En respuesta a la creciente violencia contra las mujeres y cubrir el vacío legal en materia de acecho que deja desprotegidas a las víctimas de esta forma grave de hostigamiento, el diputado Eruviel Ávila del Grupo Parlamentario del Partido Verde propuso reformar la legislación vigente para tipificar dicha conducta como un delito autónomo de violencia.
La iniciativa propone reformar el artículo 266 Quáter del Código Penal Federal y un artículo 16 Ter, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de reconocer el impacto psicológico del acecho y proteger a las víctimas antes de que la situación escale a formas más graves de violencia.
Eruviel Ávila define esta conducta como una forma grave de hostigamiento que afecta desproporcionadamente a las mujeres, generando un impacto psicológico y emocional devastador.
Señaló que aunque los hombres también pueden ser víctimas de este delito, las mujeres representan la mayoría de.los casos y suelen ser blanco de acecho debido a relaciones de poder, violencia de género, o de control por parte de exparejas.
"Esta forma de violencia no solo invade su privacidad, sino que también genera un miedo constante y afecta profundamente su bienestar", precisó.
Añadió que esta conducta se caracteriza por la vigilancia continua, el seguimiento persistente, y, cada vez más, el uso de tecnologías como redes sociales, dispositivos de rastreo o vigilancia digital para controlar y atemorizar a las víctimas.
Resaltó que a pesar de su gravedad, el acecho aún no está adecuadamente tipificado en la legislación mexicana, dejando a las víctimas desprotegidas. Por ello, subrayó que es urgente tipificar el acecho como un delito autónomo, para que nadie más tenga que vivir con el temor y la ansiedad que estas víctimas enfrentan diariamente.
Además, "este nuevo tiempo para las mujeres en México, encabezado por una mujer, la Doctora Claudia Sheinbaum, demanda una respuesta legal contundente ante el acecho, especialmente en un contexto donde internacionalmente, países como Reino Unido, España, Estados Unidos, y Canadá ya han tomado medidas legislativas exitosas para enfrentar este problema.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021, por parte del INEGI, el 70.1 de las mujeres mexicanas de 15 años o más han experimentado algún tipo de violencia mientras que en el ámbito comunitario la violencia es prácticamente alarmante donde el 45.6 de las mujeres reportaron haber sido víctimas de violencia donde el acecho es común.
Con el objetivo de que se continúe impulsando el desarrollo económico de las localidades y entidades fronterizas en el sur del país, la senadora Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde Ecologista de México, presentó en el Senado de la República, un Punto de Acuerdo mediante el cual solicitó a la Secretaría de Turismo un informe de los programas, que, de forma interinstitucional, está ejecutando para fomentar y promover el turismo fronterizo en el sur de México.
La legisladora ecologista recordó que, "la importancia del turismo radica en ser un eficiente generador de empleos, de inversión pública y privada, como detonante de demanda de consumo de productos locales, de la entrada de divisas y, en consecuencia, como eficaz generadora de riqueza y redistribuidora de oportunidades.
Corona Nakamura indicó que la Secretaría de Turismo define a los turistas fronterizos como "Todo turista internacional que permanece al menos una noche en un medio de alojamiento colectivo o privado localizado en la zona o franja fronteriza del país", al tiempo que resaltó que de los 61 municipios fronterizos, 37 pertenecen a la frontera norte, los cuales se distribuyen en seis entidades, mientras que la frontera sur se integra por 24 municipios distribuidos en cuatro estados; pero, que el Producto Interno Bruto (PIB) de los municipios de la frontera norte es 18 veces mayor al generado en las frontera sur.
La senadora del Verde añadió que México cuenta múltiples lugares que son referentes mundiales de atracción turística, de los cuales, muchos están en el sureste, lo que contribuye a que dicha región sea de las más visitadas del mundo, por lo que las actividades vinculadas al turismo son estratégicas para el desarrollo general, para la economía y para la cultura, así que toma gran relevancia conocer las acciones realizadas para impulsarlas.
Finalmente, y ante dicho panorama de oportunidad para la actividad turística en la frontera sur del país, la senadora ecologista, Rocío Corona pidió en el Senado de la República que se realice, de forma respetuosa, un exhorto a la Secretaría de Turismo para que envíe un informe de los programas que, de forma interinstitucional, está implementando para fomentar el turismo fronterizo al sur de la nación.
El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM) presentó una iniciativa para modificar diversos artículos del Código Penal Federal, del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental para que las penas y multas por delitos ambientales se incrementen, sobre todo cuando éstos se cometan intencionalmente.
La propuesta del Partido Verde es que los delitos ambientales se clasifiquen como graves cuando la conducta se realice con dolo, es decir, con el pleno conocimiento de que dichas acciones constituyen un delito.
Con esta clasificación, se establece en la exposición de motivos, se pretende disuadir y prevenir actividades que dañen o destruyan el medio ambiente.
Con los cambios propuestos la pena pasaría de nueve a diez años de cárcel y las multas que actualmente establece el Código Penal Federal de 300 a tres mil días, aumentaría de 887 a 6 mil 878 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, que actualmente es de 113.14 pesos.
Es decir, el monto máximo de multa pasaría de 339 mil 420 pesos a 778 mil 176 pesos.
Entre los delitos que se sugiere incluir en esta categoría se encuentran el desmonte y la destrucción de áreas forestales; el transporte y comercio ilegal de maderas, las peleas de perros, la caza ilegal y la comercialización de especies de flora y fauna silvestre; el daño a ecosistemas críticos como los manglares y humedales, así como la introducción de recursos forestales o de vida silvestre a nuestro país que porten enfermedad contagiosa, y que propaguen la enfermedad en nuestros ecosistemas.
Asimismo, se debe considerar la descarga inapropiada de aguas residuales, líquidos químicos o bioquímicos, y la disposición de desechos contaminantes en suelos y cuerpos de agua, prácticas que comprometen la salud ambiental y la sostenibilidad de los recursos naturales.
“En síntesis, lo que se propone es castigar con mayor fuerza los delitos ambientales con el objetivo de disuadir la comisión de conductas contra el medio ambiente por las penas a las que pueden hacerse acreedores quienes las ejecuten.
“Con esto se busca proteger los recursos naturales de cualquier ilícito y garantizar el derecho al medio ambiente sano como lo establece la Constitución”, indica la iniciativa.