"La violencia contra las mujeres constituye una forma de discriminación por motivos de género y la discriminación es una de las causas principales de dicha violencia"

ONU, 2006

El derecho de las mujeres a vivir libres de discriminación ha sido consagrado y establecido en diversos instrumentos nacionales e internacionales desde hace ya más de medio siglo.

Sin embargo, la violencia de género continúa siendo uno de los fenómenos sociales más extendidos y a la vez más silenciados en el mundo. Al quedar relegado al espacio privado, el maltrato a las mujeres resulta ser el crimen más oculto, lo que muchas veces obstaculiza su correcta investigación.

En contraste, de acuerdo con las estimaciones realizadas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), en 2014, las mujeres representaban el 51.2 por ciento de la población mexicana, mujeres que cada día dan mayores pasos en todos los ámbitos de la vida política, pública y privada de nuestra nación.

De ahí que las medidas de paridad en la organización política, el desarrollo en las ciencias y las artes, así como el desenvolvimiento tanto en el mundo laboral como en el educativo reflejan un gran avance de la mujer en su lucha por lograr la verdadera equidad de género.
Es condición indispensable para el desarrollo individual y social de las mujeres, así como su plena e igualitaria participación en todas las esferas de la vida, eliminar cualquier tipo de violencia de género.

Es una realidad que las mujeres sufren a diario, miles de niñas, adolescentes y mujeres que suelen ser víctimas de diversas formas de violencia a manos de sus parejas, familiares, o sus empleadores, así como de otros actores o hasta de manera institucional, ¡Esto debe tener un fin!

Nosotras, principalmente como representantes populares, y hago un atento llamado a mis compañeros senadores hoy aquí reunidos, a sumarse y asumirnos obligados a "aplicar por todos los medios apropiados y sin demora, una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer", estamos llamados a legislar en materia civil, penal, laboral y administrativa para sancionar las ofensas realizadas a las mujeres que sean objeto de violencia.

Si bien es cierto que hemos logrado avances legislativos y esfuerzos por capacitar al personal encargado de la justicia, el reconocimiento de los derechos de las mujeres y en la prevención de la violencia, también es cierto que estos esfuerzos poco se reflejan en la atención cotidiana hacia la población rural, y especialmente hacia las mujeres indígenas.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en su artículo segundo estipula que "Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer".

Esta Convención constituye un paso definitivo para el avance en la condición de las mujeres, que obliga a los países miembros a modificar y adoptar las medidas legislativas necesarias para garantizar la protección de la mujer contra la violencia de género, perpetrada en el ámbito público como en el privado, por cualquier persona, incluyendo al Estado.

De igual forma La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Convención Belém do Pará) establece en su artículo 4 que "Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos".

Recordemos que esta Convención firmada por México, fue aprobada por el Senado en 1998 y constituye el primer instrumento regional cuyo propósito específico es dirigirse y remediar la violencia basada en el género.

Es por ello que quiero enfatizar que la violencia no sólo es una manifestación de relaciones de poder desiguales, abusivas e injustas. Es un fenómeno de alto costo económico cuyo resultado merma en el potencial productivo de un Estado o Nación.

Lamentablemente, los autores de estos actos de violencia suelen atribuir sus actos de violencia a la pobreza, desempleo, alcoholismo u otras drogas, sin embargo, no existe razón alguna que justifique el maltrato de mujeres y/o niñas dentro del seno familiar.

De aquí que la Ley General de Acceso a la Mujeres a una Vida Libre de Violencia tenga el objeto de establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación.

Y que entre los mecanismos de esta ley trabajemos para que se lleve a cabo una plena coordinación y concurrencia entre Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación la Violencia contra las Mujeres; el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; y por supuesto en casos muy específicos, la Alerta de violencia de género.

En este sentido, el Estado de México ha sido enérgico al enfatizar su postura manteniéndose en alerta permanente para apoyar, proteger y respaldar a las mujeres, con el objetivo de garantizar su independencia y el ejercicio pleno de sus derechos.

Sin embargo, aunque parte de las obligaciones del Estado Mexicano sean respetar, proteger, garantizar y promover; creo que el reto más grande que tenemos recae en la educación, especialmente la que recibe la mujer, las generaciones más jóvenes; ahí debemos apostar el cambio cultural, trascender a las a las diferencias que nos vuelven complemento biológico, humano, intelectual y por supuesto ideológico.

Cierto es que esta tarea es la más difícil pero ya hemos empezado, y el camino debe continuarse con el fervor de hallar una sociedad donde se hable con certeza de inclusión, donde la mujer no quede excluida de oportunidades labores y mucho menos de las legales, de educación o salud.

Celebro verdaderamente que en los últimos años se haya logrado mayor inclusión de la mujer, que el diseño de las políticas públicas esté cada vez más orientadas a fomentar y fortalecer este esfuerzo que implica a todos los sectores, a todos los actores y en principio al individuo.

Pues aunque no es exclusivo, en la mujer y en su capacidad natural reside la fuerza de la educación y los valores. Por lo cual, desde este espacio les envío a todas mi más sincero reconocimiento y felicitación por ser mujeres.

¡Es cuanto, muchas gracias!

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO