· ¿Cuál es el planteamiento para generar líneas de prevención y protección de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales y territoriales?

Durante la pasada comparecencia en el Senado de la República, de la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, el coordinador de los senadores del Partido Verde, Raúl Bolaños-Cacho Cué, declaró que no se puede permitir, ni una vez más, que los defensores del medio ambiente sean víctimas de la delincuencia.

“Debemos recordar que nuestro país se ha considerado una zona de riesgo para ejercer el periodismo y la defensa de los derechos humanos y lamentablemente los defensores ambientales han sido víctimas de la delincuencia”, dijo.

Señaló que aunque hemos sido testigos de la implementación de estrategias para la protección de las personas defensoras de los derechos humanos y de la libertad de expresión.

En esta materia hay mucho qué hacer y lograr, pues de acuerdo con el Informe de Gobierno de la Presidencia, durante este periodo se ha protegido a más de 2 mil personas, entre periodistas y defensoras de derechos humanos.

Ante esta realidad, cuestionó, ¿cuál es el planteamiento para generar líneas de prevención y protección de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales y territoriales?

Por otra parte, preguntó si la Secretaría de Gobernación está preparada para hacer frente a las solicitudes de los migrantes, en el marco de esta tendencia creciente, y garantizar seguridad a mujeres, familias, niños y adolescentes no acompañados.

Al respecto de los defensores del medio ambiente, la Secretaria compartió con el senador ecologista que actualmente se protegen a 281 personas defensoras de derechos humanos, cuya labor se enfoca en específico en proteger el medio ambiente, 170 son hombres y 111 mujeres, 224 defensoras y 57 son familiares de los defensores que pueden estar en riesgo.

Entre las principales agresiones identificadas están, amenazas, agresiones físicas o con armas, privación de la libertad, seguimiento o vigilancia. Siendo sus agresores, particulares y autoridades municipales. Por lo que dan seguimiento con este mecanismo para garantizar su protección.