*Incluye propuestas del Partido Verde que buscan atender el Acuerdo internacional de Escazú que promueve el ejercicio pleno de los "derechos de acceso" o "derechos de la democracia ambiental"
La Cámara de Diputados aprobó, con 411 votos a favor, diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente a fin de garantizar el acceso a la información y la consulta pública en temas ambientales.
Con ello, se da cumplimiento al Acuerdo internacional de Escazú, el primero en contener disposiciones específicas sobre las y los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, entre ellos el acceso a la información, a la participación y a la justicia en temas del ambiente y sus mecanismos para garantizarlos.
De acuerdo con el dictamen, que se remitió al Senado de la República para sus efectos constitucionales, toda persona tiene derecho a disfrutar un ambiente limpio, saludable y sostenible para su desarrollo, salud y bienestar integral.
Al fundamentar su propuesta, el diputado ecologista Juan Luis Carrillo Soberanis, uno de los promoventes, explicó que la reforma busca atender lo estipulado en el Acuerdo de Escazú, el cual promueve el ejercicio pleno de los "derechos de acceso" o "derechos de la democracia ambiental", con especial atención a la protección de los derechos de humanos de igualdad y no discriminación a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad.
Señaló que, por ello, se consideró necesario hacer una reforma a la citada ley para que se establezca la obligatoriedad de llevar a cabo consultas públicas como elemento indispensable para cumplir con los objetivos del citado Acuerdo, en virtud de su impacto en la toma de decisiones y en la calidad de los proyectos y políticas relacionados con el medio ambiente.
Indicó que las consultas públicas permiten la participación activa de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones, expresando sus opiniones y conocimientos sobre los asuntos ambientales, garantizando con ello que las voces de las personas afectadas y de aquellos que pueden tener un conocimiento especializado sean escuchadas y consideradas.
Añadió que esta modificación, que se suma a una serie de propuestas consideradas en el dictamen, resulta indispensable para seguir progresando en la protección de nuestro medio ambiente al no dejar de manera optativa la consulta popular en estos procesos de evaluación ambiental.
Resaltó que una de esas propuestas es la presentada por la también diputada ecologista Sonia Mendoza Díaz, encaminada a garantizar el derecho a la información que tenemos las y los ciudadanos en materia ambiental, el cual retoma especial relevancia, pues a partir de esto, se busca que las acciones que impliquen una posible afectación al medio ambiente puedan ser previsibles y atendibles a través del acceso a información veraz que permita a los involucrados participar activamente en estos procesos.
La reforma también incluye propuestas de los diputados de Morena y el Partido Acción Nacional (PAN).
