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Propone el Partido Verde Plan Integral de Acciones Contra el delito de Secuestro

PROPONE EL PARTIDO VERDE PLAN INTEGRAL DE ACCIONES CONTRA EL DELITO DE SECUESTRO

Boletín número 108/08

México, DF, a 18 de agosto de 2008

 

  • El PVEM presentará el miércoles una iniciativa para crear la Ley Federal contra ese flagelo, en la que incluye la pena de muerte para algunas modalidades. 
  •  La propuesta incluye la creación de una Policía Federal Antisecuestros y está encaminada a proteger la vida de los inocentes, asegura la diputada Gloria Lavara.

Ante los alarmantes niveles de impunidad que ofenden y agravian a la sociedad, el Partido Verde Ecologista de México presentó un plan integral de acciones para abatir el delito de secuestro, que incluye la aplicación de la cadena perpetua y la pena de muerte para algunas modalidades del mismo.

“Niego categóricamente que al proponer la pena de muerte, el Partido Verde haya renunciado a su postura de proteger la vida; nuestro propuesta se fundamenta precisamente en la ideología partidista a favor de la vida”, afirmó la coordinadora del grupo parlamentario del PVEM en la Cámara de Diputados, Gloria Lavara Mejía, tras señalar que en Estados Unidos diversos estudios indican que la ejecución de un delincuente evita entre tres y 18 asesinatos de víctimas potenciales.

En conferencia de prensa, la legisladora adelantó que el Partido Verde propondrá reformar el artículo 22 de la Constitución, para que se apliquen sanciones que van de la prisión vitalicia a la pena de muerte a los secuestradores cuando una persona sea privada de la vida durante su cautiverio, y para los servidores o ex servidores públicos de las corporaciones de seguridad pública que participen en la comisión de ese delito. La propuesta, que forma parte de la iniciativa integral para crear una Ley Federal contra el Delito de Secuestro, también contempla castigos que van de cadena perpetua a pena de muerte, cuando durante el plagio y cautiverio se cause a la víctima alguna mutilación o lesión física.

Lavara Mejía aclaró que en la postura del Partido Verde para incluir la pena de muerte en la Carta Magna no existe ánimo de venganza ni tampoco de que la justicia imponga sanciones equivalentes al daño, en lo que sería una especie de “Ley del Talión”.

Además, dijo, nuestra iniciativa establece que serán los jueces quienes dispongan si el castigo aplicable en estos casos es la prisión vitalicia o la pena de muerte y, a fin de evitar injusticias, proponemos que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la encargada de confirmar o revocar tales sanciones a partir de criterios que no dejen lugar a dudas sobre la culpabilidad de un indiciado.

Explicó que el objetivo principal de la iniciativa –que se presentará este miércoles 20 de agosto, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión- es la disuasión o intimidación para quienes se dedican a cometer secuestros y a mutilar o asesinar a sus víctimas.

La diputada federal sostuvo que los estudios realizados en Estados Unidos al respecto arrojan que 98 por ciento de los procesados por homicidios teme mucho más a la pena capital que a la cadena perpetua, de manera que la legalización y aplicación de la primera está asociada con la disminución de asesinatos en ese país.

“En los últimos años se han registrado en México hechos criminales que han trastornado la tranquilidad de los ciudadanos; entre éstos, la comisión de secuestros ha llegado a un nivel intolerable”, apuntó.

Expuso que apenas ayer la Unidad Antisecuestros de la Procuraduría General de la República (PGR) hizo un público un diagnóstico en el cual refiere que el secuestro creció 9.1 por ciento en los primeros cinco meses de este año, al pasar de 62.5 a 64.6 plagios mensuales, en promedio.

Además, de acuerdo con el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad A.C., de 2001 a 2004 se denunciaron ante el Ministerio Público mil 724 secuestros, en tanto que la Confederación Patronal de la República Mexicana asegura que durante el año 2003 se registraron 600 plagios en el país, de los cuales apenas poco más de la mitad se denunció ante las autoridades.

El mismo Instituto Ciudadano informó hace unos días que mientras en todo 2007 se registraron 438 secuestros, en lo que va de este año se han perpetrado al menos 400.

En ese sentido, destacó que diversas fuentes ubican a México en el segundo sitio en la incidencia de ese delito, sólo detrás de Colombia, aunque algunas lo colocan ya por encima de esa nación sudamericana; es decir, en el primer lugar.

La desesperación de la sociedad ante la ausencia del Estado para combatir a la delincuencia ha llevado al 89 por ciento de la población a estar de acuerdo con que los ciudadanos hagan justicia por su propia mano, según muestra una encuesta reciente de Consulta Mitofsky, mientras que otro sondeo, hecho en abril pasado por la agencia de prensa AP y la empresa Ipsos, deja ver que 71 por ciento de los mexicanos apoya la pena de muerte en alguna medida, dijo.

“Hace ya mucho tiempo que los mexicanos venimos escuchando toda clase de discursos para combatir el crimen, promesas para limpiar a las policías y detener a los secuestradores; pero el único resultado visible, año tras año, es la impunidad”, resaltó la legisladora, integrante de la Comisión de Justicia de la Cámara alta.

