Con su venia, señor Presidente.
Compañeras y compañeros legisladores:
A lo largo del devenir de la historia de México, hemos vivido importantes etapas que marcan los hitos y los puntos de inflexión de nuestra historia. La Independencia, la Reforma y la Revolución, son los tres grandes movimientos políticos que recogieron los sentimientos y las exigencias sociales, para ser plasmadas en reformas constitucionales adecuando el marco normativo a la realidad de cada una de ellas.
El Acta Constitutiva de la Federación de 1824, el Constituyente de 1857 y el de 1917 establecen nuevos paradigmas y los cauces legales para resolver los problemas y atender las demandas que hoy nos posicionan como una gran nación.
Sin embargo, pese a estos grandes movimientos subsisten deudas añejas y problemas estructurales que no hemos podido solucionar. La pobreza, la desigualdad, la inseguridad y la corrupción son los grandes diques que impiden consolidar nuestro sistema productivo en senderos de crecimiento y bienestar.
Por ello ante los ciclos de gobierno, hoy la sociedad mexicana ha expresado la voluntad de generar cambios, y estos cambios incluyen un rediseño institucional que involucra aspectos nodales de la administración pública, esquemas políticos y normativos que deberán producir el crecimiento económico, la paz social y una mejor calidad de vida para los mexicanos.
Es claro que una de las principales exigencias expresadas en el voto de más de 30 millones de mexicanos, es iniciar un nuevo proceso transformador de la sociedad y de sus instituciones.
Sin duda, el nuevo gobierno y su proyecto de nación tienen la legitimidad y el derecho de contar con los lineamientos jurídicos que le permitan instrumentar y materializar de manera armónica sus propuestas y su visión de país. Pero será fundamental que esta trasformación sea mediante un ejercicio adecuado del proceso legislativo siempre respetando el espíritu republicano y la división de poderes.
Debemos dar la oportunidad al gobierno entrante de realizar las acciones que considere pertinentes para el bienestar de México, supervisando que no existan excesos en el poder y velando en todo momento por el federalismo constitucional, sobre todo el pleno respeto de la soberanía de las entidades federativas, misma que ha prevalecido desde el Constituyente de 1917.
En lo general, estamos a favor del Dictamen de las Comisiones Unidas, puntualizando que presentaremos propuestas de reservas para precisar algunas inconsistencias en la Minuta que hemos venido discutiendo.
Recordemos que el proyecto de decreto refleja enfoques e ideales para la preservación de la seguridad pública y la protección de los derechos humanos, por medio del trabajo de las diversas dependencias en la nueva administración.
No olvidemos que después de la aprobación de estas reformas a la Ley Orgánica, nosotros, el Poder Legislativo deberemos de ser el contrapeso que México requiere, vigilando el actuar del Ejecutivo, con los mecanismos que nos otorga la Constitución y las leyes mexicanas.
Compañeras y compaeñeros Legisladores, nos encontramos en un momento para deliberar la forma en que se administrará el gobierno entrante, con políticas y estrategias prioritarias enfocadas a las familias y a las comunidades.
Por lo anterior, el Partido Verde votará a favor de la protección de las instituciones y del bien común de los mexicanos y de un plan de nación con pleno respeto a la división de poderes y la autonomía de los organismos del Estado mexicano, pero sobre todo a favor de una nación que tenga como única columna de hierro nuestra Constitución Política.
Termino mi intervención siguiendo el pensamiento de uno de los grandes liberales universales, Benito Juárez, que expresaba que ante cualquier trasformación es fundamental que "Cooperemos en unidad todos para poder legarla a nuestros hijos en camino de prosperidad, amando y sosteniendo siempre nuestra independencia y nuestra libertad".
Es cuanto, señor presidente.
