Con su venia, señor presidente
Copañeras y compañeros senadores
La apertura y la competencia, son requisitos indispensables para el progreso de cualquier economía.
México, como país que favorece el desarrollo de mercados abiertos y competitivos, está inmerso en una dinámica, que gracias a un ecosistema de Internet en constante expansión impone el reto para que los marcos regulatorios que rigen la convivencia y las relaciones económicas entre las personas se actualicen de manera constante.
En este sentido, todo país y ley que obstaculicen el desarrollo tecnológico, está condenado a ser rebasado por la realidad, y México, no puede darse el lujo de ser uno de ellos.
Es ahí donde se encuentra para nosotros como legisladores, y en general para los gobiernos del mundo, el más grande de los desafíos: articular la libertad para emprender, con la obligación de dar certeza jurídica y garantía a los ciudadanos de que están participando en un mercado lícito, vigilado y en caso de vulnerar la norma sancionado.
El aspecto financiero, por supuesto, no ha estado exento de vertiginosos avances y el desarrollo de nuevas tecnologías disruptivas que han cambiado, y seguirán cambiando en el futuro inmediato, nuestra forma de vida e incluso hasta hábitos de consumo.
El comercio electrónico, el dinero digital e invenciones tecnológicas como la 'cadena de bloques' (blockchain) para el registro descentralizado de transacciones, han dado pie a la aparición de nuevos productos, servicios y empresas en el ámbito financiero que ya están compitiendo por la preferencia de los consumidores a través de esquemas innovadores.
Quizá la parte más positiva de estos disruptivos cambios a los que debemos adaptarnos, sea que permitirán la 'democratización' de los servicios financieros, que ha costado tanto trabajo hacer llegar, sobre todo, a los más desfavorecidos.
Hoy por hoy, con un teléfono móvil inteligente, tableta o computadora y acceso a Internet, es posible contar con servicios financieros incluso en lugares donde no hay sucursales bancarias.
Desde luego, las nuevas generaciones, más adaptadas y acostumbradas a estas tecnologías, potenciarán cada día más la cobertura en todos los rincones del país, y del mundo.
A propósito, sigue siendo imperativo que se generen las condiciones que permitan expandir la infraestructura necesaria, en particular, en comunidades apartadas, para propiciar el acceso a los servicios referidos.
Justo en este contexto se enmarca la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, conocida como 'Ley Fintech', que hoy nos ocupa, en especial para dar ese necesario marco legal a estos sistemas de pagos electrónicos, a empresas de financiamiento colectivo (crowdfunding) y de activos virtuales –como el bitcoin–, para los que define las medidas de custodia y operación de sus bolsas de intercambio.
En este punto, debemos destacar la labor y responsabilidad que tendrá el Banco de México, que será la institución encargada, tanto de autorizar a las Instituciones de Tecnología Financiera que operen con activos virtuales, como de determinar con cuáles podrán funcionar.
Sin lugar a dudas, esta ley –basada en el principio de inclusión financiera-, a lo que ya se han referido varios de mis colegas en estra tribuna, es un salto que pone a México entre los países que son vanguardia en materia de protección al consumidor, preservación de la estabilidad financiera, promoción de la competencia y, sobre todo, en cuanto a prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
De entrada hay que decir que con esta legislación Mëxico asume el liderzgo entre los países latinoamericanos.
Como se ha señalado, con ella se establecen los requisitos que deben cumplir las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF) para su autorización, operación, y para definir obligaciones que se deben cumplir en lo referente a prevención de actividades ilícitas, pero también en lo que concierne a la protección de los usuarios.
Asimismo, con la creación del Grupo de Innovación Financiera, la Ley Fintech posibilitará el diálogo permanente y el intercambio de ideas y propuestas, para que las autoridades y el sector privado se mantengan al día en materia de innovación de las tecnologías financieras. Gracias a eso, se mantendrán vigentes tanto la libertad para emprender como la regulación requerida en el futuro.
Compañeras y compañeros senadores:
En México ya operan Instituciones de Tecnología Financiera, que complementando el sistema financiero y bancario, tradicionales, están ya otorgando créditos, brindando servicios de pago y dando acceso a la operación con activos financieros como las criptomonedas, que día con día suman usuarios activos.
El dictamen de la Ley Fintech que estamos por votar, actualiza nuestro marco regulatorio e institucional a esta nueva realidad, para dar certeza y seguridad jurídicas a autoridades, personas y empresas, definiendo sus derechos, obligaciones y posibles sanciones.
Por esa razón, el Grupo Parlamentario del Partido Verde votará a favor del presente dictamen.
Es cuanto presidenta.
