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PARTIDO VERDE PIDE CASTIGAR ABUSOS CONTRA LOS MENORES MIGRANTES QUE CRUZAN SOLOS LA FRONTERA

+ Cerca de 500 mil migrantes indocumentados transitan en el territorio nacional

Lorena Corona Valdés, diputada del Partido Verde, señaló que los procesos migratorios se han hecho cada vez más complejos, por lo que se debe garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos de la población migrante; en este espíritu propuso aumentar las sanciones a aquellos servidores públicos del Instituto Nacional de Migración que violen los derechos humanos de los migrante, especialmente de los menores migrantes que cruzan solos la frontera.

La legisladora indicó que los abusos, violencia y violación a los derechos humanos son situaciones que sufren los migrantes en tránsito por nuestro país, y desafortunadamente, en algunas ocasiones estos abusos son por parte de servidores públicos, por lo que consideró se deben tomar medidas para evitar este tipo de comportamiento.

"Debido a la grave naturaleza de esta problemática surge la necesidad de adoptar medidas y aplicar sanciones lo suficientemente sólidas, que garanticen por parte de los servidores públicos el pleno respeto de los derechos humanos de los migrantes", agregó.

Corona Valdés explicó que en la actualidad la ley prevé la destitución de un servidor público en caso de infracciones graves, lo cual consideró no es suficiente, por lo que propuso que la destitución vaya acompañada de una inhabilitación temporal, lo cual le impediría laborar en la función pública por un tiempo determinado.

Asimismo, propuso que también se consideren los derechos que prevén otras leyes, por ejemplo, en caso de que un menor no acompañado sea alojado en una estación migratoria, resultaría aplicable la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que en su artículo 92 prevé las garantías de debido proceso que se deberán aplicar en los procesos migratorios que involucran a la niñez.

Finalmente, la ecologista recordó que cada año, cerca de 500 mil migrantes indocumentados transitan en el territorio nacional y el Estado tiene la obligación de proteger los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en su jurisdicción, por lo tanto, nacionales y extranjeros que se encuentren en el país deben tener total garantía y respeto a sus derechos más básicos.

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