Con su venia presidente
Con la venia de mis compañeras y compañeros diputados
Nuestra democracia está lejos de considerarse como una democracia ideal, sin embargo, tenemos la aspiración de construir un sistema político de instituciones y ciudadanos comprometidos con los valores y principios democráticos y al mismo tiempo comprometidos con la participación en los procesos de toma decisiones, sobre todo cuando se trata de aquellas que afectan de manera decisiva el rumbo del país.
Fomentar la participación de la ciudadanía en las decisiones políticas ha sido parte de las exigencias de los últimos tiempos en la mayoría de las democracias modernas, por ello, la regulación de mecanismos de democracia participativa se ha incrementado a fin de transitar de los modelos tradicionales para gobernar y ejercer el poder a la implementación de nuevas modalidades de participación democrática en donde, por medio de la apertura de procesos políticos, la ciudadanía se involucre activamente en los asuntos públicos.
En este sentido, la democracia participativa se concreta a partir de la implementación de mecanismos electorales o deliberativos; los primeros hacen referencia a la práctica en donde la ciudadanía acude a las urnas a fin de decidir entre opciones políticas previamente diseñadas por las autoridades que ponen a consideración algún tema o problemática de interés nacional, por su parte, los espacios deliberativos son diseñados para que los ciudadanos, sociedad civil y autoridades se involucren en un espacio de diálogo e intercambio de ideas sobre los problemas públicos.
Bajo esta lógica, el fortalecimiento democrático recae en el compromiso de los Estados de diseñar instrumentos cuyo objetivo fundamental sea ampliar los espacios de participación en la esfera pública que no únicamente se centren en la promoción del voto, sino en la creación de espacios o mecanismos específicos donde la ciudadanía participe activamente.
Aquellos regímenes donde se fomenta la creación de espacios de participación e interacción entre la ciudadanía y las autoridades presentan mayores índices de satisfacción, ya que se van construyendo compromisos entre gobernantes y gobernados.
En este contexto, la inclusión y regulación de nuevos mecanismos de participación ciudadana se ha convertido en una práctica frecuente, no solo en nuestro país, sino a nivel internacional.
Hoy los ciudadanos en México tienen claro que no es suficiente con que la sociedad esté informada sobre los asuntos públicos, sino que resulta fundamental su participación en la toma de las decisiones más relevantes en el ámbito público.
En este sentido, la incorporación de este tipo de mecanismos a nuestra Carta Magna ha representado uno de los cambios democráticos más importantes de los últimos tiempos en México, uno de ellos es la figura de revocación de mandato, con lo cual hoy la ciudadanía tiene la posibilidad de participar en un ejercicio hasta el día de hoy inédito.
La revocación de mandato la podemos definir de manera concreta como un procedimiento a través del cual los gobernados tienen la posibilidad de destituir por medio de una votación a un funcionario público antes de la conclusión del periodo para el cual fue electo y otorga a la población la facultad de dejar sin efecto el mandato del titular de un cargo de elección popular como resultado de un proceso de consulta.
El establecimiento en el texto constitucional del derecho de las y los mexicanos a participar en los procesos de revocación de mandato y su eventual puesta en práctica permitirá dar buen cauce al ímpetu cada vez más participativo de la ciudadanía mexicana, que desde hace décadas demandaba la creación de mecanismos que permitieran un mayor involucramiento en los asuntos públicos y en la toma de decisiones colectivas, así como en el control político sobre las personas que han recibido la confianza para convertirse en representantes populares y para conformar gobiernos.
Al consultar a la ciudadanía sobre la posibilidad de terminar de manera anticipada con el encargo para el cual fue electo el o la titular del Poder Ejecutivo Federal se obliga a éste a cuidar su actuación a fin de no perder la confianza del pueblo, lo cual abona de manera significativa en la construcción de un modelo de democracia representativa más robusto en donde se asegure que el poder público está efectivamente al servicio del pueblo y que se instituye para beneficio de éste.
Estamos convencidos de que consolidar una democracia participativa requiere del esfuerzo y compromiso de todos; somos conscientes de que alcanzar una mayor calidad democrática se logrará no sólo a través de mecanismos electorales para la renovación de los poderes públicos cada cierto tiempo, sino principalmente por medio de la creación de espacios de consulta y deliberación permanente para la toma de decisiones que nos afectan a todos.
Para lo anterior, es fundamental crear conexiones eficientes entre gobierno y sociedad, donde los procesos de diálogo se coloquen al centro de la esfera política para que la ciudadanía tenga auténticamente la oportunidad de incidir y ser parte del ejercicio del poder en nuestro país.
En el Partido Verde reiteramos nuestra convicción de que la revocación de mandato es un mecanismo fundamental para la democratización de nuestro régimen y para el empoderamiento de la ciudadanía frente a los gobernantes, por ello creemos que las y los mexicanos tienen la oportunidad histórica de participar en uno de los procesos democráticos en el cual pueda ejercerse el derecho a decidir si se ratifica o no la confianza en el Presidente de la República para seguir gobernando hasta concluir el periodo para el cual fue electo.
Reafirmamos nuestra aspiración de transitar a un modelo de democracia donde se fomente la vinculación entre el gobernante y los ciudadanos, en este sentido, con la revocación de mandato se optimiza el principio de soberanía popular, al recuperar el lugar del ciudadano en la vida pública ¡Con el pueblo todo y sin el pueblo nada!
PREGUNTA EN SEGUNDA RONDA, DEL DIPUTADO LUIS ALBERTO MARTÍNEZ BRAVO, EN EL FORO 16: TRANSICIÓN ENERGÉTICA SOBERANA Y LITIO COMO ÁREA ESTRATÉGICA
Muchas gracias diputadas y diputados, les doy la más cordial bienvenida a los ponentes. Mi pregunta va dirigida al doctor Alberto Montoya
Como ya se ha señalado aquí, con la propuesta de reforma eléctrica, por primera vez tendremos en México una estrategia clara para transitar, de manera paulatina, pero segura y ordenada a una mayor participación de las energías renovables, al incluir en nuestro texto constitucional que el Estado se hará cargo de la transición energética, porque eso lo obliga a establecer políticas públicas para impulsar la investigación científica, para el desarrollo de tecnologías y de las industrias necesarias para lograrla. Del mismo modo, al establecerse la transición energética como una obligación constitucional el Estado estará obligado a proveer los recursos que se requieren para financiarla y para garantizar que ésta sea soberana.
En este marco, como ya lo han dejado claro los ponentes que hoy nos acompañan, el litio es fundamental para la transición energética por su potencial para resolver los problemas de intermitencia que hoy, por razones de seguridad y confiabilidad, impiden una mayor participación de las energías renovables en la generación de electricidad.
Como sabemos, el proyecto de reforma eléctrica propone agregar aparte del litio, otros minerales estratégicos para la transición energética ¿cuál es la importancia de esto? Y, en todo caso, ¿por qué es importante reservar la explotación de otros minerales de manera exclusiva para el Estado?
Por su respuesta muchas gracias.
