La coordinadora del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México, Alessandra Rojo de la Vega Piccolo aprobó establecer una pena de dos a cinco años de prisión a quien imparta u obligue a tomar terapias de conversión en contra de la voluntad de quien las recibe.

Durante la sesión virtual del segundo periodo extraordinario, la diputada explicó que las terapias se basan en una noción errónea de la diversidad sexual y de género por lo que, el obligar a otros a tomarlas, viola sus derechos humanos y los expone a la violencia y malos tratos durante el desarrollo de estos tratamientos.

Rojo de la Vega Piccolo hizo un llamado a la sociedad a eliminar la idea de que la orientación sexual de las personas es asunto de otro, "todos podemos elegir libremente como nos identificamos, cuál es nuestra orientación sexual y a quien amar; eso moralmente no puede ser cuestionable", destacó.

La congresista celebró que hoy la Ciudad de México se integra a la lista de las muchas ciudades en el mundo que han legislado en favor de la autodeterminación de las personas y ratificó su compromiso a trabajar desde el Congreso de la Ciudad de México en favor la progresividad de los derechos de la comunidad LGBTTI y de todas las personas en situación de vulnerabilidad, por lo que subrayó que no dará ni un paso atrás en dicha lucha.

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