En ese sentido, consideró, la sociedad no puede permitir que una plaga de criminales haga del secuestro una actividad de poco riesgo y de grandes ganancias, y se encuentre libre de sanciones por sus actos de cobardía.

Por ello, añadió, en su propuesta el Partido Verde propondrá reformar el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, a efecto de que el delito de privación ilegal de la libertad sea exclusivamente de competencia federal, y se dispondrá que su persecución sea de oficio, sin la necesidad de presentar alguna denuncia o querella para comenzar la averiguación previa.

Lavara Mejía puntualizó que federalizar el delito supone la existencia de una sola autoridad y un solo responsable para atenderlo, además de que los autores de su comisión reciban el mismo tipo de castigo.

Abundó que la Ley Federal contra el Delito de Secuestro propuesta por el PVEM incluye la creación de un consejo federal para el combate del mismo, a fin de que se establezcan las políticas para su prevención y persecución, así como las bases para la coordinación entre las diversas dependencias federales involucradas.

El proyecto de ley mandata también la creación de la Policía Federal Antisecuestros, que, en coadyuvancia con el Ministerio Público, será el único cuerpo de seguridad encargado de prevenir e investigar este delito, destacó el legislador, al tiempo de aclarar que dicha agrupación estará sujeta a los más estrictos niveles de control de confianza.

Añadió que en su propuesta el Partido Verde considera necesario integrar una base nacional de datos con información relativa a organizaciones criminales y sus métodos de operación, así como de todos aquellos servidores públicos que estén encargados de la seguridad de los mexicanos.

Asimismo, se propone la creación de un fondo especial de recursos en el Presupuesto Público de la Federación, administrado por la Secretaría de Seguridad Pública, que servirá para llevar a cabo los programas y acciones contra el secuestro.

Se pretende además que la autoridad mantenga recluidos a los procesados o sentenciados por el delito de secuestro en Centros Federales de Readaptación Social de seguridad máxima.

Toda vez que corresponde al Estado enfrentar el delito del secuestro y no a particulares o a las familias que lo sufren, ni a terceros involucrados que muchas veces no están capacitados para enfrentar ese tipo de situación, “propondremos reformar la Ley Federal de Seguridad Pública, a fin de que las empresas de seguridad privada se abstengan de intervenir como intermediarios o negociadores durante la comisión de cualquier delito”, señaló la diputada.

Explicó que los legisladores verde ecologistas impulsarán también una reforma a la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, para que se prohíba a esas empresas ofrecer seguros contra secuestros y se hará lo conducente para que la Cámara de Diputados dé seguimiento al desempeño y resultados de las leyes contra ese delito.

Lavara Mejía sostuvo que como partido político el PVEM está obligado a responder a escenarios de crisis como el actual y a poner sobre la mesa de discusión alternativas para la sociedad.

“La población reclama acciones firmes y decididas que no podemos ignorar; nuestra obligación como representantes populares es buscar la canalización de esos reclamos a las instituciones encargadas de su análisis; los secuestradores se han excedido y se han reproducido como una plaga que es preciso extirpar”, denunció la líder de los diputados ecologistas.

Afirmó que con su propuesta el Partido Verde refrenda su compromiso con la vida, particularmente con la de los inocentes a los que se busca proteger; “la sociedad mexicana tiene derecho a saber si la instauración de la pena de muerte en México salvará vidas inocentes, como lo ha hecho en otras naciones”.

A su vez, el senador Arturo Escobar y Vega añadió que durante la sesión del próximo miércoles 27 de agosto el PVEM presentará una iniciativa adicional para crear un Fondo Nacional Antisecuestro, encaminado a recaudar dinero de la sociedad para otorgar recompensas cuantiosas a quienes denuncien a secuestradores.

“Se integraría con recursos públicos y privados, y estaría bajo el manejo y la tutela de la sociedad civil. Creemos que así como hay desastres naturales en nuestro país, la seguridad pública en México tendría que estar catalogada como un desastre y ante esa realidad, convocaremos a la ciudadanía a que abone y que invierta en su seguridad”, dijo.

El legislador, integrante de la Comisión de Justicia de la cámara alta, explicó que el objetivo es arrinconar y cercar “a estos desalmados” que han quitado la libertad a los mexicanos.

Aseguró que la del PVEM no es sólo una propuesta mediática y sostuvo que su aplicación dará resultados inmediatos para abatir los secuestros en México.

En cuanto a la marcha contra la delincuencia, convocada para el próximo 30 de abril, Escobar y Vega señaló que los militantes del Partido Verde no participarán en la misma, en virtud que los legisladores tienen también responsabilidad en la solución del clima de inseguridad que se vive en el país.

“En lugar de asistir a ese evento, que es loable desde cualquier punto de vista, el Partido Verde ha decidido dar un paso adelante y asumir su responsabilidad, por lo que hoy estamos anunciando esta serie de propuestas para combatir al peor de los delitos, con el peor de los castigos”, concluyó.

Secretaría de Comunicación Social
CEN PVEM

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