*México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en delitos de piratería y contrabando
El Grupo Parlamentario del Partido Verde en la Cámara de Diputados, en nombre del diputado Juan Luis Carrillo Soberanis propuso aumentar al doble las sanciones para quien falsifique una marca o producto con fines de especulación comercial.
El legislador ecologista explicó que el objetivo de esta iniciativa es abonar en la erradicación de una actividad ilegal que afecta directamente la economía nacional y, sobre todo, local y doméstica de pequeños productores.
De acuerdo con la propuesta, se impondrán de seis a 20 años de prisión y una multa de cuatro mil a un millón de Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento en que se cometa el ilícito. Hoy en día, la sanción es de tres a diez años de prisión y una multa de dos mil a 500 mil UMA.
"El comercializar productos apócrifos representa un impacto profundo en la economía global, la salud, la sociedad y la integridad del comercio legal. Optar por productos auténticos es una forma de proteger nuestra propia economía. Como consumidores, debemos tomar decisiones informadas que fomenten la integridad y la sostenibilidad en todos los aspectos de la sociedad", manifestó Carrillo Soberanis.
Según estadísticas de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), México ocupa el cuarto lugar mundial y primer sitio en América Latina en los delitos de piratería y contrabando, lo cual equivale al 1.25 por ciento del producto interno bruto (PIB) y deriva en una economía paralela que daña las finanzas públicas de nuestro país y la disponibilidad de recursos para su desarrollo.
El diputado del Partido Verde señaló que sectores como la industria farmacéutica, la electrónica y la moda son los principales nichos para la creación de productos falsificados que pueden contener materiales tóxicos o defectos de fabricación que representan un riesgo real para la salud y la seguridad de los consumidores.
Comentó que por ello, no se trata de una defensa superficial de las marcas legítimas, sino de un acto de responsabilidad y legalidad para éstas, las cuales se construyen a lo largo del tiempo, basándose en la calidad, la confiabilidad y la autenticidad.
