la vida de civiles y elementos militares.
- El manejo de estos artefactos ilegales, prohibidos por la ley, exige respuesta inmediata de las autoridades para detener su uso.
Las senadoras Juanita Guerra Mena y Maki Ortiz Domínguez exhortaron a las entidades federativas a coordinar esfuerzos con la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional para implementar acciones conjuntas y eficaces en la búsqueda, localización y decomiso de artefactos explosivos improvisados (AEI) utilizados por grupos delictivos en todo el país.
Mediante un Punto de Acuerdo, las legisladoras señalaron que estos explosivos, fabricados de forma artesanal y utilizados en enfrentamientos contra personal de instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, al quedar expuestos ponen en riesgo a los ciudadanos que habitan o transitan por las zonas donde ocurren estos incidentes.
En ese sentido, la senadora por Morelos, Juanita Guerra Mena señaló que el uso creciente de AEI se debe a su bajo costo y facilidad de fabricación, convirtiéndose en un desafío urgente para la seguridad nacional.
“El uso de estos explosivos ilegales —prohibidos por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos— requiere una respuesta inmediata, articulada y sostenida entre los tres niveles de gobierno”, subrayó.
Por su parte, la senadora Maki Ortiz señaló que, en Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán y Guanajuato -entidades con intensos conflictos entre grupos criminales- se han realizaron diversos decomisos de estos artefactos; sin embargo, para octubre de 2024 las autoridades ya habían detectado AEI en 25 de los 32 estados del país.
Las zonas más afectadas incluyen municipios como Buenavista (Michoacán), Santa María del Oro (Jalisco) y Aquiles Serdán (Chihuahua), donde los explosivos causaron múltiples bajas en operativos militares y policiales.
Comentó que en el caso particular de Tamaulipas se detectaron 40 artefactos explosivos en lo que va del año, algunos de los cuales causaron la muerte de civiles y militares.
Finalmente, las senadoras del Partido Verde destacaron que los artefactos de fabricación casera no solo ponen en riesgo la vida y la seguridad pública, sino también el desarrollo económico y social de las comunidades afectadas, por lo que insistieron en la importancia de una estrategia conjunta para la búsqueda, localización, rastreo y decomiso de estos artefactos.